La Corte Constitucional dejó sin efectos la sentencia proferida por un tribunal dentro de una acción de reparación directa en la que se discutía si la muerte de un campesino causada por un miembro del Ejército se ajustaba a un “falso positivo” o, por el contrario, a una maniobra originada en virtud de la legítima defensa del miembro de la fuerza pública. La decisión de la corporación se adoptó luego de evidenciar que el operador judicial accionado se negó a atribuir responsabilidad estatal aun cuando en el expediente obraban pruebas claras que daban cuenta que el caso se trataba de una ejecución extrajudicial. Por eso, reprochó la configuración de varios defectos fácticos y el desconocimiento del precedente jurisprudencial que, sobre estos casos, tiene desarrollado el Consejo de Estado (M. P. Cristina Pardo).