Una nueva regulación expedida por el Gobierno Nacional aspira a desarrollar la política de pago concebida por la Ley 1955 del 2019.

Los pagos hasta el límite de 41 UVT no constituyen base de retención en la fuente, razón por la cual no deben ser reportados en el certificado de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones.

Jueces deben eliminar cualquier forma de discriminación contra de la mujer y, también, incorporar criterios de género al solucionar los casos.

La discapacidad ha pasado de una visión restrictiva que limitaba los derechos de dichas personas a un enfoque encaminado a reconocer su libre ejercicio.

El prestador, de oficio, deberá descontar el cargo fijo, si la falla en la prestación tiene una duración igual o superior a 15 días dentro del mismo periodo de facturación.

Si en el contrato quedó pactada la etapa de liquidación o de cierre final de cuentas, es obligación de ambas partes agotar dicho procedimiento.

La calidad de abogado del disciplinado le permitía comprender el concepto de privación de la libertad y la incompatibilidad.

Para los economistas, debe primar la libre competencia, la cual se debe regir por las leyes del mercado: es decir por el pulso entre la oferta y la demanda.

Puede que el concurso de méritos no garantice que aprueben indefectiblemente los mejores candidatos, pero en cambio sí garantiza algo: que no ingresen los peores.

Esta vez, la Corte si rindió un servicio a la democracia.

No olvidemos que, para conjurar la enorme turbulencia económica que estamos atravesando, los Estados han debido adoptar medidas distantes de las que dictaría la ortodoxia económica.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, explicó que la cifra aprobada representa un crecimiento de 3,8 %, sin incluir deuda, frente al presupuesto de 2021.

Los indicios son medios de prueba que permiten el conocimiento indirecto de la realidad, explicó el Consejo de Estado.

La medida es conducente para evitar congestión judicial y brindar celeridad y seguridad jurídica al trámite.

Esta colaboración entre los dos gobiernos ratifica la posición de Colombia como un aliado de EE UU en la región y como un país abanderado de los derechos humanos a nivel mundial.

Además de no ejercer el derecho de defensa, no contestar la demanda hará presumir como ciertos los hechos.

Se entiende que, por virtud de la cesión, el segundo subroga al primero en sus derechos y obligaciones sin solución de continuidad.

Esta medida se enmarca dentro de la política que busca reemplazar los combustibles fósiles por energías más limpias.

En vida laboral es viable hacer varios traslados entre regímenes pensionales, sin que signifique que la administradora pueda omitir suministro de información.

Este es un procedimiento idóneo para poder demostrar a través de una prueba pericial o dictamen cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentó un accidente de tránsito.

Se trata de un concepto en el que la entidad hace un recorrido normativo y responde algunas consultas formuladas sobre la interpretación y aplicación de las normas en la materia.

La Corte Constitucional declaró inexequible el literal a) del artículo 1º de la Ley 2003 del 2019, pero aclaró el sentido del fallo.

Esta conducta delictiva afecta el patrimonio económico y tiene un sujeto activo cualificado, precisó el fallo.

Para aplicar a este criterio temporal, la información de los vehículos en el Runt debe coincidir con las características físicas consignadas en la licencia de tránsito.

Se ampliaría de manera gradual la cobertura de los derechos reconocidos en negociaciones previas, sin disminuir su nivel de satisfacción.

Las disposiciones cuestionadas condicionan la realización de dichas actividades al uso de buenas prácticas ambientales y la defensa del territorio.

Se exhortó a la Secretaría de Educación del Cauca y al Ministerio de Educación para que elaboren un diagnóstico sobre la infraestructura educativa del municipio.

Sin embargo, la imposibilidad de pagar no impedirá el acceso al mecanismo o la elegibilidad de este para su otorgamiento, en cuyo caso estará a cargo del Gobierno.

Si bien los pensionados pueden ser sujeto de discriminación, ello no es suficiente para exigir al legislador equiparar los elementos de liquidación.

El incentivo será procedente siempre que se cumplan con los requisitos previstos en el numeral 1° y en el parágrafo 1° del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, así como también con los señalados en los artículos 1.2.1.22.47. a 1.2.1.22.58. del Decreto 1625 del 2016.

Se vulneraron los derechos de la accionante al negarle las citas con la junta multidisciplinaria para que definiera los procedimientos necesarios.

Entre los principales objetivos se encuentra poner en marcha el repositorio de datos maestros (RDM), el cual vincula la información catastral y registral con la información de otros sectores.

Aunque las personas se hallen condenadas, inclusive privadas de la libertad, siguen gozando de ciudadanía.

La exclusión se continúa ejecutando sin menos cabo de la concesión de un espacio comercial para la venta y consumo de alimentos.

Para qué imponer medida de detención preventiva en audiencia preliminar, si al dictarse sentencia aflora el derecho al subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Según los demandantes, las fuerzas militares omitieron reforzar la seguridad en la región, a pesar de la arremetida de grupos violentos.

Las faltas a las normas de ética podrían implicar desde amonestación hasta la cancelación de su inscripción.

Según Laura Cristina Dib Ayesta, abogada experta en temas migratorios, pese a que Colombia recibe, a diario, a miles de extranjeros, las disposiciones nacionales tienen muchas falencias, sobre todo en materia de refugio.

La libertad de cultos no comprende el derecho de afectar bienes jurídicos fundamentales ajenos, menos el de la vida.

Por ahora, el documento emitido solo es válido en el país; sin embargo, el Ejecutivo construyó este certificado con plena observancia de las recomendaciones técnicas emitidas por la OMS.

La Corte profirió dos decisiones sobre el piso de protección social incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. En una declaró la exequibilidad condicionada de la medida, la cual será transitoria, debido a que en el otro fallo declaró, por cargos diferentes, la inexequibilidad de la norma a partir...

La jurisprudencia constitucional ha dicho que el perjuicio irremediable no es susceptible de una definición legal o reglamentaria.

En Colombia, pasamos de apreciar el trabajo a distancia como una alternativa lejana a la gran mayoría de trabajadores, a tener en el panorama tres opciones para implementarlo.

El Consejo de Estado confirmó una decisión que le ordena al presidente de la República así como al Ministro de Justicia dar cumplimiento al artículo 23 del Decreto 2204 de 1969, el cual dispone que estas entidades tienen la obligación de reglamentar lo concerniente a la remuneración de dichos...

No se puede acudir a estas figuras para pretender una revisión de los hechos, una nueva valoración de las pruebas o que se revierta la decisión tomada por el tribunal en el laudo.

En sentencia del 2019, la Corte Suprema de Justicia concluyó que en esta clase de incumplimiento no hay lugar a la resolución estipulada en el artículo 1546 del Código Civil.

El Consejo Superior de la Judicatura profirió un acuerdo que permite a los servidores judiciales seguir trabajando de manera preferente a través de la virtualidad. Con esto se ayuda a zanjar el debate existente en torno al regreso a la presencialidad en la justicia luego de la polémica desatada por...

Si en el escrito se indica la fecha de su efectividad, no es procedente que la administración lo acepte con efectos a partir de una fecha diferente.

La Corte Suprema de Justicia perdió, una vez más, la oportunidad de ofrecer claridad y estabilidad a los operadores jurídicos del país sobre esta regla.

Corresponde a las entidades establecer un procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo para prevenir dichas conductas.

La Corte Constitucional indicó una distinción entre los actos administrativos definitivos y los de trámite.

Según la reforma constitucional, la Cámara de Representantes tendrá 16 representantes adicionales para los periodos constitucionales 2022-2026 y 2026-2030.

La declaración inicialmente presentada se entiende como documento que reconoce una obligación clara, expresa y exigible.

El interesado en obtenerla deberá saber leer y escribir, tener mínimo 16 años de edad cumplidos y aprobar exámenes teórico y práctico.

Los usuarios podrán solicitar a los prestadores una visita al inmueble para realizar la respectiva clasificación, de acuerdo con cada regulación sectorial.

La ley indica que la funcionaria será remplazada mientras dure la licencia por los candidatos no elegidos que, según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral.

El Decreto 374 del 2021 amplió el plazo para el pago de cuotas de renta del año gravable 2020 de las micro y pequeñas empresas.

La situación se presenta cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en el servicio público.

Sin embargo, las EICE sí podrán, en ejercicio de sus facultades de jurisdicción coactiva, declararla.

La entidad busca contar con instrucciones claras y precisas dirigidas al agente interventor que contribuyan a la eficiencia de su labor y, en consecuencia, a la del proceso judicial de intervención, y eliminar la dispersión de documentos jurídicos.

La finalidad de esta prestación es constituir un ahorro a favor del empleado para cuando se encuentre cesante.

La Corte confirmó una decisión que declaró la unión marital entre un hombre y una mujer pese a que cuando empezó su relación esta era mayor de edad mientras que él apenas contaba con 14 años.

Las entidades podrán realizar los pagos del incremento y el retroactivo desde enero del 2021 a la fecha a todos los servidores públicos.

El alto tribunal le dio dos meses al Ministerio del Trabajo para que expida una regulación para el reconocimiento de dicha prestación en el Régimen de Prima Media con base en la nueva metodología.

Ajustan las condiciones de ejecución de los programas de cobertura de tasa, para optimizar tiempos y recursos asociados al trámite de restitución de coberturas al Tesoro Nacional.

El revisor fiscal no hace parte de la administración de la copropiedad y no le es permitido realizar coadministración.

La norma establece diferentes opciones de plazos y montos. De esta manera los interesados pueden acogerse a la alternativa más adecuada según su caso particular.

El bienio fijado para que una sentencia que declara la paternidad extramatrimonial surta efectos patrimoniales no corresponde a un término de prescripción.

La Corte declaró inconstitucional un parte contenido en el inciso 3º del artículo 1º de la Ley 2029 del 2020.

La modificación plantea el aumento del pago de giro previo del 50 % al 80 % de las dosis aplicadas y la simplificación de los requisitos para presentar la cuenta de cobro.

La realidad de las familias actuales es que han perdido la cultura del compromiso, de la solidaridad y del respeto entre sus integrantes.

Menos reformas aisladas y más visión integral, sistémica y de largo aliento se requiere, para decidir la reforma social que el país demanda.

Desde la década de los noventa, la Corte Constitucional ha proferido providencias, al tiempo que el Ministerio de Salud y Protección Social ha expedido resoluciones sobre la materia.

El conductor deberá portar los documentos y estos cumplir las características exigidas en Colombia.

Teniendo en cuenta que los tributos son el principal recurso económico del Estado moderno, es apenas natural que las constituciones establezcan unos principios fundamentales en la materia.

Lo ecordó la Corte al resolver un caso en el que se solicitaba la anulación de un acuerdo conciliatorio en el que se transó un pacto único de pensión entre el demandante y la empresa en la que laboró antes de la entrada en vigencia de la Ley 100/93.

Le corresponde actuar con toda la responsabilidad propia del cargo, sea que actúe en su calidad de principal o de suplente.

Derecho a la salud es fundamental y autónomo y su protección atiende al principio de integralidad: Corte Constitucional.

Así lo señaló la Corte Constitucional al conceder una tutela en contra de una decisión del Consejo de Estado que se abstuvo de reconocer el pago de indemnización por lucro cesante a la familia de una persona ejecutada extrajudicialmente por el Ejército.

La dotación es una prestación social que debe ser otorgada de manera periódica durante la vigencia de la relación de trabajo.

A los bebés les gustan las novedades. Mostrar deleite con la risa puede hacer que el adulto insista en seguir mostrando o intentando cosas nuevas que, en últimas, revierten en aprendizaje para el niño.

La participación en la prestación se basa en los principios del libre ejercicio de la actividad económica y de la iniciativa privada, dentro de los límites del bien común.

El entonces magistrado se concertó con funcionarios públicos y con particulares para abordar a congresistas, contra quienes cursaban indagaciones penales en única instancia en su despacho, a fin de adoptar decisiones contrarias a derecho y afectar el curso normal de las mismas.

Los BEP, un criterio de desempate en materia de licitaciones públicas y una tutela por parte de una antigua trabajadora del Seguro Social, entre los temas que estudió el alto tribunal.

El Consejo de Estado les advirtió a las autoridades accionadas que las órdenes dadas son de obligatorio y perentorio cumplimiento.

La Sala Plena de la Corte declaró la exequibilidad de la disposición del artículo 3 de la Ley 789 del 2002, que limita el acceso a dicho beneficio para personas con hijos menores de 18 años, independientemente del tipo de vínculo filial.

Dicha compensación no genera trabajo suplementario o de horas extras, pues el trabajador no está realizando ninguna labor adicional.

No aplica el reconocimiento económico a favor de los funcionarios públicos que coordinen o supervisen grupos internos de trabajo.

Es indispensable que las instituciones educativas consideren ciertos aspectos para garantizar y proteger su funcionamiento frente a la nueva realidad.

El impuesto se causa a favor del municipio donde esté el establecimiento de comercio o, en su defecto, en el municipio donde se perfeccione el contrato.

Así lo estableció la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del Acuerdo sobre cooperación financiera suscrito entre Colombia y Francia en 2016.

El plan se implementaría hasta el 2031 en los municipios clasificados como rurales y rurales dispersos o que hacen parte de los PDET.

Conozca el caso de una profesora que padecía cáncer, falleció antes del reintegro y el colegio fue condenado a cancelar todas las acreencia laborales.

La Comisión de Disciplina Judicial confirmó la sanción a un abogado de suspensión por dos menes en el ejercicio de la profesión y multa .

Se sancionó ayer la ley que extiende algunos de los beneficios de la Ley 82 de 1993 a los hombres cabezas de familia en materia de inclusión financiera, protección social y emprendimiento.

La entidad recibirá comentarios sobre el proyecto hasta el próximo 16 de agosto, a las 5:00 p. m.

Se devolvió la personería jurídica al partido luego de revocar la sentencia del Consejo de Estado, que negó la nulidad de unas resoluciones del Consejo Nacional Electoral.

La norma introduce cambios en las atribuciones del alcalde mayor, los alcaldes locales y las JAL, así como en el régimen de remuneración de los empleados del Distrito Capital.

La inserción productiva se haría en sectores como el agro, el transporte, minas y energía, intermediación financiera, entre otros.

Se otorgan herramientas para gestionar su diseño institucional y garantizar una atención especializada e interdisciplinaria.

La Corte Suprema de Justicia no reconoció la existencia de una unión marital de hecho entre un policía y un sacerdote fallecido.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2069 del 2020, los administradores sociales deben hacer monitoreos de estados financieros, información financiera y proyecciones de la empresa.

Fue presentada una demanda en contra de tres prohibiciones de las contenidas en el artículo 15 del Decreto Ley 953 de 1997. Para el demandante las disposiciones vulneran el derecho al debido proceso en tanto su interpretación y alcance queda al criterio subjetivo del operador disciplinario.

El alto tribunal avocó conocimiento de un proceso en el que una conjuez solicitó indexación de los valores que le fueron liquidados por su labor, teniendo en cuenta un vacío normativo existente desde 1969.

La Sala de Consulta del Consejo de Estado resolvió varias preguntas al Ministerio de Transporte sobre el alcance, procedencia y el procedimiento que debe seguirse al aplicar sanciones por reincidencias infracciones de tránsito.

En suma, la interpretación sistemática se manifiesta a través de la interpretación adecuada de las leyes, amparada en la fuerza normativa.

Los prestadores solo pueden cobrar los costos y gastos en que hayan incurrido, sin poder trasladar a los usuarios costos excesivos.

Esta nueva transformación puede traer un impacto negativo en el derecho al consumo y, por ende, al derecho a la libre elección e información y el de reclamación.

Al resolver un mecanismo de revisión eventual dentro de una acción de grupo promovida en contra de una empresa de energía y otras entidades, el alto tribunal unificó su jurisprudencia.

El Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 3035 del 2013, que determinó la categoría del departamento del Tolima para la vigencia fiscal del 2014.

El alto tribunal recordó los antecedentes, concepto, alcance y test existentes en materia de protección de la propiedad intelectual respecto del software.

Se trata de un proyecto de norma que busca adoptar una regulación específica para la franquicia de manera que exista un marco jurídico con seguridad para los empresarios.

La domesticación incluye un conjunto de cambios genéticos y culturales que nos llevan a ser más amistosos y mejores miembros de la sociedad. Entre los animales domesticados y el hombre domesticado hay similitudes.

La Corte Suprema casó una sentencia que había negado las pretensiones de una demanda laboral promovida por una mujer que fue despedida de una empresa de servicios públicos.

La inclusión de los caballos en las protestas se hace con el fin de generar un efecto disuasorio a los manifestantes cuando aquellas se tornan violentas.

En el contrato de condiciones uniformes se pacta la forma, tiempo, sitio y modo en que se darán a conocer las facturas.

Así lo señaló la Corte Constitucional al inhibirse de pronunciarse de fondo frente a una demanda interpuesta en contra las normas que regulan la figura de la entrega vigilada y el agente encubierto, por considerar que en estas se configuraba una omisión legislativa relativa.

Para este mecanismo la entidad hace uso de los datos suministrados por terceros, es decir, la información exógena tributaria que contiene las operaciones con clientes, proveedores o terceras personas.

El Consejo de Estado recuerda el procedimiento para corregir las declaraciones privadas que se presenten ante la Administración.

Según la Corte Constitucional, la Corte Suprema desconoció el principio de igualdad con la interpretación del requisito de convivencia previsto en el literal (a) del artículo 47 de la Ley 100.

En este caso no opera la regla de continuidad sino de desinvestidura automática, que obliga a la separación inmediata del cargo.

Además de dicha orden, la Corte Constitucional le ordenó al Consejo Superior a través de una decisión de tutela hacer un censo en todas las salas penales del país para conocer las cifras de los procesos represados y crear un sistema de alertas para identificar los despachos congestionados.

Continua el debate en torno al regreso a las sedes judiciales, quienes están en contra de este modelo destacan las ventajas que ha demostrado la virtualidad durante la pandemia.

No obstante, los operadores de red deben constituir un instrumento financiero que ampare a los usuarios conectados a su sistema.

El Consejo de Estado adoptó dicha decisión al resolver una demanda de nulidad electoral presentada en contra de dicha elección. Aprovechó para unificar la jurisprudencia respecto al alcance de una expresión del artículo 31 de la Ley 617 del 2000.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó la sentencia de primera instancia, que declaró responsable disciplinariamente a un abogado.

El CTCP recordó que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad debe clasificarse dentro de los grupos establecidos.

La causal de pérdida de investidura por no tomar posesión del cargo de tiene su razón de ser en el compromiso que adquiere el elegido con sus electores.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del inciso 2º y el inciso 3º del parágrafo del artículo 8 de la Ley 1421 del 2010.

La Corte Constitucional dio a conocer el fallo que declaró la exequibilidad condicionada del numeral 7 del artículo 211 del Código Penal. A través del condicionamiento se clarifica que la discapacidad no hace automáticamente a una persona incapaz de resistir un acto sexual.

La Dian informa sobre la aplicabilidad y acatamiento de lo precisado frente al tema por parte de la URF, en respuesta a la solicitud de esta entidad sobre seguros de cumplimiento.

La Comisión de Disciplina Judicial revocó un fallo que declaró responsable disciplinariamente a una fiscal por su inasistencia a unas audiencias. La Sala tuvo en cuenta la elevada carga laboral de la mujer, así como el hecho de que presentaba un embarazo de alto riesgo.

La prohibición rige para la entidad cuya naturaleza jurídica sea la de filial, subsidiaria, agencia o sucursal y no para la persona jurídica.

Es necesario que tanto el suscriptor potencial como el inmueble cumplan con las condiciones que señale el prestador.

Es necesario revisar los términos de la relación contractual, para verificar si está obligado o no a entregar ‘backups’ o copias.

Para que el juez estudie una tutela el interesado debe probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición.

Así lo reveló el ministro Fernando Ruiz, al exponer que con la apertura del grupo de 30 a 34 años semanalmente se estarán abriendo quinquenios para la vacunación.

La ley no ha establecido una forma única para entregar la información mínima de productos a los consumidores.

La Sala Plena de la Corte Constitucional anunció una nueva decisión sobre la eutanasia en la que amplió la condicionalidad de la exequibilidad del tipo penal del homicidio por piedad a enfermos no terminales.

Al casar una sentencia dentro de un proceso de responsabilidad del administrador de una sociedad, la Sala Civil de la Corte aprovechó para recoger las generalidades del régimen de responsabilidad de los administradores en materia societaria.

La conclusión obligatoria e inevitable es que el parágrafo segundo del artículo 108 de nuestro Estatuto Tributario genera múltiples controversias para su aplicación.

Debemos recuperar la confianza en nuestras instituciones y en quienes las dirigen, pero si los demás obran de manera contraria a la ley, deberán enfrentarse a la justicia.

Los reparos se centran en los artículos 2°, 4° y 7° y en la expresión “mujeres”.

La incorporación solo sucede cuando el predio no existía dentro de dicha base y se ingrese con ocasión de cualquiera de los procesos catastrales.

La entidad oficial deberá publicar un aviso con el fin de que todos los posibles beneficiarios se presenten a reclamar.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en París en el 2015, los países establecieron compromisos para limitar el calentamiento global.

Así lo recordó el Consejo de Estado luego de dejar sin efectos una sentencia proferida por un juzgado administrativo en la que ordenaba indemnizar a un recluso del INPEC, pese a que ya había una orden judicial preexistente que lo reparaba por los mismos hechos.

Es necesario verificar información, reportes y demás actividades que deben adelantarse con el rigor y la transparencia que ello implica.

El derecho de manifestación pacífica o el llamado de protesta social no comprende la negociación con las autoridades públicas.

En nuestro contexto, no tenemos cifras que demuestren la disparidad contributiva ni, mucho menos, recomendaciones serias para mitigarla.

Reflexiones sobre las implicaciones de la pandemia de covid-19 y las medidas de las autoridades para controlarla en los contratos de crédito celebrados entre las instituciones financieras y sus clientes deudores.

El error de hecho se refiere a equivocaciones del juzgador en relación con la materialidad de las pruebas, en cuanto las ignora o las supone, o en cuanto cercena o adiciona su contenido.

Hoy, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2005 a 15 miembros del Ejército pertenecientes al Batallón de Artillería La Popa.

Esto dijo la Corte Constitucional al resolver una tutela contra Colpensiones. Aunque confirmó la procedencia del amparo, revocó la condena en abstracto que le había impuesto el juez de instancia a la entidad por daño emergente y otros conceptos.

El Consejo de Estado declaró la nulidad del Concepto 002501 del 2019 de la Dian, también identificado con el Oficio 026356 del 2019.

Si bien fueron recaudados y conforman el balance presupuestal de la vigencia, no están disponibles por la situación irregular.

La Dian ajusta una serie de herramientas para facilitar el diligenciamiento, la presentación y el pago de la obligación, a través del micrositio Renta Personas Naturales Año Gravable 2020.

Este fenómeno se enmarca en la causal de nulidad relacionada con que los documentos contienen datos contrarios a la verdad o son falsos.

El contador debe tener siempre presente la sinceridad, la buena fe y la lealtad en sus relaciones profesionales.

El Consejo de Estado confirmó una condena en abstracto contra la Rama Judicial por los perjuicios ocasionados a una mujer por no devolverle oportunamente unas máquinas de coser con las que laboraba y que le fueron incautadas al momento de su captura.

Así lo determinó la Sala de Reconocimiento de la JEP al negar una medida cautelar solicitada por un grupo de víctimas consistente en la restricción de la libertad de los comparecientes dentro del caso sobre secuestro.

Cuando no sea posible dar respuesta a esta petición durante el término legal, la autoridad o el particular deberán señalar el término en el cual se dará la contestación.

Según jurisprudencia del Consejo de Estado, podría contemplarse una forma de manejo especial de dicha disponibilidad.

El Consejo de Estado también explicó esta responsabilidad derivada de la existencia del contrato de concesión de obra pública.

La Corte Constitucional concedió una tutela a un trabajador diagnosticado con una enfermedad degenerativa, que fue despedido de la empresa en la que trabajaba sin contar con la autorización respectiva por parte del Ministerio del Trabajo.

Se deben cumplir no solo los lineamiento de la factura, sino que el usuario debe aceptar expresamente esta forma de facturación.

El prestador de servicios que hace el requerimiento debe aceptar la prueba válida y legal que el solicitante le allegue.

Es contrario a la ley que la autoridad ambiental autorice la ejecución de un proyecto, sin contar con la información para determinar las características y funcionalidades del EIA.

Se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 887 del Código de Comercio, sobre cesión de contratos.

La realidad digital se manifiesta no solo en los nuevos hábitos sociales de la gente, también en el control que sobre ella ejercen los Estados según los marcos regulatorios.

¿Tiene el derecho consecuencias sicoterapéuticas para nuestros clientes?.

Un ciudadano demandó ante la Corte Constitucional una palabra del artículo 1076 del Código Civil, el cual establece que las personas con discapacidad visual solo pueden testar de forma pública ante el notario y los testigos.

La Sala Civil de la Corte Suprema precisó que tanto la cosa singular coma la cuota proindiviso son objeto propio de la acción reivindicatoria.

Deben integrarse en su totalidad en la información financiera, como si hubiesen sido directamente realizadas por la entidad.

De esta manera, el Ministerio de Vivienda modificó el Decreto 1077 del 2015.

Acusan a la condición que establece el artículo 33 de la Ley 100 para la procedencia en determinados casos del cómputo de semanas para la pensión de vejez de vulnerar los principios de legalidad y certeza tributaria, así como de incurrir en una omisión legislativa.

Para lograr un derecho constitucional que nos incluya, no podemos esperar que la Corte Constitucional lo construya sola, así esta sea paritaria.

Durante estas tres décadas, el alto tribunal se ganó un prestigio interno y externo que avala el rol que le corresponde ejercer dentro de nuestro Estado social y democrático de derecho.

La justicia y su administración serán ejes centrales de la estructura del Estado constitucional, pero también de los ciudadanos, a quienes alberga.

El presidente de Colombia simboliza la unidad nacional. Es jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa.

Para el alto tribunal, dicha reglamentación tiene reserva de ley, por lo que el Gobierno no podía ser facultado ordinariamente para llevarla a cabo.

La disposición prevé que los municipios pueden mantenerlo siempre que lo hubieren establecido antes de su vigencia.

La directriz conjunta entre Minsalud y Mininterior se da en el marco de la situación epidemiológica actual del país y las festividades tradicionales de la temporada.

Si bien son dispositivos cuyo uso tiene autorización legal, los lugares donde se van a instalar deben ser determinados.

La decisión de autorizar o negar la realización de acciones conjuntas es exclusiva del Contralor General de la República.

La notoriedad de un nombre comercial no constituye prueba de la notoriedad de una marca, explicó la Sección Primera del Consejo de Estado.

La persona afectada puede acudir a la acción de tutela, con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales.

Así lo reiteró el Consejo de Estado luego de declarar la nulidad de una resolución de revocatoria directa expedida por Mintrabajo. Esta permitía la conformación de una nueva junta directiva dentro de una organización sindical.

La norma comprende modificaciones a aspectos del proceso disciplinario en materias como la doble instancia y la doble conformidad, así como la división en las fases investigativas y entre tipo de procesos.

Así lo señaló el Consejo de Estado luego de negar una nulidad simple en contra de una resolución mediante la cual la CNSC reincorporó a una empleada del extinto DAS dentro de la planta de la Fiscalía General de la Nación.

La entrevista, como factor accesorio y secundario de la selección, no tiene carácter eliminatorio, sino clasificatorio.

Los productos o insumos recibidos deberán contar con la autorización de uso por parte del Invima. Igualmente, llegaron este domingo vacunas de Sinovac adquiridas por el sector privado.