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17 de Agosto de 2022 /
Actualizado hace 3 horas | ISSN: 2805-6396

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Opinión / Columnista Online

Retos en el regreso a la educación presencial en Colombia

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Mónica Gutiérrez

Asociada senior del equipo Corporativo Empresarial

Brigard Urrutia

Si bien las cifras de la pandemia del covid-19 en el país han retrasado el retorno a la presencialidad en el sector educativo, existe cierta unanimidad en cuanto a la necesidad de retornar a las aulas de clase. Al respecto, medios internacionales como The Economist han revelado, con base en información suministrada por el Banco Mundial, un incremento de cerca del 20 % en el número de estudiantes de países de América Latina que estarán por debajo de los niveles de desarrollo esperados en comparación con estudiantes de su misma edad en otras latitudes. Esto implica un incremento del 55 % al 77 % en el número de estudiantes que no alcanzarán niveles óptimos y competitivos de desarrollo educativo. Al respecto, estos mismos reportes hacen referencia a las consecuencias que tales retrasos podrían representar en los procesos de aprendizaje para la futura vida laboral de estos estudiantes, señalando una posible reducción en la remuneración que se espera reciban a lo largo de su vida laboral.

En reconocimiento a esta necesidad, el Gobierno Nacional ordenó el retorno a las actividades presenciales para todas las instituciones educativas oficiales y no oficiales, por supuesto, en cumplimiento de las condiciones y los protocolos de bioseguridad correspondientes. Sin embargo, en las circunstancias actuales, el retorno a la presencialidad implica múltiples retos para todos los actores involucrados y, en particular, para las instituciones educativas que tienen que adaptarse a las nuevas condiciones en las que deben prestar los servicios de educación. Desde lo legal, estos retos generan cuestionamientos sobre, por ejemplo, (i) la necesidad del otorgamiento de consentimientos por parte de padres, estudiantes (cuando así corresponda) y profesores, en cuanto a la asunción de los riesgos derivados del retorno a las actividades presenciales; (ii) el cumplimiento de estándares o niveles esperados en la prestación de los servicios -esto particularmente para aquellos niños que no regresarán por lo pronto a la presencialidad-, o (iii) la responsabilidad de la institución educativa con ocasión de aquellos profesores que decidan no vacunarse y las acciones de tutela que de esto pudieran derivarse, especialmente considerando que es obligatorio el regreso a la presencialidad para todos los maestros.

Al respecto, otro aspecto relevante para analizar incluye la efectividad de las pólizas de seguros adquiridas por las instituciones educativas para la protección de los estudiantes, e incluso de la misma institución, por la responsabilidad civil que pudiera surgir de cualquier acción u omisión en el desempeño de las actividades educativas, por la exigibilidad de un esquema de vacunación completo a estudiantes o profesores como condición para el retorno, o la responsabilidad que pudiera presentarse frente a estudiantes, profesores y empleados por cualquier evento de contagio en las aulas de clase.

En este sentido, en otros países, con el fin de promover y facilitar el regreso a las actividades presenciales, se ha discutido, por ejemplo, la adopción de medidas legislativas que otorguen cierta inmunidad a las instituciones educativas que demuestren el cumplimiento de la regulación para la prevención y el control de la enfermedad, para, de esta manera, sentar las bases sobre los estándares de negligencia que darían lugar a una eventual responsabilidad de una institución educativa.

En consecuencia, frente al mensaje de urgencia que ha enviado el Gobierno Nacional para el retorno a la presencialidad, las condiciones actuales de la evolución de la pandemia en Colombia generan incertidumbre sobre ciertos aspectos que pueden resultar esenciales para la adecuada operación del sistema educativo. Por lo tanto, mientras se desarrollan los próximos meses de presencialidad y se obtienen las primeras métricas y resultados, es indispensable que las instituciones educativas consideren estos aspectos para garantizar y proteger su funcionamiento.

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