Las comisiones sextas de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de ley que pretende reducir los tiempos de compra de los predios necesarios para desarrollar proyectos de infraestructura de transporte, vivienda y agua.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno, otorga un plazo de máximo 30 días para la adquisición de tales inmuebles.

Según el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, “en muchas ocasiones los propietarios de inmuebles destinados a la infraestructura no están conformes con las ofertas oficiales basadas en los métodos de avalúo vigentes y se inician procesos dilatorios que afectan gravemente el avance de las obras”.

El proyecto, al que le faltan dos debates para convertirse en ley, busca que haya una etapa de negociación con los propietarios que duraría 10 días hábiles. Si transcurridos 30 días hábiles después de la comunicación de la oferta no se ha llegado a un acuerdo formal de enajenación voluntaria, se iniciará el proceso de expropiación.

Además, contempla que la negociación se haga con un precio de adquisición basado en el avalúo comercial determinado por el Instituto Agustín Codazzi, o las instancias públicas o privadas que hagan sus veces, y que la oferta de compra incluya la indemnización por daño emergente o lucro cesante, cuando haya lugar.

Si no hay negociación directa porque el propietario del predio se rehúsa a vender, comienza el proceso de expropiación. En este caso, el valor reconocido por el inmueble será el que determine el avalúo catastral.

De acuerdo con el ponente, el representante Atiliano Giraldo,  la Ley 1682 del 2013 no es efectiva a la hora de imprimirle celeridad y óptimos resultados a los proyectos de infraestructura que se adelantan en el país, pues son muchos los problemas que surgen en los procesos de adquisición de predios y en su expropiación.

“Una de esas dificultades es la entrega de predios a contratistas o concesionarios, porque muchas personas tienen la cultura de que es mejor irse a los procesos de expropiación para tratar de hacer un gran negocio generando perjuicio a todos los colombianos. Así mismo, son evidentes los problemas con el traslado de las redes de servicios públicos y la expedición de licencias ambientales las cuales demoran mucho tiempo”, explicó.