Según la defensa de la disciplinable, quienes acuden a quejas por acoso laboral son servidores judiciales que temen calificaciones malas o eventuales retiros del servicio.
La iniciativa del Gobierno fue presentada ante la Secretaría General del Senado este martes, en horas de la tarde, con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la Nación.
Según la Corte Constitucional, es necesario asegurar que las autoridades judiciales competentes cuenten con el personal suficiente e idóneo para garantizar la culminación de los procesos.
Según el fallo, para que la comercialización haga parte de la fase de producción primaria debe efectuarla el mismo productor en sus granjas o a través de locales comerciales.
Los apartes demandados reglamentaban una norma que prohíbe que las actividades misionales y permanentes sean contratadas a través de cooperativas de trabajo asociado u otras modalidades de intermediación laboral.
Ámbito Jurídico tuvo acceso, en exclusiva, a un fallo de tutela de la Sección Segunda del Consejo de Estado que deja sin efectos la pérdida de investidura de un concejal del municipio de San José de Cúcuta y resuelve varias dudas procesales.
La iniciativa exigiría a los representantes ser abogados titulados para ser parte de esta colegiatura, lo anterior para garantizar el debido proceso y darles más garantías a los investigados.
Según la Corte Constitucional, las expresiones demandadas deben ser leídas, interpretadas y aplicadas en relación con el subsistema normativo al que pertenece.
El anuncio de la visita del pontífice para este año desató la presentación de proyectos que rebajarían las penas de reos condenados por ciertos delitos. Hasta 30 mil personas quedarían en libertad.
Es necesario agotar este requisito de procedibilidad, recibiendo de parte del productor y/o proveedor una constancia por escrito, la cual se debe anexar a la demanda.
La configuración normativa actual olvida que la sentencia condenatoria puede darse por primera vez, tanto en primera instancia como en segunda instancia.
De acuerdo con la Sala Disciplinaria del Consejo Superior, esta decisión facilita el acceso de los usuarios a la administración de justicia, pues al crear un precedente vinculante se evita la proposición de conflictos sobre este tema.
Dice la demanda que es una intervención desproporcionada e inconstitucional a la libertad de empresa, según el artículo 333 de la Constitución Política.
Las instalaciones estarían adecuadas para el cuidado de los hijos menores de los trabajadores, a partir del momento en que termine la licencia de maternidad y hasta que cumpla los tres años de edad.
La decisión fue adoptada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández, luego de resolver una medida cautelar de urgencia.
Esta semana comienza el estudio del Decreto Ley 121 del 2017, por medio del cual se reformó el régimen procedimental de la Corte Constitucional (Decreto 2067 de 1991).
Los demandantes atacan una categoría de hijos que no se encuentra dentro del ordenamiento jurídico y, dicen, esto resulta contrario a los nuevos valores en que se inspira la Constitución.
El comerciante debe conservar la documentación societaria por un periodo de 10 años, contados a partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante.
Dicen los demandantes que no hay una razón suficiente ni objetiva que amerite la exclusión de la víctima dentro de quienes están legitimados para la solicitud.
Además de realizar correcciones, los contribuyentes no estarán obligados a liquidar y pagar sanción por extemporaneidad, ni intereses de mora en los casos previstos.
El Consejo Superior de la Judicatura hizo un análisis de interpretación sistemática entre el inciso 3° del artículo 38 de este estatuto procesal y el parágrafo 1° del artículo 206 del nuevo Código de Policía.
El Consejo de Estado precisó que la facultad de la administración puede aplicar, incluso, en los contratos estatales celebrados antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 del 2007.
Será el juez constitucional el encargado de verificar, en cada caso, si el pago de las cuotas de recuperación exigidas por la ley obstaculiza el acceso al servicio de salud, explicó un fallo reciente de la Corte Constitucional.
El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, así como los servicios de seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.
No existe norma que regule de manera expresa dicho trámite, por lo que corresponde a la EPS establecer las condiciones para el reconocimiento económico.
ÁMBITO JURÍDICO presenta los conceptos presentados, hasta ahora, por el Ministerio Público a las demandas que han sido admitidas en la Corte Constitucional y que serán resueltas en los próximos meses.
Estos lineamientos se encuentran establecidos en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 2º de la Ley 712 del 2001.
Tanto los conductores como los acompañantes, cuando transiten en vehículos motocicletas, deberán usar obligatoriamente el casco de seguridad, debidamente asegurado a la cabeza.
Según relata el proceso, la disciplinable, en nombre de un conjunto residencial, adelantó un proceso ejecutivo en contra de los deudores residentes, con el fin de cobrar las cuotas de administración adeudadas.
Según los órdenes sucesorales que relacionan los artículos 1045 y siguientes del Código Civil, puede darse esa posibilidad cuando se verifiquen los supuestos determinados para ese fin.
La medida se perdía por no presentar declaraciones tributarias, por el no pago de las mismas y/o por no cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 4910 del 2011.
La alta corporación judicial dejó claro que la decisión de acudir a este mecanismo especial debe estar claramente justificada. El encargado de realizar la ponencia de esta decisión fue el magistrado Antonio José Lizarazo
La inefectividad de la defensa material anula las posibilidades de controversia y, por esa vía, se desvirtúa el fundamento epistemológico de un sistema procesal de corte acusatorio, como el colombiano.
El propósito de esclarecimiento de la verdad que acompaña la motivación de las pruebas de oficio es diferente a la que se puede desplegar mediante el auto de mejor proveer.
El litigante, que representaba a una entidad bancaria, le fueron comprobadas las faltas establecidas en el numeral 9° del artículo 33 y el numeral 1° del artículo 35 de la Ley 1123 del 2007.
Esta acción debe instaurarse dentro de los dos años a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación del inmueble.
Es necesario que el concejo municipal observe la escala consagrada por el Gobierno para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
El criterio unificado reconoce que este derecho aplica en contratos de prestación de servicios y su violación da lugar a una indemnización de 180 días.
Podrán evitar la disolución adoptando las modificaciones que sean del caso y según la causal ocurrida, siempre que se formalice dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia.
La filtración a las redes sociales de una decisión adoptada por un órgano disciplinario de un partido político, antes de su notificación, constituye una irregularidad
A juicio del accionante, la disposición vulnera la Carta Política de 1991, en tanto condiciona un derecho personalísimo como lo es la opción a ser rehabilitado a la satisfacción de sus deudores.
La Ley 1830 del 2017 es el primer paso para que las Farc materialicen su tránsito a la vida política legal y básicamente autoriza la participación de seis voceros para que supervisen e intervengan en los debates de las reformas constitucionales y los proyectos de ley que implementen el Acuerdo Final...
A través de la Resolución 0472 del 2017, el Ministerio de Ambiente busca establecer las medidas para el manejo y disposición final de los llamados escombros o residuos de las construcciones o demoliciones de viviendas y edificios.
En la misiva sostienen que los ajustes necesarios en la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo de Paz con las Farc no deben, en todo caso, resquebrajar la esencia de la Constitución Política.
El Plan de Desarrollo 2016-2020 autoriza al Alcalde Mayor a realizar este tipo de negocios jurídicos. Sin embargo, dicha competencia fue delegada a los secretarios de despacho y directores de las diferentes dependencias.
El propósito es evitar que se presenten ventajas en las elecciones populares, es decir, prevenir que se elija a través de la práctica conocida como “trasteo de votos”.
Las faltas atribuidas a la disciplinable se relacionan con aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad, contenidas en el artículo 33 de la Ley 1123 del 2017.
Los accionantes aseguraban que la norma perjudicaba a la institución de la contratación estatal, puesto que impedía que estos procesos de selección fueran llevados de manera pacífica
El Ministerio de Hacienda estableció las normas aplicables a los fondos de empleados para la prestación de servicios de ahorro y crédito, con el objetivo de fortalecerlos.
La acción de inconstitucionalidad sostiene que este aparte constituye una discriminación basada en el origen social y económico de las personas con escasos recursos.
El alto tribunal estudió una demanda que atacaba la expresión “las penas previstas en los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad del máximo”, incluida en el artículo 14.
Aunque las regulaciones anteriores a la Ley 100 de 1993 señalaban que quienes aceptaban la indemnización sustitutiva no podían seguir cotizando válidamente al sistema general de pensiones, el sistema actual no contempla expresamente esa prohibición.
Esta conducta es tan grave que el Superintendente de Industria y Comercio pide incrementar los castigos a las empresas públicas y privadas involucradas.
Así lo recordó la Superintendencia de Industria y Comercio a los dueños de establecimientos y enfatizó que con la renovación se obtiene seguridad y confianza en los negocios y acredita ante los clientes como un comerciante legalmente constituido.
Cuando el error haya generado en las partes la convicción legítima, cierta y razonable acerca del plazo, llevándolas a realizar las actuaciones correspondientes.
Durante un tiempo, la Corte consideró que el fenómeno extintivo empezaba a correr individualmente para cada una de las anualidades durante las que se extendiera la relación de trabajo.
Las normas demandadas permiten el retiro de los soldados por la pérdida de su capacidad sicofísica, por eso, dicen los demandantes, deberían ser condicionadas, para garantizar los principios y postulados fijados por la Carta Política.
El artículo 6° del Decreto Ley 999 de 1988, que subrogó el artículo 94 del Decreto Ley 1260 de 1970, señala que la modificación notarial del nombre solo es posible por una única vez.
Este tipo de patrimonio está conformado por un conjunto de bienes inembargables para cubrir las necesidades económicas de una familia ante eventuales riesgos y situaciones críticas, como quiebras o crisis económicas. Cuatro magistrados no estuvieron de acuerdo con la decisión.
Esta norma fue derogada expresamente por el artículo 376 de la Ley 1819 del 2016 (reforma tributaria estructural), sin que pueda aplicarse a partir de la entrada en vigencia de la ley.
La Sección Quinta del Consejo de Estado precisó que la obligatoriedad de los resultados se aplica a todos los mecanismos de consulta previstos en el artículo 107 de la Carta Política.
Los sujetos del régimen de transición, tanto por edad como por tiempo de servicios cotizados, pueden elegir libremente el régimen pensional al cual desean afiliarse, pero, eso sí, asumiendo las consecuencias que de ello se derive.
Un auto de la Sala Laboral aclara que el domicilio, por ser un atributo de la personalidad, se predica únicamente de las personas jurídicas y naturales, mas no de un contrato.
Mintrabajo ha recibido múltiples consultas de ciudadanos que reclaman el pago de incapacidades temporales después de haber recibido pago por una incapacidad permanente parcial, a través de una circular se aclara esta temática.
La licencia de demolición por sí sola no genera impuesto de delineación urbana, si se tiene en cuenta que el hecho generador consiste en la construcción de edificios nuevos o la refacción de los existentes.
La entidad demandada no desplegó las acciones necesarias para mantener en buen estado los elementos que a diario eran utilizados por los alumnos del plantel educativo, indicó un fallo reciente del Consejo de Estado.