El Consejo de Estado dejó sin efectos la destitución e inhabilidad de 18 años que la Procuraduría le impuso al exsecretario general de la Presidencia de la República Bernardo Moreno Villegas. El exfuncionario había sido sancionado por haberse reunido con funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad y la Unidad de Análisis Financiero para obtener información del ciudadano Ascencio Reyes, supuesto organizador de un evento dirigido a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el 2006. Contrario a lo sostenido por el organismo de control, el alto tribunal determinó que el exfuncionario sí estaba habilitado legalmente para obtener dicha información de inteligencia, pues se trataba de una actuación legalmente permitida al Departamento Administrativo de Presidencia de la República que dirigía, y de un cometido que le había sido asignado por el propio Presidente de la República de la época (C. P. William Hernández).