Régimen sancionatorio del transporte va a penúltimo debate

En tercer debate, la Comisión Sexta del Senado discutirá el proyecto que contiene un régimen sancionatorio para el transporte, su infraestructura y servicios conexos complementarios.

Entre los cambios más importantes de la ponencia se destaca la competencia sancionatoria que se otorgaría a las terminales de transporte. La intención es definir su alcance, pues en la actualidad algunas imponen sanciones que son competencia de la Superintendencia de Puertos, y hasta imponen sanciones de tránsito.

Estos son algunos puntos clave de la propuesta:

• La propuesta contiene multas y sanciones para las operadoras de sistemas integrados de transporte masivo, por ejemplo, señala que serán multadas con 200 salarios mínimos mensuales las que no mantengan el aseguramiento de calidad en la prestación del servicio; no contraten directamente a sus conductores; pacten mecanismos de remuneración que incentiven la competencia entre conductores y no operen de manera integral la flota. (Ordenan garantizar acceso de personas en condición de discapacidad al SITP de Bogotá)

• Así mismo, serán sancionadas con multa de 300 salarios las empresas que permitan la operación de los equipos por personas no idóneas y sin licencia de conducción, y quienes presten el servicio con vehículos que no se encuentren en adecuadas condiciones de funcionamiento y seguridad.

• Se sanciona con multa no contar con información veraz y oportuna respecto de los viajes y transacciones realizados dentro del sistema.

• Destinar los recursos recaudados por concepto de la prestación del servicio de manera permanente o transitoria a fines distintos a los ordenados en los contratos suscritos se sancionaría con multa de 200 salarios mínimos.

• Se sanciona a las empresas que no implementen  programas de salud ocupacional y no realicen evaluaciones médicas periódicas a sus empleados.

• Serán sancionadas con multa equivalente a 100 salarios mínimos mensuales las empresas operadoras de recaudo, sistema de gestión y control de flota y  sistemas integrados de transporte público cuando no se cumplan los planes de operación, acción o mejoramiento concertados y/o aprobados por la autoridad competente.

• Entre 200 y 300 salarios mínimos tendrían que pagar los concesionarios, contratistas y administradores de infraestructura de transporte que no atiendan las peticiones, quejas o reclamos de los usuarios dentro de los plazos establecidos por el CPACA.

Por último, la propuesta se refiere a la facultad que tiene la Superintendencia de Puertos y Transporte para ordenar las acciones preventivas y correctivas necesarias con el objetivo de evitar la ocurrencia de hechos y/o subsanar situaciones críticas que afecten la prestación de los servicios supervisados y/o la constitución y funcionamiento de los sujetos supervisados (Regulan intervención a organismos de tránsito y cancelación de habilitación a entidades de apoyo).

(Senado de la República, Ponencia proyecto de ley 134-14S/101-14C, Junio 20/2015)