Esta es la política pública de garantías y respeto a la labor de defensa de los derechos humanos

Esta política propone articular de manera efectiva la operatividad de las estrategias institucionales en el territorio, garantizar una gestión eficiente de la información, fortalecer la prevención temprana, la protección individual y colectiva, robustecer la investigación, juicio y sanción a las violaciones de derechos, así como contrarrestar los desafíos en materia de seguridad.

Igualmente, el documento plantea avanzar hacia la consolidación de ambientes propicios para esta labor, a través de la promoción de una cultura de respeto, el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas para el desarrollo de este ejercicio y el restablecimiento del tejido social.

Dentro de sus objetivos está:

1. Desarrollar estrategias institucionales conjuntas para intervenir los factores de riesgo que amenazan dicho ejercicio.
2. Fortalecer las capacidades institucionales para la prevención temprana y la protección oportuna.
3. Adoptar estrategias que fortalezcan las etapas de investigación, juicio y sanción de las agresiones contra las personas defensoras.
4. Robustecer las capacidades individuales y colectivas de las personas defensoras de derechos humanos para la promoción de los derechos y el reconocimiento a su labor.

Dentro de las acciones propuestas, se señala que el Ministerio del Interior, entre 2022 y 2026, en articulación con las entidades que componen la Comisión Intersectorial del PAO, constituirán y pondrán en marcha una mesa interinstitucional para el mejoramiento de la calidad de la información relacionada con las afectaciones y vulneraciones a las personas defensoras de derechos humanos.

Para el cumplimiento de los objetivos, las entidades involucradas gestionarán y priorizarán los recursos para la financiación de las acciones que se proponen. La implementación de la política tiene un costo indicativo estimados de $ 123.633 millones.