Las recomendaciones de la Ocde para proteger el principio de neutralidad de la competencia

Adriana Zapata

Doctora en Derecho

El pasado mes de mayo, la Ocde publicó su catálogo de recomendaciones para la protección de la neutralidad competitiva: un documento de trabajo que resulta del esfuerzo de muchos años de reflexión por medio del cual se acogen tres directrices, acompañadas cada una de ellas de acciones concretas para llevarlas a la realidad. Todo esto de cara a la necesidad de proteger el buen funcionamiento de la competencia dentro de los mercados y asegurar la igualdad de oportunidades entre las iniciativas públicas y privadas y de estas entre sí.

Antes de referirnos a las recomendaciones propiamente, conviene tener presente que los estándares de la Ocde son de la mayor relevancia para sus miembros, quienes debe velar por su cumplimiento y adaptar su legislación, si esta no es consistente. Ese no es el caso de Colombia, cuyos principios en materia de competencia tienen rango constitucional, profundamente enraizados en los conceptos de economía de mercado y de libre iniciativa privada. En consecuencia, los mercados deben estar libres de conductas anticompetitivas; el Estado debe intervenir para asegurar su adecuado comportamiento y está permitido su involucramiento como un agente más del mercado, sin la reserva que se presenta en otras jurisdicciones, como la chilena y la peruana, en las que el principio de subsidiaridad allí vigente indica que la participación estatal activa solo es posible si el mercado no está en condiciones de proveer el bien o servicio en cuestión.

Así, pues, la directriz plantea tres postulados: el primero aboga para que se cuente con un marco legal que no impida, restrinja o distorsione la competencia; el segundo plantea que en el diseño de las políticas se tenga el cuidado de no afectar la competencia mediante el otorgamiento de ventajas selectivas, y el tercero recomienda la adopción de mecanismos que permitan monitorear y asegurar que los postulados antedichos se estén desarrollando. Para cumplir con el primero, las acciones pasan por tener una legislación adecuada que someta los actores del mercado a las mismas reglas, contar con mecanismos legales que permitan el control de las fusiones y con procesos licitatorios transparentes, entre otros. Para lograr el segundo, frente a la empresa privada, se recomienda: la no concesión de créditos, ventajas tributarias y participaciones en el capital, entre otras, salvo que las medidas se muestren como necesarias para alcanzar una determinada política pública prioritaria.

Un aspecto que debe llamar a reflexión es el de la oportunidad en la que se han expedido las recomendaciones. No olvidemos que estamos atravesando momentos de enorme turbulencia económica y que, para conjurarla, los Estados han debido adoptar medidas distantes de las que dictaría la ortodoxia económica. Así, por ejemplo, se han protegido sectores específicos y segmentos del mercado; se han ofrecido auxilios, ventajas tributarias y préstamos; se ha pagado parte de las nóminas y, en algunos casos, se ha llegado, incluso, a la participación en el capital de empresas.

Todo este arsenal de medidas, por supuesto, han puesto en el congelador el principio de neutralidad de la competencia, como no podía haber sido de otra forma, dado el devastador efecto económico de las medidas de aislamiento. Resulta difícil alinearse con las recetas clásicas con desempleos de dos dígitos, realidad que ha hecho entender a los gobiernos que deben actuar para cubrir las necesidades sociales. No por otra razón ciertas voces de avanzada comienzan a proponer un great reset, respaldado por el Foro Económico Mundial, un movimiento de economistas que busca replantear los fundamentos de la economía liberal, para ofrecer a la sociedad de la pospandemia un recetario más incluyente, un capitalismo más social que lleve a una mejor distribución de la riqueza. En suma, un mundo en el que los economistas entiendan que “lo social” no es ajeno a los objetivos de la economía de mercado ni a la competencia. Así que, si bien los postulados de la Ocde nos llevan a recordar y retornar a los caminos de la ortodoxia económica, otras voces, en cambio, proponen una reflexión general sobre cómo encarar la realidad social de la pospandemia.