La Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas a 24 prestadores de servicios funerarios por $ 294 millones, al encontrar conductas que infringen el régimen de protección al consumidor, tales como publicidad e información engañosa, cláusulas abusivas y no atender requerimientos de información.

Según la entidad, los infractores no suministraron a los consumidores información clara, oportuna y suficiente frente a las restricciones y limitaciones que se presentaron en la prestación de los servicios funerarios con ocasión de la pandemia.

Así mismo, incurrieron en publicidad engañosa al ofertar a los consumidores sus servicios exequiales en una ciudad en especial, cuando en realidad no contaban con oficinas abiertas al público, ni tampoco con el plazo anunciado.  

En lo que se refiere a cláusulas abusivas en los contratos suscritos, la entidad señaló que se exigieron para la terminación del contrato mayores requisitos a los solicitados al momento de la celebración del mismo, además de incluir espacios en blanco.

La superintendencia inició actuaciones administrativas de oficio, en el marco de la pandemia, con miras a garantizar la protección de los derechos de los consumidores ante posibles vulneraciones en relación con la información suministrada acerca de las modificaciones y restricciones en la prestación de los servicios funerarios, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad implementadas para el manejo de cadáveres, así como cobros adicionales y excesivos.