La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 13, 16, 17, 18, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley 2094 del 2021, “por medio de la cual se reforma la Ley 1952 del 2019 y se dictan otras disposiciones”, por vulnerar los artículos 29, 93, 113, 116, 117, 118, 152, 277.6 y 278.1 de la Constitución y 8 y 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Consideran los accionantes que una parte del articulado vulnera el principio de reserva de ley estatutaria, previsto en el artículo 152 de la Constitución.

Así mismo, que la atribución de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación para investigar y juzgar disciplinariamente a los servidores públicos vulnera el principio de separación de poderes. Para el juzgamiento disciplinario de servidores de elección, dicen, no se satisface el principio de proporcionalidad (Demandantes: Jomary Ortegón Osorio y otros).