La entidad probó que Rodrigo Jaramillo suministró información privilegiada, correspondiente al cierre de operaciones repo para la acción de la Bolsa Mercantil de Colombia.
ÁMBITO JURÍDICO presenta una lista de insumos literarios necesaria para acercarse a las distintas versiones, testimonios y análisis de este capítulo imborrable de la historia colombiana.
La Corte Constitucional negó la solicitud de nulidad de un fallo de tutela que ordenó el reintegro de un funcionario de libre nombramiento y remoción declarado insubsistente.
El arreglo se dio horas después de que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura anunciara que no se les pagarían salarios a los funcionarios que se mantengan en paro.
Los jueces y fiscales que conozcan las conductas de los miembros de la fuerza pública deberán tener formación y conocimiento adecuado del Derecho Internacional Humanitario.
Los errores en las bases de datos que dificultan la identificación de los usuarios son faltas atribuibles a esas entidades, que no pueden ser trasladadas a los interesados.
El retorno a las actividades por parte de los trabajadores y los eventuales compromisos para reponer el tiempo perdido podrían hacer viable la cancelación de salarios y prestaciones.
El Estado deberá llevar a cabo, en un plazo razonable, las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos.
Si el juez de reparación directa que conoce un delito de lesa humanidad no ejerce el control de convencionalidad que le asiste para pronunciarse oficiosamente, contribuye a la impunidad.
Según el Ministro del Interior, este examen es una oportunidad única para emitir doctrina constitucional sobre violación de derechos de parejas del mismo sexo en el sistema escolar.
El Consejo de Estado decidió mantener la suspensión provisional del POT, al considerar que el Código de Procedimiento Civil permite conservar la vigencia de los autos de trámite proferidos.
La obligación de mantener actualizados los datos de los usuarios, para tener claridad sobre la persona a quién se le cobra el servicio, no implica que deban ser incluidos en la factura.
Podrán ser beneficiarios del programa que se desarrolle a través del patrimonio autónomo los hogares que aporten al oferente el ahorro equivalente al 5 % del valor de la vivienda.
Las actuaciones de la administración que denoten falta de previsión o ineficacia para morigerar los efectos del daño generan responsabilidad patrimonial, reiteró.
La iniciativa, que pasa a sanción presidencial, destina un billón de pesos adicional para los entes territoriales productores y las regiones portuarias del país.
Firmado el acuerdo, la empresa prestadora podrá recaudar el pago en la forma pactada y, si el obligado incumple, procederá con la ejecución ante la autoridad competente.
La prolongación del paro de la justicia ocasiona consecuencias nefastas sobre la eficacia de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la vigencia de la democracia, advirtió.
Los recursos que se obtengan durante los primeros cuatro años de vigencia de la ley se destinarían prioritariamente a la puesta en marcha del sistema oral.
La iniciativa propone que los empresarios accedan a la tierra de los campesinos para que, de manera asociativa, la aporten como primera opción o la vendan.
No obstante, el Gobierno debe reforzar los esfuerzos de lucha contra la corrupción realizados en los últimos años, advirtió Transparencia Internacional.
Las personas que participen en acercamientos, diálogos, negociaciones o celebración de acuerdos de paz con autorización del Gobierno no incurrirán en responsabilidad penal ni disciplinaria.
Por otro lado, el mandatario se refirió la necesidad de ampliar el delito político y la posibilidad de extenderlo a hechos relacionados con el narcotráfico.
La iniciativa de consultas populares relacionadas con estas actividades corresponde únicamente al Presidente de la República, indicó el Ministerio de Minas.
El uso de la fuerza física o letal no puede ser el primer recurso, sino el último, de conformidad con los parámetros establecidos por las normas de derechos humanos.
El acto de retiro debe expresar como mínimo las razones indiciarias de la declaratoria de insubsistencia, como garantía del derecho fundamental al debido proceso.
El daño que generan las actuaciones administrativas que tienen como sustento la ley es el mismo que se podría configurar con el acto que desarrolla la determinación del “legislador negativo”.
Los empleos deben estar determinados en la planta de personal, y sus funciones, señaladas en el manual específico de funciones y de competencias laborales.
La organización Amnistía Internacional pidió a las autoridades colombianas acelerar los trámites y garantizar la seguridad física y económica de quienes regresan a sus predios.
Las autoridades no podían entrar a evaluar los contenidos de la exposición Mujeres ocultas, exhibida en el museo Santa Clara, de Bogotá, indicó el Consejo de Estado.
El artículo que castigaba con prisión de 36 a 96 meses la omisión de activos en un valor superior a 12.966 salarios mínimos fue retirado por el Ministerio de Hacienda.
La reelección de alcaldes y gobernadores para lograr la coincidencia de los mandatos no tenía relación intrínseca con los objetivos de la reforma, advertía la ponencia.
Tesis según la cual contratista que desvirtúa su situación no se convierte automáticamente en empleado público no restringe posibilidad de probar subordinación y acceder a reparación.
La propuesta, que pasa a segundo debate en el Senado, promueve el uso de otras herramientas, como las presentaciones personales, la caución o la prohibición de salir del país.