En relación con las informaciones sobre un presunto fraude en las pruebas que se realizarán para proveer cargos de funcionarios de la Rama Judicial, la Dirección de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, informó que se contrató a la Universidad de Pamplona para la construcción y aplicación de las pruebas de conocimientos y sicotécnicas.

Así mismo, advirtió que se acordó una cláusula de confidencialidad que obliga a la universidad a guardar la reserva del examen, bajo determinados protocolos de seguridad que cubren la elaboración de las pruebas, su impresión y custodia hasta que se produzca la entrega de los resultados, todo lo cual se garantiza mediante póliza.

Según explicó, se acordó que los mencionados protocolos cubren tanto la elaboración de las pruebas, como su entrega a la empresa de seguridad, en este caso Thomas Greg & Sons, que es la encargada de imprimirla, de aplicarla, de empacarla, transportarla y almacenarla antes y después de la aplicación, de leerla y de custodiarla hasta que, luego de aplicada, se produzca la entrega de los resultados a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la Sala Administrativa, todo lo cual se halla garantizado por una póliza.

También, señaló que no existen bases ciertas que permitan concluir la veracidad de las acusaciones, ni pronunciamiento de las autoridades competentes para suspender la aplicación de la prueba, lo que, además, causaría daños económicos como el derivado de la suspensión ordenada el 29 de abril del 2014, cuyo costo superó los $ 530 millones.

Por último, recordó que el pasado mes de abril, días previos a la aplicación prevista para el pasado 4 de mayo, se escuchó el mismo rumor, razón por la cual, por instrucción de la Sala Administrativa, se le solicitó explicaciones a la Universidad de Pamplona, la que afirmó que se ciñe rigurosamente a las cláusulas del contrato.