La Corte Constitucional dio a conocer la sentencia en la que se inhibió respecto de una nueva demanda contra la Ley 1905 del 2018 (habilitante para el ejercicio del Derecho) y se estuvo a lo resuelto en la Sentencia C-138 del 2019, en la que declaró su exequibilidad. En la providencia, de 17 páginas, concluye que la demanda carece de certeza porque asume, de manera contraria al sentido de la norma, que el examen afecta la educación, cuando lo cierto es que su objetivo no es la educación de los abogados, sino su ejercicio profesional. Es decir, “la acusación confunde los requisitos exigibles para ejercer la profesión con los previstos para obtener el título”. Por último, la providencia aclara que no se priva a las universidades de la competencia que tienen de otorgar el título profesional de abogado, ni de su registro calificado (M. P. Luis Guillermo Guerrero).