Retén social y fuero de estabilidad laboral reforzada del prepensionado son dos figuras diferentes
Los dos amparos tienen en común que operan en favor de los trabajadores que están a tres años o menos de pensionarse.
Los dos amparos tienen en común que operan en favor de los trabajadores que están a tres años o menos de pensionarse.
Para lograr un derecho constitucional que nos incluya, no podemos esperar que la Corte Constitucional lo construya sola, así esta sea paritaria.
A pesar de las modificaciones incorporadas, conceptos inspiradores como el pluralismo, la tolerancia y el respeto al amplio catálogo de derechos siguen intactos.
Durante estas tres décadas, el alto tribunal se ganó un prestigio interno y externo que avala el rol que le corresponde ejercer dentro de nuestro Estado social y democrático de derecho.
La justicia y su administración serán ejes centrales de la estructura del Estado constitucional, pero también de los ciudadanos, a quienes alberga.
La Carta Política consagró varias modificaciones a la administración de justicia que obtuvieron logros, pero hoy también se evidencian algunos desafíos y problemas pendientes.
El presidente de Colombia simboliza la unidad nacional. Es jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa.
ÁMBITO JURÍDICO conversó con Antonio Navarro Wolff, el único sobreviviente de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que finalmente dio origen a la Constitución Política en 1991, para conocer su balance de las tres décadas que pasaron desde ese entonces.
La abogada Luisa Fernanda Cano, experta constitucionalista y doctora en Derecho de la Universidad de los Andes, presenta un balance y responde sobre las inquietudes que surgen alrededor de las propuestas reformistas a la Constitución.
Para el alto tribunal, dicha reglamentación tiene reserva de ley, por lo que el Gobierno no podía ser facultado ordinariamente para llevarla a cabo.
El demandante consideró que las disposiciones atacadas desconocen el artículo 121 de la Constitución, por extralimitación en el ejercicio de las facultades extraordinarias.
Estos exámenes deben realizarse con respeto a los derechos a la autonomía, a la intimidad y a la información de los trabajadores.
Si bien son dispositivos cuyo uso tiene autorización legal, los lugares donde se van a instalar deben ser determinados.
Los organismos se organizarán por deporte, modalidades deportivas o por discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1946 del 2019.
Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los numerales 3 y 4 del artículo 1º del Acuerdo PSAA 12-9338 del 2012.
La notoriedad de un nombre comercial no constituye prueba de la notoriedad de una marca, explicó la Sección Primera del Consejo de Estado.
Así lo habría decidido hoy la Corte Constitucional luego de estudiar la tutela interpuesta en contra de la decisión proferida en 2019 por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la que anuló la curul de Robledo por doble militancia.
El Consejo de Estado consideró que la solicitud no contenía argumentos jurídicos que explicaran la razón de la medida.
La persona afectada puede acudir a la acción de tutela, con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales.
La Comisión de Disciplina Judicial indicó que esta conducta supone un desconocimiento del deber de atender con diligencia los encargos profesionales. También explicó los alcances del grado jurisdiccional de consulta dentro de las decisiones de la Corporación.
De ser así, debe declararse cada componente por la subpartida correspondiente y corregirse las declaraciones ya presentadas.
Estos fondos o recursos específicos tendrán el mismo carácter del fondo de imprevistos.
Corte Constitucional condicionó el numeral 6 del artículo 52 de la Ley 1709 del 2014, que modificó el artículo 74 de la Ley 65 de 1993.
Solo existe inhabilidad si está basada en una sentencia judicial ejecutoriada o en un fallo administrativo en firme.
Cualquier alteración o mutación en la situación jurídica en la familia de los nacionales en el exterior debe estar acorde con las regulaciones internas
Esta figura tiene varias manifestaciones, algunas consagradas en la misma Carta Política y otras introducidas por la Ley 1475 del 2011, precisó la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Según un demandante, la norma no es indispensable en nuestro ordenamiento jurídico.
La Comisión de Disciplina Judicial absolvió a un abogado que no asistió a dos audiencias en las que fungía como abogado defensor, debido a que en el proceso no se probó que hubiese sido citado por el juzgado.
El instrumento, que fue adoptado el 27 de junio del 2013, forma parte de un cuerpo de tratados internacionales sobre derecho de autor administrados por la OMPI.
La norma comprende modificaciones a aspectos del proceso disciplinario en materias como la doble instancia y la doble conformidad, así como la división en las fases investigativas y entre tipo de procesos.
Así lo consideró la Corte Constitucional al concederle una acción de tutela a la entidad en contra del fallo de un tribunal que le ordenó pagar una millonaria suma por concepto de intereses moratorios dentro de un proceso de sustitución pensional.
Es improcedente la prelación de fallo de sustitución pensional cuando no se acredita la afectación del mínimo vital y del estado de salud.
El artículo 37A condicionado modificaba el artículo 85A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
La norma permite que entre en vigor el tratado con la nación asiática para los colombianos y chinos que se encuentran condenados por diferentes delitos en cada uno de los estados, a fin de que puedan terminar de pagar sus penas en los países de su nacionalidad.
Según la Sala Penal, las ayudas brindadas por los abuelos contribuyen a aminorar el impacto negativo sobre el desarrollo del menor, pero no sustituyen el deber del padre.
Si bien no cuentan con personería jurídica, son entidades con autonomía administrativa y presupuestal.
La Comisión de Disciplina Judicial encontró responsable disciplinariamente a un abogado de falta a la lealtad y honradez con los colegas, consagrada en el artículo 36 de la Ley 1123 de 2007.
La entrevista, como factor accesorio y secundario de la selección, no tiene carácter eliminatorio, sino clasificatorio.
En sentencia dada a conocer recientemente, el alto tribunal explicó que el acto de nombramiento de Claudia Blum como canciller no había sido proferido con “desviación de poder” por parte del Presidente de la República.
Procede cuando los ingresos hayan disminuido en atención a la implementación de alguna alternativa laboral.
Mintrabajo publicó un proyecto de norma para definir un plan transitorio de acción sobre la inspección, seguimiento, vigilancia y control a las juntas regionales.
La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección del Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar.
La Corte Constitucional concedió una tutela a un recluso y ordenó que le fuera garantizada al menos una visita virtual al mes con su cónyuge y su hijo, quienes están recluidos en otras cárceles del país.
En el presente escrito, contesto algunas inquietudes formuladas por una prestigiosa profesora, con ocasión de una columna publicada en este medio de comunicación.
Actualmente, la escritura de la mola no está protegida, ni salvaguardada al pueblo por parte de la legislación colombiana.
Este evento tuvo una excelente acogida en las diferentes redes sociales de los miembros del comité organizador.
Nuestra historia de conflicto armado y violencia exige que en el país cada una de las áreas jurídicas deba ser analizada desde la protección de los derechos humanos.
El reto que ahora tenemos los juristas es afrontar estos cambios para el mejoramiento de nuestros servicios.
Cuando hay oscuridad sobre el pasado, formamos imágenes caricaturescas de nuestros antecesores, simplificando los dilemas éticos y políticos que enfrentaron.
El uso de ciencia de datos y motores de procesamiento en la identificación de documentos como material probatorio ya es una realidad.
No existe una norma que establezca requisitos a las firmas constituidas como personas jurídicas que tienen como objeto principal prestar servicios relacionados con la abogacía.
Debemos actuar conjuntamente, para que todos podamos sacar adelante nuestra profesión y cambiar así la triste realidad que nos agobia.
El accionante acusó a la frase de vulnerar el artículo 13 de la Constitución, al generar un supuesto trato discriminatorio entre las diferentes personas que podrían ocupar una notaría vacante.
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, por medio de la Resolución A-0259 del 2020, adoptó medidas de carácter transitorio en materia de “otorgamientos ambientales”.
La norma señala que el no registro de las facturas electrónicas de venta como título valor no impide su constitución como tal, siempre y cuando cumplan con la legislación comercial respectiva.
Dian. Con la propuesta se busca dar aplicación a lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 1609 del 2013, con el propósito de facilitar y dinamizar las operaciones de comercio exterior.
El amparo fue interpuesto debido a que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, pese a haber reconocido la sustitución pensional a la que tenía derecho.
La Sala Laboral de la Corte casó una sentencia de segunda instancia que había negado las pretensiones a un grupo de trabajadores que fueron despedidos de una empresa por su participación dentro de una huelga.
En las cuentas de Facebook y Twitter, la Vicepresidenta de la República publicó un mensaje en el cual consagraba al país a la Virgen de Fátima con el objetivo de mitigar los efectos negativos ocasionados por la pandemia del coronavirus (covid-19).
El Derecho es instrumento de regulación, pero también es instrumento de cambio. Y, sobre todo, es garantía de convivencia social.
Cabe precisar que esta disposición establece que “en todos los casos en que el profesional instructor o el profesional acusado lo consideren indispensable o conveniente podrán asesorarse de abogados titulados”.
La Corte Constitucional reiteró varias reglas jurisprudenciales sobre el derecho a la salud.
En los contratos que deban cumplirse en Colombia un servicio es nacional si además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en el país.
A la luz del artículo 242 del Código de Procedimiento Civil (ahora Código General del Proceso), se les impone a las partes el deber de colaborar con los peritos, de facilitarles los datos, las cosas y el acceso a los lugares que ellos consideren necesarios para el desempeño de su cargo.
En virtud del principio de igualdad, el Ministerio del Trabajo propone eliminar para las personas jurídicas de derecho privado el requerimiento de tener objeto social exclusivo para prestar servicios de gestión y colocación de empleo.
Si bien las agrupaciones privadas, en virtud del derecho de asociación, pueden libremente estipular las reglas que las rigen (conjuntos residenciales), no pueden desconocer las garantías fundamentales de las personas.
El Estatuto Arbitral señala que los árbitros están impedidos por las mismas causales previstas para los jueces en el procedimiento general.
Salvo tres puntos tangenciales, esta normativa tampoco busca transformar la justicia penal; sus objetivos son ajenos al proceso, al procesado, a sus derechos humanos fundamentales.
La decisión comentada es un aliciente para continuar pensando el procesal penal como derecho constitucional (¡y convencional!) aplicado.
El no uso de una marca para los productos o servicios sobre los cuales se solicitó puede ser sancionado con la cancelación de su registro.
El Consejo de Estado negó las pretensiones de un hombre que pretendía ser indemnizado por la Fiscalía al considerar que por haber sido absuelto dentro de un proceso penal que se adelantó en su contra su privación de la libertad había sido injusta.
En ambas cámaras fueron aprobados varios informes de conciliación y proyectos de ley en último debate.
La Sala Plena del Consejo de Estado inaplicó los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 del 2021, por ser contrarios a los artículos 29, 229, 237 y 238 de la Constitución Política.
Fue aprobada en el Congreso la conciliación de la reforma a la Ley 270 de 1996. Conozca cómo quedaron algunos de sus puntos más polémicos.
Colombia necesita un diálogo político, evitando caer en intentos de refundar el sistema constitucional, que alterarían sus pilares ante la coyuntura actual.
La noción de esta dependencia comprende la falta de condiciones materiales mínimas en cabeza de los beneficiarios del causante de la pensión de sobrevivientes.
Ayer fue aprobada en el Congreso la reforma al Código Disciplinario propuesta por la Procuraduría. Las facultades jurisdiccionales y la ampliación de la planta de la entidad son los puntos más polémicos.
La procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales podría convertirse para algunos en un escollo para la justicia arbitral, pues sus principios de voluntariedad, excepcionalidad y transitoriedad se encontrarían en riesgo.
Incluye la imprescriptibilidad de la acción penal cuando se trate de delitos cometidos contra menores de edad.
Ayer se aprobó la reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. El presupuesto de la rama y los requisitos para altos cargos son algunas de las modificaciones que generan controversia.
Se está ante el presidente y las fuerzas militares cogobernando territorios, actuando por fuera del orden establecido en 1991, se está ante la particular militarización que ha caracterizado a la restringida democracia colombiana.
Este libro traza un panorama sobre la complejidad de la decisión judicial, cuáles son los criterios fijados normativamente para motivar la decisión, entre otros.
Esta obra aborda aspectos como las diversas formas de violencia en las parejas adolescentes, la violencia en las parejas homosexuales o con un miembro transgénero.
Según Jhon Caballero Martínez, no resulta sencillo definir esta innovación, en tanto que su visión es diversa respecto del campo de aplicación que le involucre.
Se escribe República, con mayúscula inicial, cuando forma parte de la denominación oficial completa de un Estado, República de Colombia, y cuando forma parte del nombre propio de una entidad.
Se puede pensar que la firma digital y la firma electrónica tienen los mismos efectos, pero no es así.
Los cuestionamientos son por las herramientas jurídicas elegidas, que no privilegian el diálogo como principal instrumento de concertación en un Estado democrático.
El déficit externo de Colombia es relativamente moderado y, por lo tanto, no requiere de un gran esfuerzo para conjurarlo. Gran parte es financiado por inversión extranjera directa.
Se discute en el Congreso un marco legal que permitiría actualizar las reglas para las aseguradoras en un entorno de rápida transformación.
Los pasos hacia el establecimiento del arbitraje tributario interno son aún tímidos en América Latina, pero van por buen camino en nuestro país.
¿Cuál es la vía por la cual las entidades financieras se enteran de la existencia de investigaciones penales en contra de sus clientes? Reflexiones desde el Derecho Penal.
Este paso inicial será determinante para que, con la confianza de todos y por la vía institucional, tanto los promotores del paro como el Gobierno Nacional tengan una hoja de ruta constitucional y ordenada por la justicia.
La Sala Civil ha recogido la rigidez de la tesis que pregona la necesidad de sustentar aun ante el superior la apelación ya sustentada por escrito al interponer la impugnación.
Pocas cosas producen efectos más nocivos para el sistema democrático que el retiro de proyectos sin oportunidad de discusión, en temas técnicos, como consecuencia de movilizaciones propias de un estado de opinión.
El diálogo y la negociación no son conceptos dispares, en la medida en que es el diálogo, como valor ético, el camino por donde transita la negociación para armonizar intereses diversos.
Según Juan Manuel Charry, el derecho de manifestación no comprende la negociación de decisiones ni compromisos con las autoridades públicas.
El cumplimiento es la garantía que se ofrece por parte del empresario a los empleados, a terceros y al Estado de que hay una clara política de respeto y acatamiento de las normas.
Las vacunas que adquieran los privados deben destinarse exclusivamente a la vacunación gratuita de los trabajadores o contratistas y, de manera subsiguiente, a sus familiares.
La experiencia de este litigio resulta de gran interés para el Estado colombiano y sus futuras actuaciones en este ámbito.
La Corte Constitucional encontró que el artículo 98 de la Ley 2008 del 2019 violaba el principio de unidad de materia. El alto tribunal recordó los requisitos específicos de constitucionalidad que deben cumplir las normas generales incluidas dentro de leyes de presupuesto.
La medida suspende los términos de entrega al depósito o a la zona franca, así como los términos para solicitar y ejecutar el régimen de tránsito aduanero en todo el territorio nacional, también para realizar y ejecutar el tránsito aduanero internacional.
En el marco de la celebración de los 50 años del Código de Comercio, la firma Brigard Urrutia realizó un evento sobre Derecho Societario en la región, sus avances y retos.
Es creciente la falta de legitimidad del Estado que agoniza en medio de normas que paralizan de miedo a quienes tienen que administrarlo.
La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 140 del presupuesto del año 2020. Para el alto tribunal, se vulneró el principio de unidad de materia.
Ayer fue aprobado el informe de conciliación del proyecto de ley que regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos. Conozca la nueva norma.
Así lo consideró la Corte Constitucional al resolver la tutela interpuesta por el exgobernador Luis Alfredo Ramos dentro de su caso. El alto tribunal también explicó que la filtración no genera automáticamente la separación del proceso del magistrado a cargo del expediente.
Ministerio de Salud deberá velar porque a la totalidad del personal que ha prestado estos servicios se les garantice el reconocimiento.
En eventos como este no se requiere individualizar al causante del daño para imputar responsabilidad al Estado.