Por regla general, debe acudirse a los mecanismos ordinarios de defensa judicial. El pronunciamiento estuvo a cargo de Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional.
En estos eventos el juez debe evaluar la responsabilidad de las partes en el resquebrajamiento de la vida en común de los cónyuges con miras a establecer las consecuencias patrimoniales.
Las empresas encargadas de la prestación de servicios de comunicación para internos y las autoridades que deben velar por su eficiencia vulneran sus derechos cuando estos servicios resultan ineficientes, costosos o inadecuados.
Una decisión señalaba que en razón del sexo de la menor era la progenitora la llamada a acompañarla en su adolescencia, por ser quien podría brindarle “una atención y cuidado especial o delicado”.
La Corte Constitucional recordó una serie de sentencias, las cuales concluyen que la sola disminución de la capacidad sicofísica de un soldado no deviene en su necesaria desvinculación.
Según la Corte Constitucional, la condición tampoco depende de una formalidad jurídica, debido a que esta tipología se adquiere con las circunstancias materiales que la configuran.
Un auto de la Sección Tercera explica los motivos por los cuales no debe conocer de las acciones de grupo en las que se pretenda la anulación de actos administrativos particulares cuya especialidad corresponda a otras secciones.
Este llamado lo realizó en consideración a la omisión legislativa relativa que está afectando derechos de segundos ocupantes que no tuvieron relación directa ni indirecta con el despojo.
La Corte Constitucional recordó que se trata de una garantía establecida en el artículo 2° de la Ley 100 de 1993, que no puede ser valorada en abstracto, en tanto depende de circunstancias como la patología que esté siendo tratada o la urgencia de la atención.
La Corte Constitucional recordó la esencialidad del servicio de salud, precisando que las EPS no pueden negar la atención básica ni los componentes específicos del plan de beneficios, en vista de que este rubro es sufragado por el Estado.
Según sentencia unificada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, los perjuicios materiales, en algunos eventos precisos, deben considerarse como un lucro cesante.
Según la Sección Quinta del Consejo de Estado, las tutelas emitidas por la Corte Constitucional no tienen carácter prevalente y son solo un criterio auxiliar.
Otra sanción disciplinaria proferida por el exprocurador Alejandro Ordóñez fue anulada por parte de la Sala Plena del Consejo de Estado. El fallo hace un importante exhortó al Gobierno y al Congreso en materia de derechos políticos.
La alta corporación estimó que, con fundamento en la protección de la familia y el sostenimiento del vínculo matrimonial, es legítima la restricción de que solo el cónyuge cumplido pueda solicitar el divorcio.
Como abogado, ser socialmente responsable pasa a un primer plano en el posconflicto. En la construcción de la paz en Colombia, son los profesionales del Derecho quienes resolverán las tensiones que este futuro escenario jurídico plantea.
El alto tribunal se refirió al régimen punitivo al que se encuentran sometidos los terceros civiles, a la participación en política de excombatientes de las Farc y al proceso de selección y revisión de tutelas, entre otros temas. El presidente Juan Manuel Santos celebró la decisión.
Se trata de la jurista Diana Alexandra Remolina. 117 profesionales del Derecho se inscribieron y acreditaron documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó que, con fundamento en el principio de autonomía territorial, no es requisito la concertación previa entre las referidas autoridades. Por el contrario, los mandatarios locales están facultados para acudir a mecanismos de participación ciudadana.
Según la Corte Constitucional, es razonable presumir de hecho que una persona que está afiliada al régimen subsidiado del sistema de salud carece de recursos económicos para costear servicios y tecnologías complementarias.
El Departamento Administrativo de la Función Pública precisa cuál es el régimen aplicable por sanción moratoria para los servidores públicos, y explica qué es lo procedente en caso de no consignar las cesantías a tiempo cuando el empleado las ha solicitado.
La Sala Civil de la Corte Suprema explicó que, tratándose de estos procesos, la remisión del expediente en curso no es inmediata ni las consecuencias de la apertura del concurso se extienden indefectiblemente a los coobligados.
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional revocó dos decisiones proferidas por el Tribunal Superior de Bogotá y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Laboral precisó los elementos necesarios para formalizar el despido con justa causa por el cumplimiento de requisitos para acceder a la pensión, garantizando en todo caso que no exista solución de continuidad entre la fecha de retiro y la que empieza a percibir la pensión .
La decisión desarrolla el contenido del derecho a la libertad de información de los consumidores, en tanto se encuentra proscrita la censura previa, aun tratándose de mensajes publicitarios.
La Corte Constitucional dejó sin efectos la Resolución 2090 del 2017, proferida por el Ministerio de Ambiente, la cual delimita el Páramo Jurisdicciones Saturbán - Berlín. Sin embargo, la pérdida de ejecutoria entrará a regir en un año.
La alta corporación no casó la sentencia recurrida por los funcionarios del DAS que realizaron seguimientos e interceptaciones ilegales a los entonces magistrados y presidente de la Corte Suprema, por lo que su condena quedó en firme.
La Procuraduría exhortó a los funcionarios a cumplir las disposiciones constitucionales y legales, en especial las relacionadas con las prohibiciones de tomar parte en actividades de partidos y movimientos políticos.
Se debe resaltar que esta providencia fue resuelta por la Sala Plena, en vista de que se estaba examinando una decisión del órgano de cierre de la jurisdicción penal ordinaria.
ÁMBITO JURÍDICO presenta un resumen detallado de este proceso, trascendental en materia de protección al patrimonio ancestral y de las reivindicaciones indígenas.
La Corte Constitucional reiteró las reglas de adecuación constitucional del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 860 del 2003.
Cuando el cotizante ha cumplido con los requisitos establecidos en el régimen de transitoriedad pensional para acceder a la pensión de vejez, el juez laboral no debe desconocer dicha realidad y debe proceder con el reconocimiento que fija la ley.
La Corte Constitucional indicó que tratándose de pensiones la ley posterior al momento del retiro prevalece sobre la anterior, en cuanto sea más favorable frente a situaciones aun no consumadas.
La Corte Constitucional unificó criterios sobre la excepcionalidad de la tutela contra providencias judiciales, en particular cuando se trata de sentencias proferidas por las altas cortes, precisando que el accionante tiene una carga adicional.
La Corte Constitucional recuerda algunos criterios que ha recogido a lo largo de su jurisprudencia para que los operadores judiciales los apliquen en sus decisiones.
Aunque, en principio, no le es permitido al empleador exigir una prueba de embarazo a su trabajadora, existen circunstancias laborales particulares que la justifican, en virtud del grado de peligrosidad del trabajo.
La Corte Constitucional reprocha a los jueces el desconocimiento de su precedente y por aplicar, en cambio, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
El fallo precisó que si bien la interpretación de las normas se desarrolla en el campo de lo discrecional, también lo es el hecho de no poderse alcanzar niveles arbitrarios en su ejercicio.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia sin precedentes, reconoció el daño moral sufrido por una menor a quien su padrastro sometió a un proceso de impugnación de paternidad, pese a haberla reconocido sabiendo que no era su hija biológica.
Frente al incumplimiento, y a elección del consumidor, la prestación del servicio se debe efectuar en las condiciones en que fue contratado, o se procederá a la devolución del precio pagado.
Esta selección se realizó con ocasión del retiro del exmagistrado Hernán Andrade Rincón. La nueva magistrada se ha desempeñado desde hace 20 años como auxiliar en dicha corporación.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado recuerda cuáles son los dos elementos requeridos para que se produzca el hecho generador de este tributo inmobiliario.
El alto tribunal se pronunció sobre el desarrollo jurisprudencial y normativo de la eutanasia, particularmente en el caso de los menores, a quienes se les ha impedido en la práctica ejercer este derecho por la carencia de regulación específica.
Los empleadores tienen la facultad de acceder al rembolso del pago de incapacidades, liberando de la carga administrativa al trabajador que se encuentra incapacitado.