La norma permite la exportación con valor agregado y autoriza el ingreso de la flor a zonas francas para ser cortada, secada y realizar actividades de transformación.
La Sala declaró la nulidad de la expresión “libre nombramiento y remoción” del artículo 1 del Decreto 4353 del 2005, el cual modificó la nomenclatura y clasificación de empleos de la Aerocivil, por violar el artículo 125 de la Constitución y el artículo 5 de la Ley 909 del 2004.
El Consejo de Estado conoce los actos administrativos de autoridades nacionales proferidos en estados de excepción.
El objetivo es evitar conflictos de intereses por información que después pueda ser utilizada en contra de la administración pública.
La importancia de esta iniciativa radica en la necesidad de contar con principios fundamentales que rijan los términos de cooperación internacional para la realización de actividades espaciales.
Este ajuste permite acreditar la idoneidad del futuro contratista para ejecutar proyectos relacionados con el sistema de intervención o construcción de un determinado acueducto.
Las características de dicha situación administrativa son conocidas previamente por la persona que es nombrada.
La metodología de priorización comprenderá dos etapas: puntaje por criterios de priorización y puntaje por análisis de las características de los proyectos.
El Ministerio de Defensa, el Ejército e Isagén habían sido condenados por la muerte de un ingeniero dentro de una central hidroeléctrica bajo el título de imputación por riesgo excepcional.
Dados los procesos de desarrollo que se están realizando en el nuevo Sistema de información de contribuciones, la CRC considera que se requiere contar con datos históricos del sistema actual que funciona sobre el SIUST.
Esta norma suspendió la aplicación del Sistema Andino de Franja de Precios para determinados productos y se estableció, hasta el 30 de junio de 2020, un arancel del 0 % para esos elementos.
La decisión la tomó el Consejo de Estado luego de negar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por María del Pilar Hurtado en contra de la decisión de la Procuraduría que la destituyó en 2010 por su participación en las chuzadas del DAS.
La construcción y dotación de este hospital se enmarca en las políticas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022: Pacto por Colombia.
Declaran inexequible la derogatoria del parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, establecido en el PND 2018-2022
El Sistema de seguimiento, evaluación y control (SSEC) comprende un diseño operacional que prevé la gestión de la información de aprobación y ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
La incorporación solo sucede cuando el predio no existía dentro de dicha base y se ingrese con ocasión de cualquiera de los procesos catastrales.
Medellín y las demás ciudades que se organicen como distritos especiales no estarán obligados a efectuar ajustes administrativos que aumenten sus costos.
La entidad oficial deberá publicar un aviso con el fin de que todos los posibles beneficiarios se presenten a reclamar.
La Sección Quinta del Consejo de Estado explicó que la pérdida de derechos políticos debe ocurrir como consecuencia de una condena de naturaleza penal.
Es competencia de la respectiva entidad determinar si en el caso concreto este llamado de atención está tipificado.
En todo caso, el propietario del bien afecto a la servidumbre podrá obtener una indemnización por la imposición de la misma.
Así lo recordó el Consejo de Estado luego de dejar sin efectos una sentencia proferida por un juzgado administrativo en la que ordenaba indemnizar a un recluso del INPEC, pese a que ya había una orden judicial preexistente que lo reparaba por los mismos hechos.
En el examen de procedibilidad de la medida solicitada deberá verificarse la concurrencia de los elementos tradicionales que ameritan la imposición de la cautela.
La Corte Constitucional explicó que este debido proceso no es un concepto absoluto, sino que presupone distinciones ordenadas por la propia Carta Política y por la ley.
La Sección Segunda del Consejo de Estado afirmó que el derecho a la prima técnica se puede consolidar de dos formas.
La norma precisa que aplican cuando el objeto del proceso consista en la consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte.
El Consejo de Estado declaró la nulidad del Concepto 002501 del 2019 de la Dian, también identificado con el Oficio 026356 del 2019.
Esto para finalizar los procesos de implementación de la ruta de declaratoria y tomando en consideración que la mayoría de los procesos se encuentran en la fase II de la ruta.
Si bien fueron recaudados y conforman el balance presupuestal de la vigencia, no están disponibles por la situación irregular.
El alto tribunal concedió una tutela en contra de una decisión de segunda instancia que había revocado el fallo condenatorio. Para la Sala, dicha decisión incurrió en defecto fáctico por inadecuada valoración del material probatorio.
La Sección Segunda del Consejo de Estado explicó que el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en defectos fácticos y exceso ritual manifiesto en el caso concreto.
El alto tribunal revocó un fallo que rechazó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por presuntamente haber operado la caducidad. La Sala encontró que la demanda fue presentada a tiempo dada la suspensión de términos decretada por la pandemia.
Lo que constituye la inhabilidad es la intervención en la celebración de contratos y no su ejecución, indicó el DAFP.
La Corte concedió una tutela a un hombre a quien su EPS le condicionaba la entrega de algunos de sus medicamentos a que se trasladase a un municipio distinto al de su domicilio, pese a ser un paciente de alto riesgo.
Los derechos pensionales que no responden a las condiciones que determinan la competencia de otras autoridades es de competencia de Colpensiones.
Este fenómeno se enmarca en la causal de nulidad relacionada con que los documentos contienen datos contrarios a la verdad o son falsos.
La Corte negó, en sede de revisión, una acción de tutela a una mujer que pretendía la reliquidación de su pensión gracia de docente ya que no era liquidada con el salario de su último año laborado.
El Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución 1946 del 2021 para las elecciones que se llevarán a cabo el 13 de marzo del 2022.
Beneficios de este convenio se extienden a personas que trabajen o hayan trabajado en otro país y se aplica en Colombia a las prestaciones dispuestas en el Sistema de Pensiones.
También modifica lo relacionado al término establecido para la conformación de las listas de elegibles para los concursos del sistema específico de carrera de la Aeronáutica Civil.
El Consejo de Estado confirmó una condena en abstracto contra la Rama Judicial por los perjuicios ocasionados a una mujer por no devolverle oportunamente unas máquinas de coser con las que laboraba y que le fueron incautadas al momento de su captura.
En la norma se indica que el seguimiento a la implementación de los planes especiales de intervención integral (PEII) estará a cargo del delegado presidencial ante el comité territorial ZEII.
La Sección Tercera del Consejo de Estado precisó los efectos y alcances de la cesión de un contrato.
La Corte Constitucional concedió una acción de tutela a 107 personas del departamento de Bolívar en contra de la ANT, con el fin de que la entidad adelantara los trámites administrativos correspondientes dentro procesos de acceso a tierras.
Según el Consejo de Estado, el alcance y aplicación de los preceptos controlados se sujeta a los condicionamientos dispuestos por la Corte Constitucional.
La solicitud de prórroga deberá elevarse por escrito al nominador y acompañarse de los documentos que la justifiquen.
La ANI debe efectuar registro y reporte en relación con otros hechos económicos específicos vinculados con su actividad de soporte en lo que atañe a la gestión contractual.
La Contraloría General también adoptó la herramienta Formato único de informes de cobro coactivo (FUIC) de los procesos de cobro coactivo que adelanta la entidad.
Según jurisprudencia del Consejo de Estado, podría contemplarse una forma de manejo especial de dicha disponibilidad.
En todo caso, será necesario obtener, según el caso, las concesiones, permisos y licencias correspondientes.
Así lo explicó el Consejo de Estado a través de un concepto de su Sala de Consulta. De la misma manera explicó cómo deberán fijarse los detalles concernientes a la liquidación de la entidad una vez termine su mandato.
La Sección Primera del Consejo de Estado precisó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente fijado en la Sentencia SU-427.
Proveedores de redes y telecomunicaciones móviles deben inspeccionar los códigos IMEI de los equipos activos en sus redes.
La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Fredy Ibarra, Ana María Charry y Pedro Pablo Vanegas como nuevos consejeros de las secciones Tercera y Quinta, así como de la Sala de Consulta y Servicio Civil del alto tribunal.
Cuando el bien es dejado en abandono el prestador adquiere un derecho de retención en relación a los gastos asociados.
El Consejo de Estado precisó que pese a la responsabilidad compartida, los municipios deben implementar y ejecutar políticas para preservar el medio ambiente.
Estas medidas rigieron desde el 13 de julio al 31 de agosto del 2020 y se tomaron en el marco de la emergencia sanitaria.
El Consejo de Estado decretó una medida cautelar mediante la cual suspendió un artículo del código de ética de una universidad pública que consagra una inhabilidad para inscribir candidatos a la rectoría o al consejo superior de la institución.
El Consejo de Estado declaró la nulidad del acto administrativo que negó la remisión de la iniciativa legislativa.
La Sección Tercera del Consejo de Estado analizó este contrato estatal y explicó su desarrollo normativo.
En lo corrido del año, la variación del IPC total fue 3,13 %. Esta variación fue mayor en 2,01 que la reportada en el mismo periodo del año anterior.
Se adiciona un nuevo numeral al artículo 2.2.22.2.1. del Decreto 1083 del 2015.
Esto para absolver el impedimento declarado por Luis Ernesto Gómez, secretario distrital de Gobierno.
Para lograr un derecho constitucional que nos incluya, no podemos esperar que la Corte Constitucional lo construya sola, así esta sea paritaria.
A pesar de las modificaciones incorporadas, conceptos inspiradores como el pluralismo, la tolerancia y el respeto al amplio catálogo de derechos siguen intactos.
La Carta Política consagró varias modificaciones a la administración de justicia que obtuvieron logros, pero hoy también se evidencian algunos desafíos y problemas pendientes.
Esta capacidad jurídica no se limita a la actividad contractual propiamente dicha, sino que proyecta sus efectos en el ámbito procesal, acorde con el artículo 6 de la Ley 80.
Para el alto tribunal, dicha reglamentación tiene reserva de ley, por lo que el Gobierno no podía ser facultado ordinariamente para llevarla a cabo.
El Estado tiene atribuida la función pública de administrar justicia y de promover los mecanismos que viabilicen la resolución de los conflictos y la aplicación del derecho
Los vigilados y obligados a cumplir con dicha disposición podrán efectuar el pago en una o hasta en dos cuotas así: primera cuota, 31 de agosto del 2021 y segunda cuota, 30 de septiembre.
Si bien son dispositivos cuyo uso tiene autorización legal, los lugares donde se van a instalar deben ser determinados.
Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los numerales 3 y 4 del artículo 1º del Acuerdo PSAA 12-9338 del 2012.
La decisión de autorizar o negar la realización de acciones conjuntas es exclusiva del Contralor General de la República.
Así lo habría decidido hoy la Corte Constitucional luego de estudiar la tutela interpuesta en contra de la decisión proferida en 2019 por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la que anuló la curul de Robledo por doble militancia.
La Sección Tercera consideró procedente la aplicación del título subjetivo de la falla del servicio cuando se demuestra que el uso de la fuerza es desproporcionado o excesivo.
El Consejo de Estado consideró que la solicitud no contenía argumentos jurídicos que explicaran la razón de la medida.
De ser así, debe declararse cada componente por la subpartida correspondiente y corregirse las declaraciones ya presentadas.
Así lo reiteró el Consejo de Estado luego de declarar la nulidad de una resolución de revocatoria directa expedida por Mintrabajo. Esta permitía la conformación de una nueva junta directiva dentro de una organización sindical.
Solo existe inhabilidad si está basada en una sentencia judicial ejecutoriada o en un fallo administrativo en firme.
Esta figura tiene varias manifestaciones, algunas consagradas en la misma Carta Política y otras introducidas por la Ley 1475 del 2011, precisó la Sección Quinta del Consejo de Estado.
La norma comprende modificaciones a aspectos del proceso disciplinario en materias como la doble instancia y la doble conformidad, así como la división en las fases investigativas y entre tipo de procesos.
Así lo señaló el Consejo de Estado en el marco del control automático de legalidad. Dicha circular flexibilizó las formalidades y estableció mecanismos para garantizar la operación del programa Colombia Mayor durante la pandemia.
Así lo consideró la Corte Constitucional al concederle una acción de tutela a la entidad en contra del fallo de un tribunal que le ordenó pagar una millonaria suma por concepto de intereses moratorios dentro de un proceso de sustitución pensional.
La tasa de desempleo para la población joven fue 23,1 % para el total nacional y 25,9 % en las 13 ciudades y áreas metropolitanas.
La CNDJ emitió una sanción ejemplarizante contra un juez que demoró la entrega de dineros de la salud de una EPS en liquidación.
Es improcedente la prelación de fallo de sustitución pensional cuando no se acredita la afectación del mínimo vital y del estado de salud.
Así lo señaló el Consejo de Estado luego de negar una nulidad simple en contra de una resolución mediante la cual la CNSC reincorporó a una empleada del extinto DAS dentro de la planta de la Fiscalía General de la Nación.
Ejercer prácticas tarifarias discriminatorias para el acceso de residuos sólidos se considera una restricción injustificada.
Si bien no cuentan con personería jurídica, son entidades con autonomía administrativa y presupuestal.
La entrevista, como factor accesorio y secundario de la selección, no tiene carácter eliminatorio, sino clasificatorio.
La licencia ambiental es una autorización que debe concederse de manera previa a la iniciación del proyecto, obra o actividad que pueda producir impacto ambiental.
En sentencia dada a conocer recientemente, el alto tribunal explicó que el acto de nombramiento de Claudia Blum como canciller no había sido proferido con “desviación de poder” por parte del Presidente de la República.
La transferencia de bienes en materia de salud tiene sólido fundamento en las reglas del derecho privado que gobiernan la contratación estatal.
Las solicitudes de modificación a las ASUE podrán solicitarse por el titular en cualquier momento, en vigencia de las mismas y se surtirán de forma automática, conforme al procedimiento que defina eI Invima.
El contratista tiene el deber de continuar prestando el servicio o ejecutando la obra, así surjan circunstancias imprevistas que hagan más oneroso el cumplimiento de su prestación.
Es de recordar que mediante el Decreto 1995 del 2016 se creó la CSIVI, como la instancia conjunta entre el Gobierno y los exintegrantes de la FARC.
Este evento tuvo una excelente acogida en las diferentes redes sociales de los miembros del comité organizador.
El alto tribunal precisó que la entidad dejó de regular un aspecto fundamental que garantizaba la objetividad, transparencia e imparcialidad del proceso de selección.
De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, así como con lo previsto en la Ley 57 de 1985, por la cual se ordenó la publicidad de actos y documentos oficiales, resultaría posible el establecimiento y cobro de una tasa por la expedición del paz y salvo del impuesto predial.
En los contratos que deban cumplirse en Colombia un servicio es nacional si además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en el país.
A la luz del artículo 242 del Código de Procedimiento Civil (ahora Código General del Proceso), se les impone a las partes el deber de colaborar con los peritos, de facilitarles los datos, las cosas y el acceso a los lugares que ellos consideren necesarios para el desempeño de su cargo.
El litigio se produjo porque al habérsele atribuido al concesionario estos incumplimientos el ministerio autorizó que la licencia ambiental para el desarrollo del proyecto fuera cedida a Ecopetrol.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió ampliar el plazo que permite a los partidos y movimientos políticos que no lo tengan previsto en sus estatutos, puedan realizar sus convenciones de forma no presencial.
Así lo acaba de confirmar el Consejo Superior de la Judicatura a través de sus redes sociales. Es la tercera vez en este año que es aplazada la aplicación de las pruebas, la cual iba a realizar el próximo 4 de julio.
El Consejo de Estado negó las pretensiones de un hombre que pretendía ser indemnizado por la Fiscalía al considerar que por haber sido absuelto dentro de un proceso penal que se adelantó en su contra su privación de la libertad había sido injusta.
La Sala Plena del Consejo de Estado inaplicó los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 del 2021, por ser contrarios a los artículos 29, 229, 237 y 238 de la Constitución Política.
Las vacunas adquiridas serán entregadas por la UNGRD a las personas jurídicas, quienes podrán definir la población beneficiaria conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud.
Ayer fue aprobada en el Congreso la reforma al Código Disciplinario propuesta por la Procuraduría. Las facultades jurisdiccionales y la ampliación de la planta de la entidad son los puntos más polémicos.
La experiencia de este litigio resulta de gran interés para el Estado colombiano y sus futuras actuaciones en este ámbito.
Todos los usuarios deben realizar la preinscripción en el SIRNA y allegar el formulario único de múltiples trámites diligenciado junto con los demás requisitos.
La medida suspende los términos de entrega al depósito o a la zona franca, así como los términos para solicitar y ejecutar el régimen de tránsito aduanero en todo el territorio nacional, también para realizar y ejecutar el tránsito aduanero internacional.
Es creciente la falta de legitimidad del Estado que agoniza en medio de normas que paralizan de miedo a quienes tienen que administrarlo.
Las entidades deberán continuar con el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad adoptados por Minsalud, e implementar acciones para el bienestar de los servidores.
La medida cautelar de urgencia obedece a una acción de tutela presentada por los comerciantes del sector.
El automotor está con miras a seguir en el comercio si aún está en estado útil. De lo contrario, se hará desintegración.
Se reglamenta la experiencia adquirida antes de la aprobación del pensum académico, mediante prácticas laborales propias de la profesión, para que sea tenida en cuenta como experiencia profesional.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, invitó a la ciudadanía a que no deje de participar en esta construcción colectiva de la iniciativa. Conozca la página web en la que los interesados pueden participar.
A pesar del pico epidemiológico, las medidas obedecen a que el plan de vacunación ya está en marcha
En eventos como este no se requiere individualizar al causante del daño para imputar responsabilidad al Estado.
Concluyeron los ciclos de foros virtuales para recoger propuestas sobre el proyecto de reforma tributaria, organizados por el Gobierno y el Congreso. Sin embargo, aún está habilitado el sitio web en donde la ciudadanía puede participar.
Así lo determinó el Consejo de Estado luego de conceder una acción de tutela a una mujer a quien le declararon desierto el recurso por no haber pagado el costo de la certificación de copias requerida para su trámite.
En caso de que el organismo o entidad no esté vinculado a este sistema, el servidor deberá presentar de forma física la declaración de bienes y rentas a la unidad de personal.
