La Sección Tercera del Consejo de Estado recordó que la operación administrativa, es decir, el conjunto de las medidas de ejecución de una o varias decisiones administrativas, puede generar responsabilidad estatal. Así, esa figura también se presenta cuando se ejecuta anticipadamente un acto administrativo, lo cual puede ocurrir si la decisión contenida en él no se notifica en debida forma, se omite su adecuada publicidad o la ejecución se lleva a cabo antes de cobrar firmeza, indicó la corporación. A su juicio, en estos eventos procede la acción de reparación directa, pues se controvierte la ocurrencia de un daño antijurídico derivado de la ejecución y producción de efectos de una decisión unilateral de la entidad pública con anterioridad a que adquiriera firmeza (C. P. Hernán Andrade).