Al modificar el monto de la reparación de perjuicios ordenado por la demora injustificada que generó la declaratoria de la prescripción de la acciones penal y civil en un proceso adelantado por el delito de lesiones personales, la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que ese evento configura la responsabilidad estatal por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. En el caso analizado, el alto tribunal verificó la necesidad de actualizar la indemnización que el afectado habría recibido si hubiera prosperado la acción civil intentada en el marco del proceso (C. P. Stella Conto).