Varios jueces civiles, en los casos estudiados, procedieron a fijar una determinada interpretación sobre el artículo 322 del Código General del Proceso.
Se promulgó el acto legislativo que reforma el régimen de control fiscal del país y otorga al Contralor General de la República la función excepcional de control preventivo.
Un fallo recuerda que los títulos por los cuales puede imputarse responsabilidad al Estado por estos hechos son la falla en el servicio, el riesgo excepcional o el daño especial.
Estos casos son catalogados por la doctrina como difíciles, por la estigmatización, la exclusión social y la discriminación profesional a la que son sometidos quienes los padecen.
Se trata del XIV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional y el XXV Encuentro de presidentes y magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, que se realiza en Cartagena.
En Colombia, la educación jurídica popular ha sido implementada por abogados defensores de derechos humanos, ONG y agencias de cooperación internacional. Conozca dos casos.
Recapitulamos los principales hechos jurídicos en torno al estudio que ha suscitado los criterios de esta actividad (Decreto 3004 del 2013 y la Resolución 90341 del 2014 del Ministerio de Minas y Energía).
La Corte Constitucional resolvió una demanda que atacaba los artículos 26 (parcial) de la Ley 769 del 2002 (Código de Tránsito) y 3° de la Ley 1696 del 2013. Hay un importante exhorto al Congreso.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia hizo ver que la implementación de estas herramientas es obligatoria, de acuerdo con la normativa vigente.
Se mantienen las contralorías regionales, sus titulares serán elegidos por las asambleas departamentales, concejos municipales y distritales, de ternas conformadas por quienes obtengan los mayores puntajes en la convocatoria pública.
La iniciativa deberá conciliarse antes de ser enviada a sanción presidencial. Vale mencionar que el proyecto solo se refiere a consumo de drogas ilícitas, no a alcohol en el espacio público.
El Ministerio de Hacienda expidió la norma que reglamenta el incentivo tributario para empresas de la economía naranja, dispuesto en la Ley 1943 del 2018.
Los jueces de la República deben actuar cuando los comentarios denigrantes e injuriosos generen un amplio daño a la persona a la que van dirigidos, anunció la Corte Constitucional.
La Dian indicó que cuenta con información privilegiada proporcionada por otras jurisdicciones y tiene conocimiento de activos en el exterior o declarados inexactamente.
La Sección Tercera del Consejo de Estado negó la atribución de responsabilidad solicitada por un contratista, luego de que una entidad estatal retuviera el pago de unas facturas.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia estableció que el régimen legal aplicable a partir de ahora será el desarrollado en el estatuto civil por la infracción del acuerdo de voluntades.
Luego de su aprobación por parte del Congreso, el proyecto pasa a conciliación y será votado el texto unificado en las plenarias del Senado y la Cámara, para su posterior promulgación.
El Consejo de Estado precisa los tres casos en los cuales, excepcionalmente, estos actos tienen control judicial por parte de la justicia de lo contencioso administrativo.
Nicolás Parra Herrera conversó con David Hoffman, profesor de mediación y derecho colaborativo de la Escuela de Derecho de Harvard y expresidente de la sección de Resolución de Controversias de la American Bar Association.
La casación no es una herramienta eficaz para estos fines, ya que no permite el reexamen integral de la sentencia adversa de segunda instancia, proferida contra quien fue absuelto en la primera.
El aspirante deberá solicitar su inscripción en la lista, para lo cual tiene que diligenciar en su totalidad y remitir el formulario electrónico de inscripción entre el 10 de septiembre y el 9 de octubre de este año.
La SIC debe expedir una guía de significatividad que deje más claros los criterios que utilizará de forma homogénea para definir la apertura de una investigación.