Avanza proyecto para prorrogar Registro Único de Víctimas

Pendiente de debate en la plenaria del Senado está el proyecto que busca prorrogar la vigencia del artículo 155 de la Ley 1448 del 2011 (Ley de Victimas y Restitución de Tierras), para que quienes se consideren víctimas por hechos ocurridos antes del 10 de junio del 2011 tengan dos años a partir de la vigencia de la ley  para rendir su declaración ante el Ministerio Público.

En el pliego de modificaciones se destaca la adición de dos parágrafos al artículo 5º, el primero de ellos precisa que en ningún caso podrá cobrarse a las víctimas valor alguno por la elaboración o entrega de la libreta militar, siempre que demuestren su calidad con el acto administrativo que así lo reconozca.

El segundo parágrafo aclara que en caso de existir duda por parte de la autoridad de incorporación o de no tener el registro correspondiente y el joven manifieste haber realizado la inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV), se dará aplicación al principio de buena fe, suspendiendo el proceso de incorporación.

Por otro lado, la iniciativa precisa que la Autoridad Nacional de Televisión deberá  conceder un minuto en televisión nacional, en franja de alta audiencia, para que se informe a todos los colombianos en qué consiste el programa de víctimas y cómo se accede.

Por medio de este espacio se buscará dignificar la memoria de las víctimas, servir como medio informativo de la actualidad en relación con los esfuerzos del Gobierno Nacional para lograr el goce efectivo de los derechos de las víctimas y como espacio educativo para que las víctimas conozcan sus derechos y los trámites correspondientes para acceder a la oferta institucional correspondiente.

Según la exposición de motivos, la Unidad de Víctimas ha registrado hasta la fecha 7.201.000 víctimas, de las cuales cinco millones son sujetos en este momento de medidas de asistencia y reparación.

Igualmente, señala que, pese a cumplir casi cuatro años de vigencia la ley,  persiste desconocimiento frente a la noma, lo cual “ termina por inhabilitar la posibilidad de exigencia de derechos por parte de las víctimas y de esta forma se vulnera su derecho de acceso a los beneficios que la ley incorpora para ellos”, dice. 

(Senado de la República, Ponencia proyecto de ley 140/15S-157/15S, Junio 26/2015)