Esta obra analiza la historia constitucional no contada en el país y los objetivos que se buscaron con los textos constitucionales.

ÁMBITO JURÍDICO recuerda a varios profesionales del Derecho que murieron el año pasado.

Una providencia ordenó el avalúo y venta en subasta de un inmueble con el que se pretendía el pago de la suma de dinero del deudor principal, distinto del actual dueño del predio.

La iniciativa cuenta con un presupuesto total de $ 2.146.018.212, que serán adjudicados como cofinanciación no rembolsable.

Para la medición de la gestión de la vigencia 2022 y en adelante será aplicable la metodología en su versión 4.0.

La existencia de dichos grupos se origina en la necesidad de suplir dentro de la organización niveles intermedios que faciliten la prestación del servicio.

Una tutela alegaba que la Fiscalía demoró más de nueve años en correr traslado de un escrito de acusación.

Para que la violación de una norma jurídica se constituya en competencia desleal esta debe otorgar ventaja competitiva y significativa en favor del infractor.

En la audiencia pública ante la autoridad de tránsito se decretan y practican las pruebas conducentes y se sanciona o absuelve al inculpado.

Aceptado el impedimento del Magistrado Linares, las votaciones por los proyectos de fallo resultaron en empate.

Revocación directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto no requieren el consentimiento previo cuando sea evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

El alto tribunal se pronunciará sobre las demandas contra el artículo 122 del Código Penal (Ley 599 del 2000).

La Ley 1755 del 2015, que regula el derecho de petición, podría ser considerada para obtener la información requerida.

La tasa se aplicará a los trámites que inicien con posterioridad a su entrada en vigencia.

Permiten a los asociados o miembros de los órganos de administración o cuerpos colegiados deliberar o decidir sin necesidad de estar físicamente.

Pruebas y los argumentos que presenten los usuarios de servicios públicos en sus reclamos ante las empresas prestadoras y ante la Superintendencia deben ser evaluados de manera integral.

Se confirmó la sentencia del Tribunal de Nariño que amparó los derechos fundamentales a la consulta previa y a la participación en materia ambiental de varios ciudadanos en contra de la ANLA, Mindefensa y Mininterior.

Se incurre en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al rechazar una demanda por no acreditar la confirmación del recibido de la comunicación en el correo electrónico.

En todo caso, corresponde al prestador observar siempre el debido proceso que debe gobernar la actuación administrativa.

El Consejo Superior de la Judicatura abrió convocatoria para proveer dos cargos, ante el vencimiento del periodo de los magistrados Patricia Salazar y Álvaro García.

La entidad determinó la calificación de grandes contribuyentes, características de la información cambiaria y el formato de consignación de las entidades autorizadas a recaudar.

La inhabilidad prevista en el artículo 179.8 de la Constitución Política no puede ser leída de manera aislada.

Es improcedente que se restrinja a los aspirantes al cargo a que se inscriban a una sola convocatoria para elección del personero municipal.

Corte protege el derecho a la diversidad étnica y cultural de los indígenas y su libertad de culto.

La Sala de Casación Laboral se apartó del criterio jurisprudencial adoptado en la providencia SU-313 del 2020.

Se reiteró el precedente constitucional relativo a que las leyes anuales de presupuesto tienen un contenido prefigurado en la Constitución y las leyes orgánicas que limita la libertad de configuración legislativa.

La medida aplica cuando se desempeñan labores en eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva.

Habría asesorado en el estudio de los títulos de una propiedad para constituir una hipoteca sobre el bien como garantía del préstamo que recibió de otro ciudadano.

ÁMBITO JURÍDICO conversó con la magistrada Martha Lucía Olano, nueva presidenta de la Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia.

Es necesario analizar por qué a medida que se avanza en la carrera judicial la proporción de mujeres disminuye.

El Tribunal Constitucional Federal alemán ofrece una valoración constitucional-ambiental de amplio alcance, que exige evitar una visión cortoplacista y antitécnica del fenómeno del calentamiento global.

Los principios que acompañan el ejercicio del ‘ius puniendi’ fijan límites a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Existen razones más que suficientes para morigerar la autonomía del ciudadano que no se quiere vacunar.

La extinción de dominio es una acción directa, porque no requiere el agotamiento de otro procedimiento judicial o administrativo.

Además de ser novedosa y única en cuanto a su objetivo, la obra cuenta con la suficiencia investigativa para permitir una mirada juiciosa a esta figura.

Colombia puede confiar en que las empresas europeas que realicen actividades en su territorio conduzcan sus operaciones en línea con los principales instrumentos sobre este tema.

La Corte Constitucional admitió 21 de las 41 demandas presentadas contra los artículos 78 y 124 de la Ley 2159 del 2021.

Una de las grandes cuestiones por resolver es si hay acción humana en el metaverso.

Esperamos que este año se afiancen principios sólidos de seguridad jurídica en áreas rurales, que, a la fecha, han brillado por su ausencia.

El Mintic realizará las acciones necesarias para proveer el acceso a las telecomunicaciones e impulsar el desarrollo del ecosistema digital.

Se debe considerar la capacidad fiscal de la entidad territorial y que el incremento no supere el límite máximo salarial.

Se fijan reglas que promueven la desconexión laboral de los trabajadores, con el objetivo de que su tiempo libre sea aprovechado y para conciliar la vida personal, familiar y laboral.

Si el año 2020 giró en torno a la profusa normativa expedida por el Gobierno Nacional para conjurar los efectos adversos generados por la pandemia del covid-19, en el 2021 el Congreso de la República retomó su papel de legislador. En efecto, más de 100 leyes de gran calado fueron expedidas en el año...

Sancionan a jurista con sanción de censura tras hallarlo responsable de incurrir en la falta disciplinaria, al ser designado como curador 'ad litem', ser notificado, sin que se acercara a posesionarse en el cargo.

La garantía mínima de calidad e idoneidad no solo se suscribe a la calidad, sino también al cumplimiento de términos y condiciones.

Lo que se suspende es la forma de prestar el servicio público, en el sentido de entregar al usuario unas cantidades mínimas básicas e indispensables.

Cada sociedad debe adoptar las medidas que considere convenientes para evitar caer en causal de disolución.

Corte confirma fallo que absolvió a una mujer que había sido acusada como determinadora de hurto calificado. En el proceso no se demostró más allá de toda duda razonable que ella indujo a otra persona a robar dinero.

Se suprimen 75 cargos y, a su vez, se crean 193, los cuales serán distribuidos por la Dirección General de la entidad en la planta global.

El Departamento Nacional de Planeación definió los requisitos previos a la presentación de la solicitud y los criterios a tener en cuenta.

No podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación minera en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normativa vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente.

El otorgamiento del beneficio a uno de los padres no excluye la posibilidad de que se otorgue al otro, siempre y cuando no sean concomitantes.

No hay ninguna razón para que no se propicie y entienda una plena discusión probatoria, como lo ha de exigir la delicadeza del derecho de que se trata.

Derecho a constituir partidos políticos o movimientos políticos.

Interesante pronunciamiento sobre el derecho de acceso a la administración de justicia y el cumplimiento de fallos judiciales en el marco de una acción popular.

Sin perjuicio de la posibilidad que tienen de actuar ante la administración aduanera a través de una agencia de aduanas, esta última como declarante.

Busca consolidar el marco normativo que estructurará la ruta de formalización masiva y acceso a la tierra para campesinos.

El desacato de los congresistas frente a las decisiones de la bancada, sus manifestaciones públicas en contra de esas decisiones, la sanción de expulsión del partido y la continuidad en sus curules, aunque constituyen hechos que podrían tener otros efectos jurídicos, no configuran la violación al...

El Decreto 1851 del 2021 reconfiguró la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, modificó el régimen de competencias internas y asignó nuevas funciones, amparado en el cumplimiento a una sentencia de la Corte IDH.

La suspensión o cancelación de la licencia de conducción implica la entrega obligatoria del documento a la autoridad de tránsito competente.

El decreto precisa cómo optar por el incentivo tributario para empresas de economía naranja

Los destinatarios de la “repetición” que prevé el Decreto 1072 del 2015 son los particulares investidos de funciones públicas.

Al expedir un documento que beneficiaba a un trabajador en un proceso disciplinario valiéndose de un cargo que ya no poseía, la profesional incurrió en la falta disciplinaria.

El Gobierno acaba de incrementar la prima que se reconoce para la atención de cada usuario dentro del plan de beneficios en salud, esta se conoce como la unidad de pago por capitación (UPC).

Para la constitución de las reservas requeridas por el FNG se presentará trimestralmente al Ministerio de Hacienda un informe por el valor equivalente al ajuste.

La norma desconocería situaciones que deberían permitir a los sujetos emitir información relacionada con la vida sexual, marital, conyugal o familiar del sujeto pasivo de un delito contra la libertad y formación sexual.

Aunque una de las partes del negocio dirija el engaño y el otro tan solo se preste con su comportamiento a perfeccionar el artificio se configura el acuerdo simulatorio, la complicidad y auxilio a los intereses del copartícipe produce el efecto de esconder la verdad.

Debe preferir medios de control menos invasivos, que tengan un mínimo de perjuicios, sin vulnerar los derechos mínimos de sus colaboradores.

Para conocer la totalidad de las tarifas definidas por el Emisor puede consultar el archivo adjunto a esta nota.

El Consejo de Estado declaró la nulidad del decreto porque el Gobierno ejerció dos facultades reglamentarias distintas.

Deben cumplir con las obligaciones formales de inscribirse en el registro, presentar declaraciones y pagar.

El pronunciamiento se da en un escenario de violencia institucional que vulneró los derechos fundamentales de una mujer afrodescendiente en condición de discapacidad cognitiva presunta víctima de violencia sexual.

Independientemente de que los profesionales reciban o no honorarios por parte de sus prohijados, la obligación de actuar con celosa diligencia subsiste y su incumplimiento deriva en falta disciplinaria.

La acción de tutela para la protección del derecho a la consulta previa-improcedencia por cuanto medidas adoptadas por autoridad municipal son de carácter general y no afecta directamente a la comunidad indígena.

La iniciativa hace reformas al Código Penal y otras normas como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Código de Extinción de Dominio.

El cobro por una entidad territorial requiere de autorización de la respectiva asamblea o concejo, quien determinará costos y beneficios.

La necesidad de unificar las reglas sobre el IBC de aportes al Sistema de Seguridad Social obedece a razones de importancia jurídica y trascendencia económica o social.

La norma prevé como condición transversal la prestación de dichos servicios en el marco de un espectáculo público.

Con esta nueva norma, el Gobierno modifica el artículo 2 del Decreto 1746 del 2021

Esta conducta es entendida como la dejación voluntaria definitiva y no transitoria de los deberes y responsabilidades que exige el empleo del cual es titular el servidor estatal.

Concejales de Bogotá presentaron la acción contra el parágrafo transitorio del artículo 6 y la totalidad del artículo 14 de la Ley 2116 del 2021.

Los tributos adoptados por las entidades territoriales solamente pueden ser aquellos que la ley ha creado.

Es preciso que se dé estricto cumplimiento a la Ley 581 del 2000, con la cual se reglamenta la efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público.

Recuerdan el deber que tienen las autoridades públicas de adelantar y resolver las actuaciones a su cargo de forma diligente y oportuna.

El hecho generador del impuesto de industria y comercio está constituido por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en Bogotá.

El matrimonio, cuando no está disuelta la sociedad conyugal, impide que surja la sociedad patrimonial derivada de la unión marital de hecho, pero no es obstáculo para la unión.

Cuando los servicios de vigilancia son exigibles, se contabilizan como gastos, registrando como contrapartida un crédito a las cuentas por pagar o gastos acumulados.

Un hombre se vio afectado por la emergencia ambiental que se desencadenó por la obstrucción de los túneles de la presa del megaproyecto Hidroituango y la consecuente creciente del río Cauca.

La Corte Constitucional ordenó a la UGPP el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de sobreviviente a un hijo en condición de discapacidad cognitiva.

El régimen podrá consistir en el otorgamiento, temporal, de dispensas, suspensiones, licencias, permisos o cualquier otro mecanismo de flexibilización.

Se cumplieron los requisitos formales para su expedición en sus fases previa gubernamental, trámite ante el Congreso de la República, sanción presidencial y envío a la Corte Constitucional.

El agente incumplió el deber de custodiar el inventario entregado para el desarrollo de la agencia comercial, así como la constitución de las garantías reales para salvaguardar su indemnidad.

Se configura una especial relación de sujeción entre el extranjero y el Estado en los traslados por protección como en la detención con fines de proceso migratorio.

Los proyectos de fortalecimiento de seguridad ciudadana y el de Bogotá Región son tramitados con mensaje de urgencia por el Gobierno.

A las personas que pertenecieron a organizaciones armadas que enfrenten las fuerzas del Estado y se acogieron al mencionado instrumento de desmovilización no les aplica “privilegio del combatiente”, pues no es un conflicto armado internacional.

La Fiscalía usó de manera masiva la medida de aseguramiento de detención preventiva como un instrumento de control del orden público en el marco del conflicto armado.

Bajo la Ley 2120 del 2021 y la Resolución MinSalud 810 del 2021 ¿Cuál es el modelo adoptado por Colombia? ¿Cómo debería ser el modelo de etiquetado frontal que adopte Colombia?

La notificación personal se entiende surtida transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr al día siguiente de la notificación.

Dos acciones de tutela pretendían que se permitiera acceder a visitas íntimas en los establecimientos de reclusión, en las condiciones preexistentes a la pandemia.

El Presidente de la República había formulado objeciones por inconstitucionalidad e inconveniencia al proyecto de ley “por medio del cual se reglamenta la actividad del entrenador deportivo”.

Héctor Riveros obtuvo 22 votos; Luis Manuel Lasso, 16 y hubo un voto en blanco.

La condecoración es una distinción creada para resaltar la importancia de la labor que para la democracia desempeñan los magistrados, jueces y empleados judiciales.

Se crea un trámite incidental para que los jueces de familia tasen los perjuicios, determinen la existencia y entidad del daño causado y ordenar las reparaciones que en derecho correspondan, con plenas garantías de defensa y contradicción para las partes.

De igual manera, el presidente Duque anunció que el subsidio de transporte se fijó en $ 117.172.

La grabación de una llamada telefónica entre el quejoso y el disciplinado que no cuenta con autorización o consentimiento no es válida como prueba en el proceso disciplinario.

Materias que son expresión del poder punitivo o sancionador del Estado no pueden ser objeto de regulación mediante decretos administrativos que se expidan por el gobierno con sujeción a las normas generales contenidas en la ley marco de aduanas dictada por el congreso de la republica con fundamento...

El alto tribunal profirió sentencia de unificación jurisprudencial relacionada con la remisión que la normativa efectúa a la codificación mercantil para delimitar el hecho generador del impuesto.

Se modifica el documento "Restricciones en la nómina y en la contratación estatal con ocasión de las elecciones a la Presidencia, Vicepresidencia y Congreso de la República".

El alto tribunal concluyó que la norma acusada vulneró el principio de igualdad en perjuicio de las comunidades NARP, y que han debido ser incluidas como destinatarias de la exoneración.

Este derecho debe entenderse como la opción de todos los trabajadores y servidores públicos a no tener contacto en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, ni en vacaciones o descansos para asuntos laborales.

El acuerdo establece que US $ 633 millones serán pagados a EPM el 31 de enero del 2022. Los otros US $ 350 millones ya fueron entregados con ocasión de pagos hechos desde la contingencia en septiembre del 2018.

La implementación de la política tiene un costo indicativo estimado de $ 123.633 millones.

Este caso no solo evidencia irregularidades y vulneración a la normativa vigente, sino que demuestra que de haberse aplicado lo establecido en el ordenamiento jurídico, el resultado habría sido diferente.

Las postulaciones se realizan a través de las entidades financieras, que ofrecen la posibilidad de realizar el proceso de manera presencial o virtual.

Colpensiones había concluido que no era una mujer para efectos pensionales y no tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pues no tenía los 62 años exigibles a los hombres.

La norma rige a partir del 1º de enero del 2023, fecha a partir de la cual será aplicable a los estados financieros de propósito general.

La circular aclara la diferencia entre la autorización de ocupación de inmuebles y el certificado técnico de ocupación.

Han pasado 450 días desde la presentación de la acción sin que haya sido estudiada de fondo. 450 días en los que más de 450.000 mujeres podrían haber acudido a procedimientos inseguros.

Los defectos atribuidos al sistema se centran en aspectos que emergen de la implementación y no del sistema en sí mismo. ¿Qué esperar en el futuro del proceso penal colombiano?

Se adiciona el Capítulo 3 al Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 del 2015, único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, con el fin de crear la Misión.

El nuevo superintendente de Sociedades, Billy Escobar, habló, entre otros temas, sobre los retos a los que se enfrenta en este cargo, en momentos en que la consigna es reactivar la economía y apoyar al empresariado para enfrentar la pospandemia.

No están solamente en riesgo las garantías electorales y los derechos fundamentales vinculados a la próxima contienda política, sino la preservación de la supremacía e integridad de la Constitución.

La Corte Constitucional protegió el derecho a la defensa técnica y a la doble conformidad de un ciudadano que no conoció las posibilidades de impugnar su condena.

Uno de los efectos de la virtualidad y el trabajo remoto como consecuencia de la pandemia es que las empresas y los trabajadores se dieron cuenta de que es posible trabajar de forma deslocalizada.

Tal vez, el legado más significativo de cara al avance institucional del mandato Barco fue su decidido impulso a la Asamblea Nacional Constituyente.

El principio del ‘onus probandi’ nos dice que la culpa médica no se presume y, por lo tanto, debe ser probada por el demandante.

Celebramos esta decisión en la que la Corte Constitucional demuestra su compromiso con los derechos de las mujeres y que, además, es un referente para que otros países.

La propia conciencia no es solo el primer juez de la propia conducta, sino el mejor juez de todos, pues resulta imposible engañarse a sí mismo.

La sola prueba de la privación de la libertad constituye presunción de perjuicio moral para la víctima directa de la detención.

En este articulado se detalla la estructura orgánica y objetivos del ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución.

Minjusticia expidió un decreto que modifica el artículo 9 del Decreto 2266 de 1969, con el cual da cumplimiento a lo ordenado en una sentencia del Consejo de Estado.

Mi cábala sobre el incremento es que nuevamente será unificado y estará por el orden del 7 %.

Se tuvo que determinar si una tutela sometida a revisión configuró la figura de la temeridad o de la cosa juzgada constitucional, en razón a que los jueces que conocieron de la acción de amparo afirmaron que el actor ya había recurrido a este escenario judicial.

El regreso a clases presenciales es una medida necesaria para proteger el derecho a la educación de los menores y de otros derechos conexos como la salud, la alimentación, la vida digna, el desarrollo y la integridad personal.

Ante la dicotomía presentada por la remisión de los correos electrónicos es necesario atender el derecho sustancial del ciudadano por encima del procesal.

Cada entidad es la única facultada para determinar las medidas que se deben tomar para dar cumplimiento a la Directiva 04.

Es urgente la modificación de los currículos académicos, incluyendo módulos sobre el uso de tecnologías, la necesidad de un segundo y tercer idioma, al igual que la programación.

Es el único medio que permite que pueda surtirse un proceso penal en contra de los responsables de estos delitos.

Sostener que los árbitros no comprometen la responsabilidad del Estado implica desconocer la función de la administración de justicia.

Este procedimiento de compra de acciones en el mercado secundario, iniciado por el comprador y realizado a través de la Bolsa de Valores de Colombia, requiere de una serie de pasos para que finalmente se cristalice.

El presidente de Colombia, Iván Duque, recibió de manos del Rey Felipe VI de España el premio World Peace & Liberty Award, de la World Jurist Association.

Contratante cumplido cuenta con la opción de ejecutar la cláusula penal o el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

Mantienen sanción disciplinaria contra policía por participar en actividades relacionadas con tráfico de estupefacientes.

Esta clasificación en ningún caso representa una percepción o calificación de riesgo de las entidades.

Se enfocará en la promoción del Estado de Derecho como instrumento para el desarrollo de las naciones, ofreciendo una visión integral de grandes asuntos que preocupan a la sociedad y al mundo jurídico.

Excepción de inconstitucionalidad no es exclusiva de las autoridades judiciales, sino de toda autoridad que evidencie conflictos con postulados constitucionales.

Con el propósito de fomentar el conocimiento y uso de las clasificaciones arancelarias, la Dian, a través de la Subdirección Técnica Aduanera, elaboró el documento.

La norma hace referencia a lo recibido al inicio de la gestión, durante el desarrollo o como producto de la misma y que no se entregue de manera oportuna.

El Ministerio del Trabajo expidió un decreto para determinar la garantía la continuidad de los derechos individuales o colectivos adquiridos en acto administrativo o acuerdo colectivo.

Según datos de la Registraduría, un total de 12.282.273 jóvenes entre los 14 y 28 años de edad están habilitados para votar.

Servicios e insumos de salud se deben garantizar de manera continua, oportuna, permanente y eficiente, sin barreras administrativas.

Para el ejercicio de los derechos que se reserven bastará el escrito o documento que las contenga.

Adoptan mecanismos para la gestión integral de estas sustancias, que sean identificadas y clasificadas con alguna clase y categoría de peligro.

La lectura realizada a la columna del profesor Diego López Medina me devolvió a repasar algunas anotaciones de Kelsen en el libro ‘¿Qué es la justicia?’.

Se constituye en un agregado al valor del vehículo de servicio público al momento de su venta.

Para dar cumplimiento al fallo que declaró inexequible el régimen pensional de congresistas y magistrados no es necesario el consentimiento del beneficiario.

Los criterios y principios que debe observar el juzgador cuando determina, gradúa y tasa la sanción cumplen un papel preponderante.

La Fiscalía no acreditó más allá de toda duda que el procesado tenía capacidad económica o ingresos para cumplir.

Tras reconocer que los huéspedes vieron afectada su intimidad, se concluyó que no era procedente excluir las pruebas de observación.

La legislación colombiana permite acumular diferentes tiempos para alcanzar el requisito de semanas exigible, por regla general, al régimen de prima media (Colpensiones) y, de forma excepcional, para el RAIS cuando no se alcanza el capital requerido.

Surgimiento de condiciones que no habían sido planteadas en la invitación al proceso de adjudicación no generó perjuicios.

El Ministerio de Defensa reglamentó el seguro de vida colectivo que ampara al personal operativo vinculado a los prestadores de servicios de vigilancia.

Solo ante razones justificadas y debidamente sustentadas ante el afiliado es posible modificar la información contenida en la historia laboral.

Según la demandante, se destinan los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines distintos a ella.

Según la demanda, siendo una regulación un asunto de naturaleza intrínsecamente restrictiva y delimitativa, deberá ostentar rango de ley.

El articulado detalla la estructura orgánica y objetivos de la cartera de Ciencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución.

El incremento que decrete el Gobierno permitirá mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores que perciben esta prima.

Es necesario verificar si hay plazas disponibles para reubicación y, en caso contrario, asegurarse de que estas personas sean las últimas desvinculadas.

Limitación en el tiempo para iniciar la acción es coherente con lo establecido para la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Javier Cremades García, presidente de la Asociación Mundial de Juristas, habla sobre el próximo Congreso Mundial de Derecho, que se realizará en Barranquilla, los días 2 y 3 de diciembre.

El periodo de facturación o consumo no siempre coincide con la fecha o mes en que se realiza la expedición de la factura.

Falta de información y buen consejo de las AFP también afecta el derecho de libre elección de régimen pensional.

Según el inciso segundo del artículo 1.2.4.1.19. del Decreto 1625 del 2016, para practicar la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta el empleador tratará como renta exenta el valor de los aportes voluntarios a los fondos de pensiones voluntarias.

La Sección Primera actualmente tiene a su cargo una demanda que persigue la nulidad de dicho acto administrativo.

Los municipios pueden adoptar e implementar distintas herramientas de financiación en las zonas de renovación urbana de Colombia.

Tanto los municipios como las mismas industrias han apostado al desarrollo de estas actividades en la periferia de las ciudades.

El pasado 10 de octubre, se cumplieron 200 años de la liberación de Cartagena, el último baluarte del imperio español de lo que entonces se llamaba República de Colombia.

La directiva presidencial que envenena el nombramiento de árbitros en controversias del orden nacional en las que intervenga una entidad pública resultó peor que la enfermedad.

Ni las cajas de compensación integran la administración pública, ni los recursos que administran son presupuestales.

No es un gran descubrimiento afirmar que es indispensable una nueva ley de impuestos, ojalá con modificaciones a la estructura del sistema.

Si el Presidente hubiera objetado el artículo, la integridad de la ley no habría entrado en vigencia y no tendríamos presupuesto para el próximo año.

La gravedad del virus y la necesidad de contribuir con su mitigación pueden ser el sustento para que el Derecho regule la obligación laboral de aportar el carné de vacunación.

Esta decisión brinda una nueva oportunidad para estudiar el valor que la Corte IDH da a los programas nacionales de reparación.

Los miembros del comité tendrán voz y voto y las decisiones se adoptarán por mayoría simple y podrán ser invitados los funcionarios de las dependencias de cobranzas de las direcciones seccionales.

Es necesario trazar y poner en marcha proyectos que tengan solidez en el tiempo y garantías legales de realización presente y futura.

Se reitera que está prohibido cualquier tipo de discriminación y las acciones en ese sentido deben ser sancionadas disciplinariamente.

Esta guía hace precisiones sobre la celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ya que esta restricción fue modificada por la Ley 2159 del 2021.

La Academia Colombiana de Jurisprudencia realizó un debate titulado Las fronteras del juez: entre la creación y la interpretación del derecho.

No se probó en el proceso cuáles fueron las actuaciones de las autoridades que vulneraron las garantías de los demandantes.

Según la Corte, los postulados del instrumento cuestionado son compatibles con los mandatos constitucionales y valiosas herramientas.

La norma demandada hace menos estrictas las causales de inhabilidad de los diputados, frente a las causales de inhabilidad previstas para los congresistas.

El actual modelo que emplea el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para la elección de árbitros nacionales cuenta con criterios de calificación estrictos.

No hay impedimento para que quienes continúen asegurados y cotizando accedan a una pensión que cubra un riesgo distinto al reconocido.

Se acreditó que la demandada estaba incursa en la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 95.3 de la Ley 136 de 1994.

La disposición cuestionada desconoce la autonomía de los entes territoriales para administrar sus recursos.

Consejo de Estado absuelve a la Nación por homicidio de un civil y desplazamiento de su grupo familiar.

Es necesario que todas las áreas comunes sean accesibles y ejercer una vigilancia preventiva en el otorgamiento de licencias de construcción.

Los demandantes plantean que no existe cosa juzgada constitucional respecto de la Sentencia C-355, y que la evolución de la jurisprudencia constitucional nacional e internacional permite ir más allá de las tres causales previstas.

Una demanda de nulidad electoral no constituye fuerza mayor, ni un hecho imprevisible, pues la elección está expuesta a acciones jurídicas.