Impedimento del magistrado Linares dilata decisión en debate sobre despenalización del aborto

Si bien hoy vencía el plazo para decidir sobre las dos demandas contra el artículo 122 del Código Penal (Ley 599 del 2000) relacionadas con el delito de aborto (D-13856 y D-13956), en la noche de ayer jueves la Sala Plena reportó un empate a la hora de decidir sobre el impedimento de Alejandro Linares, por sus declaraciones sobre el proceso a un medio de comunicación. El alto tribunal informó que el recurso será decidido en una próxima sala con un conjuez, se trata del exmagistrado Hernando Yepes Arcila.

Este proceso se desarrolla en un escenario de miles de intervenciones ciudadanas,  de participación de organizaciones sociales, pronunciamientos de entidades y autoridades, además de plantones frente al palacio de justicia.

Recordemos que el artículo 122 castiga con prisión de 16 a 54 meses la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), excepto en las tres causales de la Sentencia C-355/06: peligro para la vida o la salud de la mujer; grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida, o de incesto. (Lea: El papel de los jueces y el equilibrio entre lo sagrado y lo secular en las decisiones judiciales)

Los demandantes plantean que no existe cosa juzgada constitucional respecto de la C-355, y que la evolución de la jurisprudencia constitucional nacional e internacional permite ir más allá de las tres causales previstas.

Además, recalcan la inutilidad de la norma demandada para la protección de la vida y los derechos de las mujeres vulnerables, en razón a que la principal barrera de acceso al procedimiento de IVE es el enfoque en el castigo penal, con el agravante que “la intromisión del legislador en el libre ejercicio de la profesión al fijar una sanción penal no es un límite legítimo sino una intromisión en la esfera interna de los profesionales, quienes a conciencia deciden ofrecer su experiencia para garantizar la salud de las mujeres”, hasta el punto de que en lugar de prevenir los abortos los promueve, pero en circunstancias clandestinas e inseguras, o también obligando a las mujeres a llevar hasta el final una gestación no deseada, lo que impone asumir la maternidad forzada. (Lea: Aborto de una polémica sobre la única solución correcta de Ronald Dworkin)

En resumen, las demandas piden tener en cuenta la tendencia internacional hacia la diminución del uso del derecho penal para un tema de salud pública. (Lea: La persecución penal del aborto, un elemento nuevo en el debate sobre la eliminación del delito)

Ahora, luego de la decisión que tome la próxima sala sobre la participación de Linares en el debate, el proceso de discusión y votación de las ponencias presentadas tendrá un nuevo plazo que extenderá por unos días la sentencia definitiva de uno de los debates jurídicos más importantes del 2021.