Con 84 votos a favor y 0 en contra, la plenaria de Cámara aprobó el proyecto de ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz (JEP), la cual tendrá que ser conciliada por ambas corporaciones. Sobre la participación en política, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, recordó que este artículo fue “declarado exequible, hace un par de semanas, por la Corte Constitucional”. Explicó que en el régimen sancionatorio de la JEP hay tres modalidades de sanciones: las propias que son para quienes cuentan la verdad, se comprometan a reparar a sus víctimas y consisten en restricción de libertad y tareas restaurativas. “Las alternativas son para quienes cuentan la verdad en el momento del juicio y se pagan con cárcel de cinco a ocho años y las ordinarias se imponen a los que nunca cuentan la verdad, ni reparan a sus víctimas”, añadió. El funcionario aclaró que frente a las sanciones propias “la Corte dijo que, en cada caso en concreto, el juez evaluará de qué forma se puede hacer compatible el cumplimiento de esas sanciones con el ejercicio de la participación en política”. Agregó que, en el momento de la inscripción, los exmiembros de la Farc tendrán que reiterar su compromiso de comparecer ante la JEP y, una vez elegidos, certificar, ante la presidencia de la jurisdicción, la voluntad de comparecer ante la misma. Estos son otros aspectos aprobados: los asuntos administrativos, de funcionamiento y estructurales de la JEP no sufrieron ninguna modificación; la justicia restaurativa atenderá las necesidades y la dignidad de las víctimas y se aplicará con enfoque étnico y de género; habrá protección a los procesados, víctimas, testigos, al igual que a los intervinientes, y los aforados conservan su fuero, salvo que manifiesten su compromiso de someterse a la JEP. Para conocer más detalles puede consultar el documento adjunto a esta nota.