La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en cuarto debate, con 101 votos a favor y 6 en contra, el proyecto de acto legislativo que reforma el fuero penal militar.

De acuerdo con la iniciativa, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la desaparición forzada, la violencia sexual, la tortura, el desplazamiento forzado y las ejecuciones de civiles (“falsos positivos”) serán conocidos por la justicia ordinaria.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, precisó que la instrucción del Gobierno es que los procesos por “falsos positivos” sigan en esa jurisdicción. “Que no quede ninguna duda de que las investigaciones que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre ‘falsos positivos’ seguirán en la justicia ordinaria. Hemos blindado esa posibilidad, para que no se admita ninguna interpretación en esa materia, porque los delitos de ‘falsos positivos’ son muy graves”, enfatizó.

Un parágrafo transitorio señala que la Fiscalía General de la Nación tendrá un año para identificar todos los procesos que se adelanten contra miembros de la fuerza pública y trasladar a la justicia castrense los que no cumplan los supuestos de competencia de la jurisdicción ordinaria.

La propuesta precisa que cuando las autoridades judiciales investiguen la conducta de los miembros de la fuerza pública, en relación con un conflicto armado o derivada de un enfrentamiento con una estructura criminal, se aplicará siempre el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

En efecto, los jueces y fiscales de la justicia ordinaria que conozcan de las conductas de estos agentes estatales deberán tener formación y conocimiento adecuado del DIH, advierte.

Cabe recordar que, en octubre pasado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en una carta enviada al Senado de la República, presentó algunas observaciones frente al acto legislativo.

La oficina advirtió que es fundamental que las reformas legislativas relacionadas con la justicia penal militar estén en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado, y le pidió al Congreso reconocer que la justicia ordinaria es competente y adecuada para conocer violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH cometidas por militares.