Desde 1998, la Corte Constitucional ha insistido reiteradamente en que la crisis del sistema penitenciario, derivada del hacinamiento y las condiciones violatorias de la dignidad y demás derechos fundamentales de los reclusos ha generado el estado de cosas inconstitucional en la materia.

Ahora, en la Sentencia T-195 del 2015, advirtió que esta realidad también está afectando gravemente al personal de custodia y vigilancia y administrativo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En concreto, la corporación corroboró que, en la cárcel La Paz de Itagüí (Antioquia), existe sobrecarga laboral y extensión de la jornada, la salud del personal está en peligro por el estrés y la ausencia de actividades de promoción y prevención en salud ocupacional y no hay garantías de seguridad, lo cual afecta el derecho al trabajo y la calidad de las labores desempeñadas, especialmente en lo referente a su deber de dar un trato digno y decente a los internos.

Por esto, ordenó la adopción de medidas tendientes a superar la escasez de funcionarios, garantizar el cumplimiento de la jornada máxima, mejorar las condiciones de seguridad y el mantenimiento de las instalaciones de esa prisión, brindar capacitación y reentrenamiento al personal de vigilancia y mejorar la atención de la ARL vinculada en lo relativo al incremento de actividades sobre salud ocupacional y prevención de riesgos laborales.

El déficit de personal incide en la observancia de las funciones del Inpec, como la garantía del cumplimiento de la pena y las medidas de aseguramiento y el tratamiento penitenciario de los reos, situación que, en resumen, vulnera los derechos y condiciones de habitabilidad de estos y los funcionarios, concluyó el fallo.

(Corte Constitucional, Sentencia T-195, abr. 17/15, M. P. María Victoria Calle)

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