Ser abogado hoy en Colombia

Carlos Mario Molina Betancur

Procurador judicial II administrativo

Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

 

Cicerón, Ulpiano, Couture, Calamandrei y Kelsen nunca pudieron imaginar que la profesión que tanto amaron y que tanto brillo aportó al mundo civilizado iba a ser un día asimilada a una actividad delincuencial. En efecto, la creencia popular de que los abogados les quitan sus bienes a sus clientes o los dejan en la calle después de ganar un proceso no parece ser del todo una leyenda en nuestro país.

 

Las evidencias

 

En efecto, la triste realidad de nuestra profesión nos lleva a constatar que, hasta el 2019, 12.574 profesionales del Derecho fueron investigados por el Consejo Superior de la Judicatura, de los cuales 11.545 fueron sancionados y 1.029, absueltos. Dentro de estas cifras, 365 fueron excluidos de la profesión; 7.737, suspendidos; 3.259, censurados; 14, amonestados, y 170, multados. Esto nos revela la alarmante cifra de un abogado sin tarjeta profesional cada ocho días. Una cifra todavía subestimada, si se considera que en estos dos últimos años la corrupción judicial ha aumentado a causa de la pandemia, que una tercera parte de los delitos cometidos por abogados no son denunciados y que de los más de 300.000 con tarjeta profesional muchos son abogados de entidades públicas, algunos capturados por la fiscalía por delitos relacionados con el indebido ejercicio de su profesión: estafa, soborno y falsedad documental.

 

Desafortunadamente, los litigantes no son los únicos implicados en esta vergonzante práctica, pues algunos administradores de justicia también contribuyen al desprestigio en el que se encuentra la profesión. Tres expresidentes de la Corte Suprema enjuiciados por corrupción (“cartel de la toga”), un exfiscal anticorrupción, varios congresistas y más de 10.000 funcionarios en procesos disciplinarios es solo la punta del iceberg que oculta una terrible situación de descomposición de una parte del sistema judicial y de la administración pública del país.

 

Este fenómeno de corrupción pública tiene estrechos nexos con la corrupción privada (caso Odebrech), y es una práctica tolerada por muchos, en donde la desviación del poder se evidencia en conductas ilegales de funcionarios que tienen decisión y la ejercen en beneficio propio o de un tercero (cohecho), en detrimento del mandato especial por el que fueron investidos (peculado) o como del funcionario que presiona al abogado para obtener dinero a cambio de favores personales (soborno), delitos por los cuales más se sancionan a los funcionarios en Colombia.

 

Pero la corrupción no es solo de algunos jueces y funcionarios, casi siempre vienen acompañados de abogados contratistas, interventores, curadores, notarios, testigos, peritos, auxiliares, secretarios de despacho, sustanciadores, notificadores, etc. Estos actores traicionan la confianza pública y el mantenimiento de la recta y digna administración de justicia sin ningún tipo de control o sanción ejemplarizante.

 

Por ello, tal vez, el Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe de 2019, del que se ocupa Transparencia Internacional, arroja la percepción ciudadana de una justicia corrupta en Colombia, la cual se ha incrementado considerablemente en los últimos años. En estas estadísticas, la relación entre justicia y soborno pasó del 11 % al 12 %, entre el 2017 y el 2019. En cuanto a justicia y criminalidad, pasó del 37% al 47 % en el mismo periodo. De igual manera, la percepción ciudadana sobre la impunidad de la corrupción es alta, según el Índice Global de Impunidad 2020, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (México), en donde Colombia ocupa el deshonroso lugar 49, entre 69 países analizados.

 

La esperanza

 

Afortunadamente, no todo es delincuencia en la profesión. En efecto, de los más de 13.000 abogados que se gradúan anualmente, un gran número son reconocidos litigantes y meritorios funcionarios que ponen el pecho diariamente para cambiar esta triste realidad.

 

En épocas difíciles, muchos magistrados prefirieron ser inmolados en el Palacio de Justicia que ceder a la presión criminal; varios ex ministros de Justicia, procuradores y fiscales también han padecido los embates de la criminalidad por ejercer dignamente sus cargos y otros candidatos presidenciales prefirieron entregar sus vidas antes que callar lo que muchos prefirieron no denunciar.

 

Más recientemente, muchos funcionarios y abogados decidieron prestar sus hogares, donar tiempo de sus familias y trabajar incansablemente por sacar adelante un país en pandemia que parecía condenado al colapso administrativo. Otros profesionales han colaborado con la Fundación Probono para trabajar por aquellos que no tienen quién los defienda y unos más trabajan silenciosamente en sus escritorios para investigar, escribir y enseñar el deber ser del Derecho y la mejor manera de salir de esta profunda crisis.

 

Las propuestas

 

A propósito, algunos pensadores del Derecho han planteado la posibilidad de obligar legalmente a los abogados a denunciar las posibles actividades ilícitas de sus clientes, con el argumento de que ellos deben ser parte de la lucha contra la criminalidad. Al menos, la obligación del abogado de renunciar a defender a su cliente, si llega a tener pleno conocimiento de que es culpable y que sus honorarios provienen de actividades ilícitas.

 

De este tipo de sanciones se ocupan hoy los tribunales de ética en los consejos profesionales del mundo entero, pero como los abogados en Colombia no tiene tribunal de ética, es más fácil para los corruptos ejercer sus profesiones del lado del crimen y de las actividades ilegales. Sin embargo, una obligación de este calibre iría en contra del derecho constitucional de las personas de contar con una defensa jurídica digna y apropiada. Además, contrariaría la facultad que tienen los abogados de no tener que declarar en contra de sus clientes, lo que se asemeja al secreto profesional de los médicos y a la obligación de reserva que tienen los sacerdotes al escuchar los pecados de sus fieles.

 

En otros estrados se anuncian medidas extremas como el polígrafo en el sector justica, la creación de una policía judicial que investigue y vigile a los funcionarios sospechosos de corrupción, la elección popular de los jueces y hasta un tribunal especial para dirimir conflictos relacionados con la magistratura. Sin embargo, nada de esto parece viable sin una verdadera reforma al sistema judicial que englobe tanto la elección, como la formación y el control de los funcionarios encargados de impartir justicia en Colombia. En primer lugar, se debería reformar la elección de los altos magistrados, fortaleciendo la carrera judicial por méritos, para que el sistema judicial se vea dignificado sin tener que deberle su elección a un político o funcionario deshonesto.

 

En segundo lugar,  se debería mejorar la formación constante y periódica de los funcionarios judiciales, fortaleciendo la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la cual tendría la obligación de capacitar a todos los funcionarios de la rama con cursos y seminarios permanentes de actualización y conocimientos. En tercer lugar, se deberían crear órganos de control internos en la Rama Judicial, por lo que es imperativa la conformación de un tribunal de ética judicial, sin influencia externa y con relación directa con los jueces y magistrados activos para que sea la misma corporación la que los regule.

 

Lo anterior viene unido a dos otras reformas inaplazables: (i) la creación de un Colegio Profesional Nacional de Abogados, con el fin de profesionalizar el litigio, para que se deban colegiar quienes eligen esta profesión, y así poder recibir formación específica y apoyo económico para el correcto ejercicio de la abogacía. De allí debería emerger la creación de un respetado Tribunal de Ética que tenga como principal función la creación de modelos de conducta aceptables, que generen sentimientos de identidad y respeto por la profesión, con el fin de volver a la responsabilidad y alta vocación de servicio.

 

Y (ii) reformar los planes de estudio en las facultades de Derecho, para volver a sembrar en los estudiantes sentimientos profundos de respeto, justicia y solidaridad. Hoy, más que nunca, debemos formar abogados éticos, responsables, con valores y conscientes de la importancia que tiene su profesión en una sociedad, dado que es la mejor manera de restablecer el tejido social dañado en nuestro país y de recuperar la majestad que siempre tuvo la justicia y el ejercicio decoroso de la abogacía.

 

Con ello, debemos actuar conjuntamente, para que todos podamos sacar adelante nuestra profesión y cambiar así la triste realidad que nos agobia.