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Responsables de cartelización quedarían inhabilitados para contratar con el Estado por cinco años

03 de Marzo de 2017

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Esta es una de las peticiones que el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, elevó al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, con el fin de que incluya dos artículos en el paquete de proyectos normativos que prepara el Gobierno para fortalecer la lucha contra la corrupción. (Lea: “Necesitamos aumentar la capacidad sancionatoria de la Superindustria”)

 

Desde hace unos años, el país se ha enterado de los fraudulentos acuerdos a los que llegaron algunas industrias, como la de pañales, la de cuadernos o la azucarera, para aumentar sus precios de manera coordinada y así favorecer sus intereses propios, en detrimento de la economía de los ciudadanos y violando el régimen de protección de la libre competencia.

 

Este tipo de conductas son tan gravosas para la industria que el superintendente ha sido contundente en manifestar que se tienen que incrementar los castigos a las empresas públicas y privadas que se han visto involucradas en los casos de cartelización.

 

Dentro de las propuestas formuladas por Robledo se encuentra la modificación del sistema para la imposición de multas, para que sean tasadas con base en un tope porcentual del 30 % sobre el valor de las ventas involucradas en el cartel o acto colusorio, por el tiempo que duró la conducta anticompetitiva, tal como se hace en los países europeos y algunos latinoamericanos.

 

Como sanción adicional a la multa, en casos de colusión o cartelización en licitaciones públicas, se impondría una inhabilidad de hasta cinco años para contratar con el Estado.

 

“Desde hace tiempo la superintendencia viene proponiendo hacer unas reformas puntuales a las normas de libre competencia, que nos permitirán combatir la corrupción, la colusión y todas las prácticas anticompetitivas en general”, concluyó el funcionario.

 

Superindustria y Comercio, Comunicado, 24/02/17

 

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