Al tomar esta determinación, que también cobija al secretario de Planeación, Gerardo Ardila, el organismo investigador explicó que una decisión de la administración que se adecúa a alguna de las diversas interpretaciones que el Derecho puede atribuir a determinada realidad jurídica no da lugar a considerar que el funcionario que la promovió haya incurrido en prevaricato por acción. En ese sentido, indicó que a través de lo actuado en el Decreto 364 del 2013, mediante el cual la alcaldía estableció un nuevo POT para la ciudad, no sobrepasa estos límites razonables, debido a la falta de certeza que las normas ofrecen respecto a la materia de competencia de las autoridades para reglamentar el uso del suelo y dado que no hay precedente judicial que indique claramente qué está permitido y qué no.