La asistencia técnica, en el marco de la efectividad de la garantía, se debe prestar mediante revisiones e intervenciones reales en el bien, pues es necesario que las reparaciones sean efectivas y que, además, se emita el correspondiente análisis técnico, juicioso y detallado que refleje el buen estado del producto y que, por lo tanto, libere al productor y/o proveedor de su obligación de cumplir con la garantía, en los términos del artículo 11 del Estatuto de Protección al Consumidor (Ley 1480/11).

En el caso analizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, se demostró que el teléfono celular objeto de controversia presentó defectos de calidad, pues se quedaba con la pantalla negra, no permitía contestar llamadas, la cámara era demasiado lenta y la pantalla se duplicaba, lo que impedía su adecuado funcionamiento. Estos daños fueron informados a la parte demandada para que respondiera por la garantía del bien, que en dos ocasiones procedió con intervenciones. Sin embargo, las fallas persistieron, es decir, las reparaciones no fueron efectivas, por lo que el demandante decidió solicitar la devolución del dinero pagado.

Satisfacción del consumidor

La superintendencia recordó que la garantía mínima de calidad e idoneidad de un bien o servicio comprende también su entrega o la realización oportuna del servicio para el cual se contrató, es decir, consiste en la posibilidad real de disfrutar de un bien o un servicio y satisfacer las necesidades que tenía el consumidor cuando lo adquirió.

Por lo tanto, en el marco de la obligación de garantía, los consumidores tienen derecho a obtener la reparación totalmente gratuita del bien cuando se presente una falla y, en caso de repetirse, podrán obtener a su elección una nueva reparación, la devolución total o parcial del precio pagado o el cambio del bien por otro de la misma especie, similares características o especificaciones técnicas.

Así las cosas, señaló la entidad, la garantía inicia desde el momento mismo en que se realiza el contrato y radica en la posibilidad de poder obligar al vendedor o al prestador del servicio a que entregue el bien o que realice el trabajo para el cual fue contratado. Se ordenó devolver el dinero pagado por el equipo, esto es $ 676.000, suma que deberá indexarse.