Aunque la realización de un convenio o contrato interadministrativo pueda hacerse mediante contratación directa, esto no significa que los funcionarios que intervienen en su trámite estén exonerados de respetar el deber de selección objetiva y demás principios inherentes a la contratación estatal, advirtió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

A juicio de la corporación, cuando las partes de dicho convenio desconocen los principios de transparencia, economía, legalidad y responsabilidad o los deberes de planeación y selección objetiva incurren en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Según la sentencia, la contratación directa no es sinónimo de discrecionalidad absoluta o arbitrariedad, ya que también debe atender los preceptos legales y constitucionales que rigen la contratación estatal.

De otro lado, la corporación recordó la viabilidad de variar la calificación jurídica provisional con apoyo en prueba sobreviniente y antecedente, cuando exista un error en la imputación, ya sea por la indebida selección de la norma que regula el comportamiento investigado y que lleva a tomar un nomen iuris diferente al correcto, o por equivocación en la valoración de los elementos probatorios.

Por todo esto, confirmó la decisión que condenó a un exalcalde de Sahagún (Córdoba) y a un exrector de la Universidad de la Guajira por la comisión de dicho ilícito, porque estos suscribieron un convenio interadministrativo de consultoría, sin que se garantizara la concurrencia de otros oferentes. Además, la improvisación de las partes llevó a que dicha institución educativa subcontratara la ejecución de las labores a desarrollar, lo cual estaba prohibido.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-8786 (38464), jul. 8/15, M. P. Eugenio Fernández)

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