La Corte Constitucional estableció que el deber de concordancia entre el plan nacional de desarrollo y las leyes anuales de presupuesto de rentas y apropiaciones no supone su identidad.
La iniciativa no impondría de manera automática la prisión perpetua, sino que habilitaría al legislador para que la aplique a circunstancias excepcionales.
Aunque al despojarse de dicha categoría, por lo general, desaparece la primacía del derecho a la información, esta puede ser reconocida excepcionalmente.
La condición de migrante de una persona no es razón para negarle el goce de sus derechos, sin importar su calidad de “regular” o “irregular”, indicó la Corte Constitucional.
La medida da pautas sobre el manejo adecuado del lenguaje para comunicar de manera clara y efectiva las tareas que adelantan las distintas entidades públicas.
La disposición precisa la información que deben presentar las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación con organismos internacionales.
Ámbito Jurídico y LEGISmóvil seleccionaron algunos de los fallos más transcendentales que proyectaron sobre la materia Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao, exmagistrados de la Corte Constitucional.
La Defensoría del Pueblo radicó un proyecto que pretende reformas a la acción de tutela, mientras que la Fiscalía General de la Nación insiste con modificar el sistema penal acusatorio.
La Corte Constitucional explicó que el Alcalde de Bogotá podía excusarse válidamente de no atenderlo, en tanto el Legislativo no acumuló los requisitos constitucionales para adelantar ese tipo de debates.
Se trata de una demanda en la en la que Nicaragua alega el incumplimiento del fallo de noviembre del 2012 y otra en la que los centroamericanos reclaman soberanía sobre áreas continentales colombianas.
Los jueces de la República son competentes “a prevención” de la acción de tutela donde ocurrieren la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud , recordó el alto tribunal
La multinacional petrolera Pernco Colombia Limited también deberá ejecutar un plan de recuperación ambiental en una vereda de Aguazul, por contaminación de sus fuentes hídricas.
Aunque algunos jueces y notarios se sumaron al rechazo de la Procuraduría, otros son proclives a que se reconozca la posibilidad de nominar como matrimonio la unión entre homosexuales.
El Consejo Superior recordó que los profesionales del Derecho, antes de aceptar la designación, deben expresar a su cliente la opinión sobre la gestión confiada.
La marca sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
El Consejo de Estado negó la suspensión provisional de la norma que regula la fórmula según el valor del diferencial de compensación o participación en la fecha del cálculo.
La iniciativa, que se había hundido en la legislatura pasada, fue nuevamente radicada en la Cámara de Representantes y modificaría 23 artículos del Código Civil.
Comisión para la competitividad tributaria ya presentó un primer informe. Ejecutivo dice que habrá reforma al impuesto sobre la renta para entidades sin ánimo de lucro.
El Consejo de Estado condenó a la Armada Nacional – Ministerio de Defensa por los daños causados tras la ocupación de un hotel en San Andrés, sobre el cual no se probó su procedencia ilícita.
El Consejo Superior sancionó con exclusión de la profesión a una abogada que asumió un caso en un momento en el cual era imposible obtener el logro al que se comprometió.
Los Estados receptores son terceros con un interés legítimo de conocer el registro de los antecedentes judiciales de un ciudadano sin lugar a supresiones relativas, advirtió el alto tribunal constitucional.
El Consejo de Estado aclaró que los cabildantes no son funcionarios ni empleados públicos, que son los que generan el factor inhabilitante del artículo 179 (numeral 5º) de la Constitución.
Esto debe ocurrir, según el Consejo técnico de la Contaduría Pública, por cuanto se presume que la mercancía no se suministró o el servicio no se prestó.
Para el Consejo Superior, no fue creíble la supuesta falta de intención del procesado, pues entregó el dinero cuando se interpuso queja disciplinaria en su contra.
Así lo aclaró la Corte Constitucional en la Sala Plena que ordenó sustituir otras expresiones contenidas en la Ley de integración social para personas en condición de discapacidad.
El instrumento busca servir de apoyo legal para facilitar la relación entre el empleador y el trabajador. Ejecutivo respaldará la iniciativa sobre prima de servicios para estos trabajadores.
Un debate de control político sobre el proceso de paz, nuevos proyectos radicados y la elección de las mesas directivas en Senado y Cámara fueron los hechos más importantes de la semana.
El Consejo de Estado explicó que la notificación irregular de la sanción no vicia su origen ni puede motivar la nulidad de la cancelación del título minero que se basa en el no pago de regalías.
Aunque, por regla general, el recurso de amparo no procede contra providencias judiciales, excepcionalmente su ejercicio es viable, advirtió la Corte Constitucional.
Para efectos de calidad, es necesario analizar la fecha de adquisición, condiciones del bien o servicio prestado y la información suministrada por el vendedor, entre otros aspectos.
A partir de la declaratoria de inconstitucional la función de advertencia que tenía la Contraloría General, se deberán tomar acciones para fortalecer el control interno de las entidades.
La Corte Constitucional considera que el lenguaje de esta legislación se debe ajustar a la Convención para personas con discapacidad, adoptada por la ONU en el 2006.
Para el Consejo de Estado, el Decreto 4433 del 2004 solo estableció un nuevo sistema de incremento, el de liquidación, pero no reajustó todas las mesadas a partir de un mismo tope.
Para la Sección Tercera, lo que en realidad pretendía la accionante era variar la condena, algo que escapa a la naturaleza de la acción de nulidad del laudo arbitral.
La Comisión Interinstitucional adoptó un protocolo que establece las pautas para elegir a los representantes de los jueces, magistrados y los trabajadores ante esa instancia.
Fue dado a conocer el comunicado de la Sala Plena en el que se informó sobre la ‘irrecusabilidad’ de magistrados por revisión de fallos de pérdida de investidura.
El sistema de méritos permitiría que estos funcionarios estén desligados de cualquier atadura respecto de quien los nombró en el cargo, dice el Ministerio Público.
La Corte Constitucional ordenó la adopción de medidas tendientes a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la cárcel La Paz, de Itagüí.