Proyecto para fortalecer vigilancia de educación superior pasa a plenarias

Las comisiones sextas del Congreso aprobaron la iniciativa del Ministerio de Educación que establecería mecanismos más exigentes para facilitar la inspección y vigilancia de las instituciones de educación superior.

La ministra de Educación, Gina Parody, enfatizó en que la propuesta no busca acabar con la autonomía universitaria, sino garantizar y proteger ese principio. Durante el debate, se anunció que se presentará en las plenarias una propuesta para crear una superintendencia para el sector.

La principal novedad del proyecto es la creación de medidas de vigilancia especial, cuando una institución presente problemas en su servicio, con el fin de que se puedan superar en el menor tiempo posible, para garantizar los derechos de la comunidad educativa, la continuidad y la calidad del servicio o la inversión o el manejo adecuado de los recursos, en el marco de la autonomía universitaria.

Entre esas medidas, está la designación de un inspector in situ, para que vigile permanentemente la gestión administrativa o financiera de la institución, y la suspensión temporal de los registros calificados de los programas académicos o del trámite de solicitudes de nuevos registros o renovaciones, mientras se restablece la prestación normal del servicio.

El ministerio podría ordenar la constitución de una fiducia para el manejo de los recursos y rentas de la institución, con el fin de que sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en actividades propias y exclusivas de su misión social.

Si uno o varios directivos, representantes legales, administradores o revisores fiscales no cumplen, impiden o dificultan la implementación de las medidas u órdenes fijadas por el ministerio durante la vigilancia especial, podrán ser remplazados por un término de hasta un año, prorrogable por una sola vez, por la persona natural o jurídica que designe el ministerio.

La iniciativa prevé varias sanciones, de acuerdo con los procedimientos y procesos de investigación enmarcados en la Ley 30 de 1992, especialmente en sus artículos 50, 51 y 52.