Se considera adquirida en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo.
Deben considerarse los ingresos exentos del impuesto sobre la renta señalados en el artículo 206 del Estatuto Tributario.
Cuando las condenas impuestas superen la cuantía del proceso de única instancia esto debe tenerse en cuenta al momento de pronunciarse sobre recurso de apelación.
Conforme a la protección de los derechos de las personas de la tercera edad, la aplicación del principio iura novit curia y de la tutela judicial efectiva se reconoce pensión de jubilación a persona sin estatus pensional.
El título de imputación aplicable en asuntos médico sanitarios es el de falla probada del servicio, por lo que el demandante debe acreditar el daño y probar la falla del acto médico.
Conozca en esta nota cómo actualizar el domicilio profesional de abogado.
La Organización de Estados Americanos le otorgó este reconocimiento, que le permite continuar con la protección de derechos humanos y garantías judiciales.
Los abogados deben respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión.
Este registro permite conocer el número de personas en situación de discapacidad y sus condiciones de vida.
Se debe analizar si el reglamento de propiedad horizontal consagra reglas específicas sobre el particular, así como las facultades de la asamblea.
Existen amenazas como la estigmatización del sector empresarial en el discurso oficial, el exceso en la potestad reglamentaria y el desconocimiento de la seguridad jurídica y la confianza legítima.
Es contrario al respeto a la dignidad humana que un médico ordene el suministro de insumos y no cumpla con las obligaciones que le corresponde realizar para materializarlo.
Al no contar con el concepto vinculante previo a la autorización del peaje y la fijación del cobro de la tasa a los usuarios de la ruta se declaró la nulidad del acto administrativo demandado.
Los trabajadores no sindicalizados por la voluntad de estos de adherirse al acuerdo extralegal.
Los abogados están compelidos a adecuar su actuación profesional bajo criterios de prontitud, rapidez y velocidad.
La entidad que tiene conocimiento de amenazas o una situación concreta de riesgo debe dar protección y seguridad.
La sanción moratoria no se puede extender a los eventos en que hubo lugar a un reajuste de las cesantías por inconsistencia en el monto liquidado o discutido al tiempo de liquidación.
Dicho trámite aplicará para el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares y la Policía Nacional.
Una vez se publique la lista de elegibles definitiva, el provisional deberá ser retirado o, si es prepensionado, ser reubicado si es posible.
El Consejo de Estado declaró la improcedencia del medio de control por falta de acreditación de una causa común que hubiere afectado a 20 personas o más.
Se evidenciaron conductas como incluir cláusulas abusivas que limitaban la responsabilidad del operador y desconocer la titularidad de las líneas.
La Corte Constitucional consideró que debe continuar con la articulación progresiva de los procesos para la atención educativa a la diversidad de estudiantes.
Superservicios modificó los términos para la atención de las peticiones de los usuarios, estipulados en el Decreto 491/20, y retomó los plazos previstos en la Ley 1437/11.
Explican por qué la nulidad del trámite solo procede contra las actuaciones de los jueces, que sí son vinculantes.
Se deberá pedir perdón públicamente al pueblo Wounaan, por el daño causado durante su desplazamiento.
La Corte Constitucional admitió la acción contra el artículo 39 (parcial) de la Ley 2200 del 2022, sobre la organización y funcionamiento de los departamentos.
La disposición del Código Electoral establece el beneficio de manera clara, sin contemplar excepciones.
La norma aumenta de seis meses a tres años la caducidad de las demandas por acciones derivadas de acoso laboral.
Al omitir el deber legal de asistir a las audiencias programadas donde fungió como defensor impidió que siguiera adelante ese proceso, de manera célere y efectiva.
El juez se dirigirá al superior del responsable del agravio y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el procedimiento disciplinario.
“Esta maestría es un escenario de formación y discusión académica para todos aquellos que estén interesados en los problemas de la administración de justicia”.
Es deducible por amortización de inversiones el pago que se asume para adquirir el derecho a suscribir un contrato que se realiza para la actividad productora de renta.
La autonomía indígena no puede afectar el núcleo esencial del principio del interés superior de una menor de edad víctima.
El objetivo es orientar a las empresas que derivan su ingreso de dicha práctica deportiva, velando por el cumplimiento de la normativa.
Inmuebles que fueron baldíos adjudicados a sus ocupantes no podrán ser enajenados si su extensión es mayor a la unidad agrícola familiar de la zona en la cual están ubicados.
Si existen dudas sobre la relación laboral que causó las cotizaciones le corresponde a los jueces laborales decretar pruebas de oficio para aclarar los hechos.
Cuando la captura se produzca o prolongue con violación de las garantías constitucionales o legales el funcionario debe ordenar su libertad.
La única acción procedente es la devolución del dinero cancelado a título de precio por el bien o servicio.
Explican cómo se configura el motivo de la terminación del contrato de trabajo con fundamento en el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional.
El derecho fundamental al ‘habeas data’ procura al máximo su protección, incluso en situaciones de crisis o emergencias sanitarias derivadas de una pandemia.
Si el juez laboral advierte que el acto administrativo expedido por el Ministerio de Trabajo es antijurídico no debe simplemente allanarse a él, sino ofrecer la respuesta jurídica que esté acorde a la ley.
La Corte Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 91 (parcial) de la Ley 388 de 1997.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra los nueve artículos de la Ley 2181 del 2021.
Para el actor, la norma quebranta el principio de igualdad, el de unidad material y el derecho al debido proceso.
Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad del auditor interno no pueden ser nombrados ni elegidos para cargo alguno.
Exigir pruebas que resultan desproporcionadas e irrazonables vulnera derechos fundamentales del menor.
El Ministerio Público conceptuó sobre disposiciones que desconocen el principio de responsabilidad personal, al contemplar sanciones para los propietarios de automóviles.
Se tuvo en cuenta que la multa se encuentra dentro del máximo legal permitido y su recurrencia en la falta.
La accionante considera que hay vulneración del derecho a la igualdad de los contribuyentes sometidos al régimen de precios de transferencia del artículo 714 del Estatuto Tributario.
Se presenta una falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado cuando de la conducta del disciplinado configura una presunta estafa.
Los concejales son servidores de elección popular directa que no tienen la calidad de empleados públicos.
Según el demandante, la garantía de doble conformidad para altos funcionarios vulnera el principio de igualdad.
Los infractores no suministraron a los consumidores información clara, oportuna y suficiente frente a las restricciones y limitaciones.
Los accionantes consideraron que algunos artículos de la Ley 35 de 1989 desconocen el principio de legalidad y el de culpabilidad.
La Ley 2207 deroga los artículos 5 y 6 del Decreto 491, por lo que se normalizan las respuestas de dichos recursos.
Mintrabajo ordenó adicionar la nueva normativa al Decreto 1072/15, único reglamentario del sector Trabajo.
Demandan prohibición para inscribir candidaturas en caso de haber sido avalado previamente por partidos políticos.
Al estudiar una acción de tutela, la Corte Constitucional precisó las subreglas para aplicar enfoque de género en casos de violencia intrafamiliar.
El reconocimiento de honorarios a los concejales está supeditado constitucional y legalmente a la asistencia comprobada a las sesiones.
La emisión de acciones por parte de una sociedad, independientemente del tipo societario, lleva implícita la titularidad de ellas.
El requisito de convivencia no se descarta por la sola separación de cuerpos de los cónyuges, especialmente si el beneficiario ha sido sometido a maltrato físico o sicológico.
Los demandantes indican que la multa por rechazo del recurso vulnera los derechos a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
El consumidor de vivienda puede ejercer la acción de responsabilidad solidaria, generada por garantías legales y la protección por producto defectuoso.
Ya son tres las acciones de inconstitucionalidad que admite la Corte Constitucional en contra de la Ley 2197 del 2022.
La suscripción de acuerdos implica el reconocimiento de una deuda por parte del suscriptor y/o usuario y el surgimiento de un nuevo título ejecutivo.
Antes de autorizar la desvinculación del sistema educativo de un menor de edad se deben tramitar ante las autoridades los auxilios para que continúe sus estudios formales.
El Consejo de Estado explicó la acreditación del daño antijurídico por indebida identificación e individualización del procesado.
Podrá ser docente e investigador en una entidad educativa del sector público en la modalidad de hora cátedra.
Según la Corte Constitucional, repetir el mismo grado por segunda vez en la misma institución puede perjudicar el proceso formativo.
Resolvemos esta y otras preguntas hechas por los jurados de votación designados para las votaciones del 29 de mayo.
Consejo de Estado precisó los efectos del endoso en propiedad del documento de transporte de conocimiento de embarque.
Vulneran derecho al debido proceso al improbar diligencia de remate.
El Consejo de Estado analiza el cumplimiento de los presupuestos legales que se exigían para la imposición de medida privativa de la libertad.
Lo contrario sería afectar la integridad de la obra, así como ejercer censura.
La Universidad de Salamanca (España) y el Instituto Internacional de Derecho Administrativo celebrarán, los días 8, 9 y 10 de junio, las II Jornadas internacionales de Derecho Administrativo.
El tiempo que dure la licencia por enfermedad o por maternidad y/o paternidad es computable como tiempo de servicio activo.
El consumidor tendría derecho a que el empresario ponga a su disposición el bien por un precio considerablemente inferior al del mercado.
Una aseguradora deberá reintegrar el costo de una cirugía hecha a un menor.
Recuerdan que efectos de fallos de tutela son interpartes.
Dentro del pliego debe estar consignada la descripción de las conductas censuradas, los deberes y/o prohibiciones presuntamente quebrantados, la modalidad y forma de culpabilidad.
Capacitación en nociones básicas dependerá de lo que prevea cada establecimiento educativo en su PEI.
La protección incluye no solo el traslado, sino la actividad diligente que minimice la exposición de la persona a la contingencia.
La Corte resolvió si en la norma demandada el legislador desconoció el principio de unidad de materia.
La función registral es un servicio público, cuyo destinatario es la sociedad en su conjunto, la cual se encuentra interesada en conocer la situación jurídica real de los inmuebles.
La figura de verificación del cumplimiento de un fallo de acción popular no comparte características similares a las de los auxiliares de la justicia.
El alto tribunal constitucional explicó cuándo no se incurre en el delito de ayuda al suicidio.
Es obligación constitucional darles un trato preferencial previo a nombrar a quienes superaron el concurso de méritos.
Aunque no se pacte fórmula de reajuste procede su reconocimiento judicial, si se prueba la variación de precios y el efecto en la estructura de costos.
El demandante debe indicar en qué consiste y demostrar el daño, la imputación fáctica y jurídica frente al Estado.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la censura contra el jurista que abandono sus deberes.
Este tipo de iniciativas nos permite sumar esfuerzos para desmitificar las ideas sobre las brechas de acceso a los mecanismos de resolución de conflictos.
El Consejo de Estado recuerda que la acción popular se caracteriza por ser autónoma, dado que su objeto es la protección de derechos colectivos.
La nueva demanda de inconstitucionalidad ataca el artículo 132 de la Ley 2159 del 2021.
Es necesario que se mantengan a los empleados las condiciones salariales y prestacionales de su vinculación inicial.
En estos contratos la obra es vista como un todo (como algo indivisible) que debe ser culminada con los recursos que se estimaron desde el inicio.
La falta de autorización de gastos rembolsables para desplazamiento no puede llevar a una persona a prescindir de su esquema de seguridad.
Las instituciones educativas deben propender por la prestación del servicio en igualdad de condiciones para todos los educandos.
Recordemos que la Ley 2094/21 modificó el Código General Disciplinario para ajustar el ordenamiento a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la destitución de Gustavo Petro.
El documento desarrolla lineamientos y buenas prácticas contractuales para determinar el tratamiento jurídico de estos activos.
Los parientes civiles tienen vocación hereditaria y excluirlos de las consecuencias de la indignidad sucesoral desatiende el parámetro de igualdad familiar.
La Corte protegió el derecho fundamental al debido proceso en un caso de régimen de visitas de un menor que presuntamente fue víctima de abuso sexual.
No puede existir en el orden jurídico una normativa que contemple la pena de prisión perpetua dentro de su articulado, porque se encuentra proscrita.
La Sala Plena instó al Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional para que fijen con la mayor prontitud el nuevo cronograma de actividades del concurso.
Es un término acuñado en el siglo XIX, presente desde las primeras codificaciones civiles.
La Sala Plena se pronunció sobre los derechos al acceso efectivo a la administración de justicia y a la propiedad.
Será necesario acudir a la convocatoria del concurso de méritos para efectos de aclarar las condiciones y darle cumplimiento.
Para la jornada del 29 de mayo fueron elegidos más de 700 mil ciudadanos.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra unos apartes del Estatuto Nacional de Protección de los Animales.
Las disposiciones referentes a la rescisión por causa de lesión enorme no son incompatibles con la naturaleza del contrato de permuta.
Sala Laboral precisa la postura sobre el requisito de fidelidad para condenar a los intereses moratorios a la pasiva por el no reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
Las causales de agravación contenidas en el artículo 104 del Código Penal aplican jurídicamente al homicidio preterintencional.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado puntualizó el trámite de solicitud de suscripción del contrato de estabilidad jurídica.
La entidad de manera potestativa podrá tomar como base el aumento establecido por el Gobierno Nacional para el salario mínimo.
Cuando un profesional asume una representación judicial le asiste el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados.
Uno de los componentes fundamentales del modelo de Estado social y democrático de derecho colombiano está en el derecho de los ciudadanos a ser elegidos en cargos sometidos al voto popular.
La Corte Constitucional explicó la figura de la declaratoria de imposibilidad del reintegro y la consecuente indemnización compensatoria.
Condiciones básicas que deben reunir las decisiones judiciales para justificar el principio del interés superior del menor.
Explica el Consejo de Estado cuáles se encuentran exoneradas del impuesto al patrimonio.
La garantía mínima de calidad e idoneidad consiste en la posibilidad real de disfrutar del bien o servicio y satisfacer las necesidades del consumidor.
Desconocimiento de prestaciones a empleados transitorios es contrario a los principios rectores de las relaciones laborales.
Las CAR y los departamentos pueden destinar recursos que permitan financiar acciones por parte de los municipios.
Actos administrativos que afecten apropiaciones presupuestales deberán garantizar disponibilidad suficiente para atender gastos.
Una vez superada la causa que dio lugar a la interrupción del suministro, procede su reconexión y el consecuente pago.
La Corte Constitucional resolvió 28 demandas que se presentaron contra el artículo 124 de la Ley 2159 del 2021.
Mantener a los familiares en la incertidumbre sobre el paradero de su familiar constituyó una violación de sus derechos: Corte Constitucional.
Los entes territoriales deben garantizar el suministro adecuado de alimentos a las personas que se encuentran detenidas en centros de detención transitoria.
No se trata de un empleado de la entidad oficial, sino de un auxiliar de la administración.
La judicatura se realizará bajo tres modalidades: ad-honorem, en el desempeño de cargos remunerado y en el ejercicio de la profesión.
La Corte Constitucional precisa si procede en estos casos la acción de tutela o el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
El proceso de extradición de ‘Otoniel’ lo inició el Gobierno de inmediato y en este momento se encuentra en el Catam para su envío a EE UU.
Resulta ilógico que una vez finalizada la relación laboral se condene al trabajador a recibir un vestido de labor que no necesita.
Más de 2,5 millones de colombianos serán elegidos para prestar su servicio durante las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.
El código QR obedeció a una medida excepcional y transitoria para atender la emergencia sanitaria, la cual no está vigente.
Explica la Corte cuándo se tiene derecho al reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes prevista en el Régimen General de Seguridad Social de la Ley 100 de 1993.
Designación mediante encargo no afecta ni genera la modificación de la nómina y está dentro de la aplicación de normas de carrera administrativa.
Precisan cuáles conceptos deben incluirse en el IBC de aportes al sistema de seguridad social.
Es potestad de quien concede revisar si proceden y, en todo caso, adoptar medidas para no afectar los derechos fundamentales del empleado.
El artículo 216 Decreto Ley 19 del 2012 dejó sin efecto y sustento normativo al Consejo Asesor para la Profesionalización del Artista.
No se requiere de una palabra soez o de un insulto para lesionar la honra, el buen nombre o la intimidad y los sentimientos de una persona.
La cámara de comercio no está legalmente facultada para decretar la prescripción, esta solo puede ser declarada por el juez competente.
Se explicó que la contabilización de cinco años comienza a correr a partir de la formulación del respectivo recurso extraordinario de casación.
Los efectos del pronunciamiento se difirieron a un año.
La Corte Constitucional reitera que las barreras administrativas no pueden vulnerar derechos fundamentales.
Si la incapacidad no es superior de 180 días el tiempo de servicio no se interrumpe, pero si supera este lapso se interrumpe para efectos de las vacaciones.
Explican participación y facultades de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el periodo máximo de tiempo para las reclamaciones.
Esta decisión se tomó hasta que se resuelva una demanda de tutela que interpusieron sus presuntas víctimas contra el trámite administrativo.
Fue demandado el artículo 16 de la Ley 1996 del 2019.
El Consejo de Estado recordó que los soldados e infantes de marina profesionales de las fuerzas militares tienen derecho al pago retroactivo del subsidio familiar.
El objetivo de esta definición es aplicar el subsidio familiar de vivienda en las VIC.
Un derecho compensatorio es un tributo aduanero que se impone luego de que se comprueba que hubo daño a una rama de la producción nacional.
La configuración del defecto procedimental vulnera los derechos al debido proceso, la propiedad privada y de acceso a la administración de justicia.
Vulneración del derecho al desatender el juzgador accionado los deberes que le eran exigibles en el marco del proceso, al no definir de fondo la situación jurídica de la menor.
El empleador podrá determinar un modelo de alternancia, con unos días de la semana presenciales y otros en casa, sin que esto signifique remuneración adicional.
Entre otros temas, se reglamentan las condiciones de liquidación y asignación de yacimientos ubicados entre línea costera y 40 millas náuticas.
Los cargos se distribuirán teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio, las políticas, los planes, programas, procesos y proyectos de la entidad.
Sin cumplir los requisitos legales, se reconoció a docentes el pago de una sanción por mora en cesantías, generando un detrimento patrimonial a las finanzas del departamento.
La Corte Constitucional rechazó la solicitud de nulidad de la sentencia en el caso de la excongresista.
Los reclamantes buscan que les sean reconocidos los daños por la Aseguradora Solidaria.
El Gobierno radicará ante el Senado la propuesta, que busca darle celeridad a los trámites ordinarios y especiales y descongestionar la jurisdicción laboral.
Dentro de un proceso ejecutivo, un profesional del Derecho pretendía hacer valer un acuerdo absolutamente desproporcionado por cobro desmedido y carente de fundamento legal.
El Consejo de Estado declaró legales las competencias atribuidas al Ministerio de Transporte en el 2009 para la habilitación de los CEA.
La Corte declaró improcedentes las acciones de tutela presentadas por Colpensiones contra fallos que reliquidaron pensiones de exfuncionarios de la Rama Judicial.
Trata sobre la designación del ingeniero civil como profesional idóneo para desempeñar el rol de ingeniero geotécnico en la construcción sismo resistente.
El desafío para la producción de libros académicos gira alrededor de cómo investigar desde una perspectiva que conecte al Derecho con los dramas sociales sin que sus aspectos dogmáticos clásicos pierdan relevancia.
La Corte Constitucional consideró que el asunto versaba sobre asuntos de carácter económico y pretendía emplear la acción de tutela como tercera instancia.
La Sección Quinta del Consejo explica el procedimiento de elección de este representante ante los consejos directivos de las autoridades ambientales.
Se analiza si Telecom tenía obligación de contratar aprendices antes de la entrada en vigencia de la Ley 789 del 2002.
En la reliquidación de la pensión de jubilación deben tenerse en cuenta factores salariales incrementados por la homologación y nivelación salarial.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó una decisión en favor de un abogado por duda probable.
En una acción de control de controversias contractuales, se precisó si se cumplieron las obligaciones para liquidar un contrato interadministrativo.
Por la situación personal de la accionante, se vulneraron sus garantías fundamentales al no reprogramar la fecha del examen.
La Corte Constitucional, en enero, había dado a conocer el comunicado esta importante decisión frente a la seguridad de las personas desmovilizadas.
No es posible incorporar una disposición estatutaria en una ley de presupuesto, pues se afecta el principio de frenos y contrapesos.
Explicó la Sección Segunda del Consejo de Estado la configuración de la prescripción trienal.
La Corte Constitucional instó a actuar con debida diligencia en el trámite de los procedimientos que le corresponde adelantar para el acceso a la pensión de invalidez.
Se revisa si procede la causal de nulidad del laudo arbitral por recaer sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sanción de censura contra una abogada por irrespetar a la administración de justicia.
La Sala recordó también los presupuestos procesales esenciales para la interposición de un recurso la legitimación procesal.
La decisión se adopta como resultado del control previo, automático e integral que la Constitución Política establece en los artículos 153 y 241.8.
Declaran improcedencia de una acción de tutela, pues no hubo vulneración del principio de la doble conformidad.
Un defecto procedimental se configuró al no conceder personería jurídica a una jurista en una acción popular.
Se explica en este fallo la aplicación de la condición más beneficiosa de la Ley 6 de 1945 al solicitante que padece la enfermedad de Hansen.
El presidente Iván Duque se pronunció desde San Andrés y afirmó que el falló convalida la posición de Colombia.
Explican cuándo se presenta responsabilidad del Estado por omisión en el deber de protección.
El disciplinado sirvió como representante y asesor de dos implicados en el llamado Cartel de la hemofilia en Córdoba.
El servicio de diseño arquitectónico contratado en desarrollo del contrato de administración delegada para la construcción de una obra constituye un gasto propio de la mandataria.
Consideran los accionantes que se vulnera el principio de reserva de ley estatutaria.
En el régimen subsidiado de pensiones antes de que se suspenda ese beneficio se le debe informar al afiliado, para que pueda objetar esa decisión.
Como sustento de la nulidad se precisa diferencia entre derecho adquirido y una situación jurídica aparentemente consolidada.
Para materializar la transferencia de los derechos económicos de la factura electrónica como título valor es necesario que el enajenante, cedente o endosatario inscriba la transacción en un registro administrado por la DIAN.
Explican si el concurso público de méritos no es aplicable como mecanismo de selección para etnoeducadores afrocolombianos y raizales.
La Corte Constitucional admitió un demanda contra el artículo 132 de la Ley 2159 del 2021.
Consejo de Estado recuerda las características de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos.
La Sala Laboral amparó a empleados que fueron despedidos cuando tenían fuero, aun cuando estaban contratados por intermediarios.
La Corte Constitucional recuerda que se debe aplicar la jurisprudencia sobre tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez.
Corte declara inconstitucionalidad del incremento del 20 % anual de la prima de localización para empleados del SENA, por desconocer el principio de movilidad salarial.
El empleado debe hacer entrega del puesto de trabajo una vez es notificado de la medida y hasta antes de hacerse efectiva la misma.
La Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad en contra del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Corte Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad contra el literal c) (parcial) del numeral 2 del artículo 10 del Estatuto Tributario.
La Sala Penal precisa estos elementos en un caso de defraudación a una entidad financiera.
