El Consejo de Estado reiteró que la falla del servicio derivada del estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario no se presenta de manera aislada, esta responde al defectuoso funcionamiento de más de una entidad e incluso es consecuencia de una inadecuada política atribuible a los mismos responsables de diseñarla o de elaborar los modelos de destinación presupuestal. Sin embargo, el alto tribunal precisó que el principal centro de imputación radica siempre en la entidad directamente responsable por la prestación del servicio, en este caso, el Inpec (C.P. Stella Conto Díaz del Castillo).