Un grupo de negociadores del Gobierno viajará este lunes a La Habana, con el fin retomar los contactos con las FARC y reiniciar los diálogos de paz, tras la liberación del general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, quienes habían sido secuestrados por esa guerrilla.

Según el presidente de la República, Juan Manuel Santos, durante dos días, los negociadores analizarán los avances del proceso, para lo cual “se va a hacer una evaluación fría, objetiva”.

Precisamente, en la noche del domingo, el jefe de la delegación, Humberto de la Calle, informó que esa evaluación será “de fondo, completa, desde un principio de las conversaciones”, con el ánimo de lograr mayor eficacia en los diálogos, decidir hechos de paz y buscar conclusiones prontas sobre el “desescalamiento del conflicto”.

De la Calle agregó que para las liberaciones vinieron a Colombia miembros de la mesa de conversaciones, en representación de las FARC y con autorización del Gobierno, con el fin de garantizar la operación, la seguridad de las personas y la vida de las víctimas.

Por su parte, mediante un comunicado, la Procuraduría General de la Nación celebró “el fin del secuestro” del general Alzate y sus acompañantes. Sin embargo, reiteró que antes de la reanudación de los diálogos, las FARC deben comprometerse a no secuestrar más civiles, ni miembros de la Fuerza Pública, liberar a todas las personas que se encuentran retenidas ilegalmente y “decir la verdad sobre las miles que secuestraron, luego asesinaron y finalmente desaparecieron”.

A su juicio, las liberaciones no son un acto de paz, ni una demostración de buena voluntad. “No merecen ningún reconocimiento, sino la dura condena de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional, por ser prueba de la decisión de la guerrilla de mantener el secuestro como política del grupo. Jamás los debieron secuestrar”, indicó.

Para el Ministerio Público, “el principal enemigo del proceso de paz son las FARC”, pues mediante las acciones en contra de la población civil, el reclutamiento de menores y el asesinato de soldados y policías minan la confianza de la ciudadanía en su voluntad de paz.