Nuevamente fue admitida una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 25, numeral segundo, y 150 de la Ley 1801 de 2016, actual Código Nacional de Policía y Convivencia, que regula los comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, dentro de los cuales se encuentra “impedir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía”. Esto por cuanto a juicio del demandante las disposiciones referidas vulneran la dignidad humana, la supremacía constitucional y el principio de legalidad, al tiempo que desconocen la cláusula del Estado Social de Derecho en cuanto a los deberes de las autoridades, al establecer de manera absoluta la obligatoriedad de las órdenes de policía (demandante: Inti Raúl Asprilla).