El Consejo de Estado recordó que el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario obedece a una desorganización prolongada y generalizada atribuible a todas las instancias encargadas de la configuración de la política criminal del país.

Por esa razón, sería injusto atribuir sus consecuencias exclusivamente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), indicó el alto tribunal.

Sin embargo, para la Sección Tercera, debe existir un centro de imputación, frente al cual el asociado pueda reclamar las consecuencias que le genere el daño sistemático, sin generalizaciones que diluyan la responsabilidad, al extremo de hacer imposibles los reclamos.

Ese principal centro de imputación, explicó, radicará siempre en la entidad directamente responsable del servicio, que en este caso es el Inpec, como órgano legal y reglamentariamente encargado de su prestación.

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 25000232600020000002701(29774), nov. 20/13, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo)

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