Indicó que las pautas previstas en el Decreto 160 del 2014 para la negociación colectiva establecen el riesgo de sanciones disciplinarias para los empleados estatales que entren en huelga afectando el interés colectivo y generando parálisis en la administración pública. En una circular dirigida a autoridades nacionales, el Ministerio Público precisó que “los funcionarios responsables de las entidades públicas no podrán negarse a realizar hasta su culminación el proceso de negociación colectiva”. Para el organismo de control, el acto administrativo en mención constituye una herramienta de concertación entre las entidades y los trabajadores que promueve la paz laboral y que debe ser tenido en cuenta en el ejercicio de la libertad sindical, dentro de los parámetros de responsabilidad y proactividad.