Atacan disposiciones contenidas en el marco jurídico de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada (10:53 a.m.)

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 6 y 11 (parcial) de la Ley 1920 del 2018, que adoptó algunas disposiciones relacionadas con las cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada, en los que se instituyen los incentivos para la vinculación de mujeres, personas mayores o en condición de discapacidad y la profesionalización de la actividad, respetivamente. Según el escrito, esas disposiciones vulneran, entre otros, el principio constitucional de unidad de materia, consecutividad y de identidad flexible, así como el derecho fundamental al acceso a la información y publicidad en el trámite legislativo. Precisamente, la demandante sostiene que durante el trámite legislativo no se cumplió con los cuatro debates requeridos. Además, asegura que durante la aprobación se adicionó un texto que resulta ajeno a la naturaleza del proyecto, con el que se pretendía estructurar el marco jurídico para la inspección, control y vigilancia de las cooperativas objeto de regulación (demandante: Nancy Elena Coral).