Independencia judicial con equidad de género

Carolina Villadiego Burbano

Asesora Legal para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas 

Por primera vez en 30 años, la Corte Constitucional estará integrada mayoritariamente por mujeres; ojalá esta tendencia se mantenga después del retiro de Gloria Ortiz, a mediados del 2022. Esto es un avance importante, pero todavía falta mucho para lograr una verdadera independencia judicial con equidad de género.

Para ello, es esencial combatir la discriminación y la desigualdad de género en la judicatura. Y hay muchos aspectos por tratar, como las barreras que impiden o desincentivan el ingreso y el ascenso de las mujeres en la Rama Judicial, los prejuicios sobre que algunas materias son asuntos “de mujeres” y, por supuesto, el acoso y abuso sexual.

Respecto del ingreso y el ascenso en la Rama, aunque el concurso de méritos es un mecanismo de selección objetiva importante, es necesario analizar por qué a medida que se avanza en la carrera judicial la proporción de mujeres disminuye. ¿Será que la forma en la que está estructurado el concurso y las desigualdades existentes en materia de roles de género en la sociedad generan un desincentivo para que las mujeres se presenten a cargos más altos en la justicia o para que sean seleccionadas cuando se presentan al concurso?

Esto es posible, pues dada la desproporción en las cargas de cuidado de los hijos que tienen las mujeres, la forma en la que están estructurados los concursos pone a las mujeres en una situación de desventaja, pues no siempre tienen tiempo adicional para estudiar para el examen si después de trabajar deben ver por sus hijos y realizar labores domésticas; o no tienen los requisitos de experiencia requeridos, porque es más difícil que puedan hacer un posgrado; o no tienen con quién dejar a sus hijos cuando deben desplazarse a otras ciudades para presentar el examen o hacer el curso exigido en el concurso. Estas desigualdades se agravan si las mujeres están en condiciones de pobreza o pertenecen a grupos étnicos que han sido tradicionalmente discriminados.

Los problemas de representación de las mujeres también se dan en las altas cortes, en donde no hay concurso. Es llamativa la baja proporción de mujeres en ciertas cortes, como la Corte Suprema y el Consejo de Estado, en donde los hombres han estado –y siguen estando– sobrerrepresentados. En esto también pesa la discriminación y la desigualdad en materia de género, pues muchas mujeres no se presentan a las convocatorias por la dificultad de conciliar el alto volumen de trabajo con la desproporción en las cargas de cuidado que tienen a su cargo, o no participan en las convocatorias, pues han visto de manera sistemática que se eligen más hombres que mujeres, aunque haya muy buenas candidatas.

Por otro lado, respecto de los prejuicios y estereotipos de género en la judicatura, un reciente informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, muestra que un problema estructural es que algunas materias se consideran “asuntos de mujeres” (familia, por ejemplo). Todo esto ha generado prejuicios acerca de los roles que las mujeres deben tener en la judicatura y ha fomentado los estereotipos que señalan que no pueden desempeñar otros roles. Pero también ha reforzado el estereotipo de que la familia y el cuidado de los hijos es un asunto de mujeres, lo que perpetúa la falsa idea de que los hombres no tienen las mismas responsabilidades en el cuidado de los hijos y sigue fomentando la brecha de género en el acceso al empleo. 

Por último, es importante enfrentar el acoso y el abuso sexual que sufren las mujeres en la judicatura. En Colombia, hay informes que muestran las prácticas de abuso de poder y abuso sexual en el sistema judicial. La violencia sexual debe ser investigada, sancionada y erradicada.

De esta manera, la Rama Judicial debe comprometerse con una independencia judicial que respete y garantice la equidad de género. Esto requiere medidas concretas que van más allá de declaraciones y políticas generales: se necesitan acciones específicas para revisar y corregir las barreras de acceso a los concursos, para exigir a las altas cortes y a las otras autoridades que designan a sus miembros que las cortes estén integradas de manera paritaria, para investigar y sancionar la violencia sexual y para eliminar los estereotipos de género en la judicatura.