Radican nuevamente proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal

La Fiscalía General de la Nación radicó, nuevamente, en la Cámara de Representantes un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal, con el objetivo de agilizar el sistema penal acusatorio.

La iniciativa, que se hundió en la legislatura pasada, modificaría numerosos artículos de las leyes 906 del 2004, 599 del 2000 y 65 de 1993, y contempla cambios en la legalización de capturas, un proceso abreviado para contravenciones, reformas a la casación, cambios en las normas de apelación e imputación, entre otros. Ámbito Jurídico explica los puntos más importantes de la propuesta.

Según la exposición de motivos, con la reforma se espera poder entregar al país un modelo procesal que eleve la capacidad de respuesta de la administración de justicia, que pueda dar mejores respuestas al ciudadano de a pie, que cuente con mayores y mejores herramientas de investigación y que fortalezca la utilización de mecanismos de terminaciones alternativas en los procesos y de justicia restaurativa.

Estos son los principales cambios:

• Se posibilitaría el sometimiento a la justicia de bandas criminales a través de un nuevo procedimiento, que incluye la figura del fiscal negociador. Además, se permitiría la ubicación en zonas determinadas del país de grupos que se sometan a la justicia.

• Se propone crear la figura del acusador privado, que facultaría a la víctima de una conducta punible para ejercer la acción penal, representada por su abogado.

• La reforma pide cambios al artículo 2º del Código de Procedimiento Penal (CPP), que ordena que el control de legalidad de una captura se haga en un “plazo máximo” de 36 horas.  Según la iniciativa, poner un plazo perentorio conduce a la desprotección de intereses de las víctimas y del proceso. Ahora, se pide mantener el límite de 36 horas, pero si no es posible cumplirlo se podrá extender la audiencia a un “plazo razonable”, sin suspensión, que permita legalizar la situación de todos los capturados.

• Se eliminaría la audiencia de imputación, y se pide que la imputación se realice de forma escrita y se cite al indiciado para que él o su apoderado se dirijan a la Fiscalía a enterarse de la decisión. En caso de no asistir al acto, en un plazo máximo de 10 días, se declarará contumaz al procesado.

• Se contempla la posibilidad de comunicar la imputación de forma oral, cuando la persona sea capturada en virtud de orden judicial o en los casos en los que resulte aprehendida por flagrancia.

• Se propone una reforma a la casación. El recurso procederá contra las sentencias de segunda instancia de los tribunales militares. También, se incluye la violación del principio de congruencia como causal de casación.

• Se sugiere un nuevo modelo de investigación criminal que amplíe el rango de elementos materiales probatorios, lo que posibilitaría la incorporación al proceso penal de metodologías de investigación criminal en contexto, con métodos de análisis cuantitativos, cualitativos y de redes

• Se modifica el tratamiento de contravenciones a las conductas del artículo 74 del CPP (delitos que requieren querella), para que tengan un procedimiento abreviado, incluyendo la inasistencia alimentaria y la violencia intrafamiliar, aunque se propone que este último continúe siendo un delito oficioso, pero dejando la posibilidad de desistimiento de la víctima.

• El procedimiento abreviado para estas contravenciones suprimiría  el acto de imputación y se realizaría en una audiencia concentrada, en la cual se agota la acusación y las solicitudes de pruebas para el juicio oral. El procesado contaría con 60 días para preparar su defensa. La audiencia de juzgamiento se fijaría en un término de 30 días.

• Se modificaría, además, el término de presentación de la demanda, de 30 a 60 días, tal y como lo había dispuesto inicialmente la Ley 906 del 2004, antes de que fuera modificada por la Ley 1395 del 2010.

• Otro cambio que se pide es la exclusión del recurso de insistencia, el gobierno lo califica de mecanismo innecesario, pues considera desgastante para la Corte Suprema realizar un nuevo juicio objetivo sobre lo ya juzgado.

Condenados podrían recibir beneficios por colaboración con la justicia

El proyecto plantea un nuevo título en el CPP para que la Fiscalía acuerde beneficios a condenados a cambio de que colaboren con la justicia. Entre ellos se contemplan:

* Disminución de la pena impuesta entre una tercera y una sexta parte

* Sustitución de la prisión en establecimiento carcelario por domiciliaria

* Suspensión condicional de la ejecución de la pena

* Concesión de libertad condicional

* Incorporación al programa de protección de testigos

* Cambio de centro de reclusión o pabellón donde se cumplirá la pena

(Cámara de Representantes, proyecto de ley 021/15C, Julio 27/2015)