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¿Cómo explicarle a mi hijo qué es la justicia en nuestro país?

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Héctor Alfredo Amaya Cristancho, abogado

 

Cristian es un hombre soñador que a los 21 años de edad en Bogotá ya ha sido víctima de cuatro atracos, pero que ha estado expuesto a eventos más incongruentes al acudir a obtener acceso a la justicia acompañado en mi rol de padre, ciudadano y abogado, debiendo presenciar de manera directa estas situaciones y casos.

 

Un día fue hurtado su celular, gracias al localizador pude rastrearlo y llegar a un lugar de compraventa de celulares donde lo habían comprado a quien lo hurto, fue posible con el acompañamiento de la Policía capturar a la persona que lo compró e incautarle 11 celulares más. En la Unidad de Reacción Inmediata (URI) debimos estar por más de tres horas enfrentando a funcionarios que no querían recibir el caso y que se dedicaban a cuestionarnos al policía y a nosotros, por haber actuado. El comprador de cosas robadas tenía otras tres acciones penales en curso por situaciones similares. Sin embargo, ese mismo día recobró la libertad muy rápidamente, la conclusión de mi hijo al salir de allí fue: “padre, allí nadie sabe qué tiene que hacer. Por qué debiste discutir con ellos para que hicieran su trabajo”. Unas semanas después el fiscal del caso, aprovechándose del desconocimiento de mi hijo, le obligó a conciliar y a recibirle al delincuente, 5.000 pesos por la sim card, ya que, según él, fue lo único que se perdió, de esta manera una receptación ser convirtió en un hurto simple, el fiscal archivó el caso y, sin duda, cumplió con la estadística, seguramente debe ser considerado un funcionario eficiente.  

El día 14 de septiembre del 2017, nuevamente fue víctima de otro atraco; sin embargo, haciendo por cuenta nuestra la investigación, logramos ubicar que la entidad financiera donde el atracador fue a sacar el dinero tenía un video donde claramente se veía el rostro del criminal y que llevaba las pertenencias de mi hijo. No obstante, nos dijeron “no podemos entregar el video, porque se requiere una orden de la Fiscalía”. Mi hijo había usado la nueva aplicación para denunciar en línea, la cual nos indicó que el caso había sido direccionado a la Unidad de Gestión de Alertas e Intervención Tempranas de Denuncias, le indiqué que pidiera permiso para no asistir a clases a su universidad, porque era importante ir a colaborar con la justicia y a ampliar la denuncia. Al llegar allí la sorpresa fue que la fiscal que nos atendió nos dijo: “No entiendo a qué vienen, en las fiscalías de esta unidad no se investiga y yo ya archive”. No había siquiera transcurrido una semana. Después de insistirle cerró la conversación diciendo: “El único ‘favor’ que puedo hacerles es reportarle a mi coordinadora para que reasigne el caso a un fiscal que sí investigue”. Mi pregunta es ¿los ciudadanos pagamos salario de fiscal a unos funcionarios para que en un modelo de descongestión se dediquen a una actividad secretarial como es archivar? (NUNC 110016103002201701320).  

En otro caso mi hijo me ayudó a procesar los datos que obtuvimos, dado que su abuelo fue víctima de un estafador y después de haber realizado la denuncia y la investigación por nuestra cuenta, nos encontramos con 38 denuncias por casos similares en contra de la misma persona; que la Superintendencia de Notariado y Registro había expedido una circular a las oficinas de registro bloqueando los trámites a esta persona; sin embargo, él seguía consiguiendo hacerlo. Sumado a ello, que esta persona tenía detención domiciliaria desde hacía dos años  y tres reportes del Inpec indicando que allí nunca lo encontraban. Aun así, al acudir a la Fiscalía, nos dijeron que no podían expedir una orden de captura, porque el señor tenía ya una medida privativa de la libertad, al acudir al juez que le impuso la medida, manifestó: “no puedo hacer nada si la Fiscalía no lo pide”; entonces este personaje debe continuar estafando personas con licencia para transitar, consistente en una medida de detención domiciliaria que no cumple. (NUNC 110016000020200903957)

 

Por último, pero no menos grave, pero de nuestro conocimiento, un personaje con siete procesos penales en contra, tres de ellos por amenazas a sus conciudadanos, es capturado en flagrancia por porte ilegal de armas por la Policía Nacional, pero su caso se encuentra durmiendo por años en la Fiscalía en espera no sabemos de qué; quizás la prescripción. (NUNC 505736000562201100290)

 

Solo me resta la ayuda de Dios para proteger a mi hijo, porque si algo le llegara a ocurrir me siento incapaz de sugerirle nuevamente que vaya a lo que llamamos autoridades de justicia. La conclusión de mi hijo es que carecemos de un sistema de justicia y que solo disponemos es de una costosa nómina y entidades con la función, pero sin la responsabilidad social.

 

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