Así lo precisó el Consejo de Estado, que sostuvo que cuando el juez de reparación directa conoce un delito de lesa humanidad contribuye a la impunidad si se limita a aferrase a esquemas procedimentales, en vez de ejercer el control de convencionalidad que le asiste para pronunciarse oficiosamente frente a violaciones graves a los DD HH y al DIH. La Sala determinó la responsabilidad de la administración en la producción del daño, por falla en el servicio, originada por la connivencia de organismos de seguridad en el asesinato de 11 personas a manos de paramilitares, que señalaban a las víctimas de ser colaboradoras de la insurgencia, en el corregimiento de Frías, en Falán (Tolima), en el 2001. Para la Sala, la cooperación de organismos de seguridad y los grupos de autodefensa que operaban en la zona marcan el patrón de macrocriminilidad del Magdalena medio en la época de los hechos. “Se destaca que no se trató de un suceso aislado, pues también se verificó el amplio número de homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos que, según la Fiscalía, fueron cometidos (…) en cumplimiento de su ‘cometido criminal’.  En todo caso, dicha ofensiva también se presenta como masiva”, precisó (C. P. Jaime Orlando Santofimio).