La CGR confirmó en todas sus partes el Auto 949 del 2021, por medio del cual se decidieron los recursos de reposición contra el fallo de responsabilidad fiscal y se concedió el recurso de apelación.
Se debe comprobar que la contingencia obedece al actuar contrario al estándar de conducta.
Al contralor territorial le resulta aplicable la inhabilidad sobre ejercicio de autoridad administrativa en el mismo municipio.
La corporación aclaró que la nulidad originada en la sentencia se deriva del desconocimiento de un mandato constitucional.
Las vacancias temporales de directivos docentes y de docentes solo se proveerán mediante encargo o nombramiento provisional, respectivamente, con educadores que cumplan los requisitos señalados por el artículo 2.3.3.7.4.2 del Decreto 1075 del 2015.
Se analizó una demanda contra el artículo 307 (parcial) del Código General del Proceso, por la presunta vulneración de varios principios constitucionales.
La administración de justicia con enfoque de género consiste en la resolución de conflictos, a través de los medios procesales previstos para tal fin.
Los sujetos procesales que intervienen en el proceso tienen la oportunidad de contradecir la experticia, solicitar adiciones o aclaraciones y formular objeción por error grave.
Las compañías aseguradoras pueden ser vinculadas a proceso incidental por solicitud de la víctima o del condenado penalmente.
La aplicación del mecanismo de revocatoria directa se restringe a los supuestos contemplados por el ordenamiento.
El término de suspensión fue explícito en el decreto que hace efectiva la sanción y después del mismo debe retornar a sus funciones.
La Sala Penal mantuvo la detención domiciliaria del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa.
La providencia explicó que los árbitros administran justicia con los mismos deberes y facultades de los jueces.
El interesado podrá solicitar la admisión bien ante la superintendencia o ante los jueces civiles del circuito del domicilio del deudor.
Juez de tutela debe verificar cumplimiento de requisitos de procedibilidad que fijó la Corte Constitucional
Juez de control de garantías debe aplicar juicio de ponderación de finalidades ante las medidas no privativas de la libertad solicitadas.
La propuesta incorpora acciones específicas para reactivar el sector productivo y adopta los avances más exitosos a nivel internacional para modernización del régimen.
La Corte Constitucional indicó la definición de patria potestad, la consecuencia natural de su pérdida y las causales.
La entidad busca contar con instrucciones claras y precisas dirigidas al agente interventor que contribuyan a la eficiencia de su labor y, en consecuencia, a la del proceso judicial de intervención, y eliminar la dispersión de documentos jurídicos.
Se precisan aspectos procesales y de comunicación de la actuación administrativa, como precisión en los términos de suspensión y términos para presentación de respuestas a los requerimientos formulados.
Los BEP, un criterio de desempate en materia de licitaciones públicas y una tutela por parte de una antigua trabajadora del Seguro Social, entre los temas que estudió el alto tribunal.
La providencia de la Sala Laboral explicó que a través del dictamen se certifica la incapacidad laboral.
La medida no limita al usuario en su derecho a presentar en cualquier momento PQR, incluyendo inconformidades con el tiempo compensado.
La expresión “sociedad” de los artículos 263 y 264 del Código de Comercio había sido demandada ante la Corte Constitucional, pero el alto tribunal se inhibió de emitir pronunciamiento de fondo.
El comité realiza una revisión del expediente previo a que la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos profiera la decisión correspondiente.
Este proyecto de ley busca establecer lineamientos sobre la difusión y publicidad de la información estadística, así como la prestación de servicios de procesamiento estadístico.
El servidor judicial tiene el deber de revisar, desde el inicio, el cumplimiento de los requisitos de forma de la demanda.
El plan se implementaría hasta el 2031 en los municipios clasificados como rurales y rurales dispersos o que hacen parte de los PDET.
Corte Constitucional condicionó el numeral 4° del artículo 411 del Código Civil e hizo un llamado a los jueces y al legislador.
Este procedimiento se aplicará en casos en los cuales la actuación administrativa resuelva la anulación de un registro que sirvió de documento base para la expedición de una cédula de ciudadanía.
La entidad recibirá comentarios sobre el proyecto hasta el próximo 16 de agosto, a las 5:00 p. m.
La norma introduce cambios en las atribuciones del alcalde mayor, los alcaldes locales y las JAL, así como en el régimen de remuneración de los empleados del Distrito Capital.
La muerte, en los términos del Decreto 1083 del 2015, es una de las causales previstas para el retiro del servicio.
Orientación socio-ocupacional es el proceso de acompañamiento a los jóvenes durante su momento de transición hacia la educación posmedia y a la vida laboral.
El legislador estableció unos plazos razonables con el propósito de que las personas acudan ante la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones.
Esta acumulación de procesos procede por causales objetivas, sin distinción del número de demandados, precisó la Sección Quinta del Consejo de Estado.
No se evidenció que el funcionario haya desbordado la órbita de sus funciones como juez constitucional, ni que haya desplazado las atribuidas a los jueces ordinarios.
Durante la interrupción cesa la obligación del trabajador de prestar sus servicios y del empleador de cancelar salarios.
Consejo Superior de la Judicatura tiene la obligación de garantizar el acceso físico o electrónico al expediente, entendido en su conjunto y no a partir de algunas piezas procesales.
Si se requiere realizar corrección o remplazo de la información, esta deberá realizarse en forma virtual, de acuerdo con las características y condiciones técnicas establecidas en el anexo técnico.
La causal de pérdida de investidura por no tomar posesión del cargo de tiene su razón de ser en el compromiso que adquiere el elegido con sus electores.
La prohibición rige para la entidad cuya naturaleza jurídica sea la de filial, subsidiaria, agencia o sucursal y no para la persona jurídica.
El plan incluye acciones orientadas a la prevención del delito, la reconstrucción de los lazos comunitarios en el marco de la justicia restaurativa, la resocialización, entre otros.
Constituye una carga para los interesados probar el supuesto de hecho si pretenden que se profiera un fallo favorable a sus pretensiones.
Uno de los criterios básicos que deben ser observados sobre la posibilidad de modificar las inscripciones de los candidatos es el respeto a la titularidad de los postulantes.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia reiteró las condiciones de configuración de la nulidad procesal en casación.
Tampoco le corresponde al superintendente impartir autorización, aún en eventos en que medie solicitud.
Cuentan con un componente de reforma a la estructura orgánica de la Policía para incorporar mejores prácticas, competencias, una dirección de derechos humanos y un componente de servicio policial en la renovación del sistema de cuadrantes.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial así lo consideró luego de revocar una decisión de primera instancia que había multado a una mujer por presentar una queja en contra de la jueza que adelantaba un proceso ejecutivo en su contra.
So pena de quedar incursas en el delito de captación masiva y habitual previsto en el Código Penal.
Se debe pagar al asalariado un día de salario por cada día de retardo, hasta por 24 meses o hasta cuando se verifique el pago.
La Ley 527 de 1999 reconoce la condición de documento escrito a los mensajes de datos que permitan su posterior consulta.
Monasterio de Cali debe respetar derecho al mínimo vital, a la salud y al debido proceso de una de sus religiosas.
La Sección Tercera del Consejo de Estado analizó este contrato estatal y explicó su desarrollo normativo.
De esta manera, el Ministerio de Vivienda modificó el Decreto 1077 del 2015.
La Sección Tercera del Consejo de Estado explicó que no todas las circunstancias que anteceden a la producción del daño son causas directas del mismo.
Según la jurisprudencia, por regla general la tutela no es procedente para reclamar las diferencias contractuales que surjan en razón de una póliza.
Los dos amparos tienen en común que operan en favor de los trabajadores que están a tres años o menos de pensionarse.
Así lo señaló el Consejo de Estado en el marco del control automático de legalidad. Dicha circular flexibilizó las formalidades y estableció mecanismos para garantizar la operación del programa Colombia Mayor durante la pandemia.
La Comisión de Disciplina Judicial encontró responsable disciplinariamente a un abogado de falta a la lealtad y honradez con los colegas, consagrada en el artículo 36 de la Ley 1123 de 2007.
Ayer fue aprobada en el Congreso la reforma al Código Disciplinario propuesta por la Procuraduría. Las facultades jurisdiccionales y la ampliación de la planta de la entidad son los puntos más polémicos.
La procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales podría convertirse para algunos en un escollo para la justicia arbitral, pues sus principios de voluntariedad, excepcionalidad y transitoriedad se encontrarían en riesgo.
En el marco de la celebración de los 50 años del Código de Comercio, la firma Brigard Urrutia realizó un evento sobre Derecho Societario en la región, sus avances y retos.
Así lo determinó el Consejo de Estado luego de conceder una acción de tutela a una mujer a quien le declararon desierto el recurso por no haber pagado el costo de la certificación de copias requerida para su trámite.
Se precisa que dichas prácticas no serán causales de pérdida de la patria potestad o de la custodia, ni causal para procesos de emancipación, siempre que no sean conductas reiterativas y no afecten la salud mental o física del niño.
El término para que se entienda surtida la notificación personal que se establece desde la entrega a la oficina de correos desconoce varias normas constitucionales.
En aplicación de los principios de celeridad, economía y eficacia, las actuaciones se deben realizar preferentemente en forma oral.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó los parámetros que rigen el incidente de reparación integral.
El juez de tutela debe tener en cuenta que, en ocasiones, la dilación injustificada no es atribuible a una conducta caprichosa o arbitraria del funcionario judicial
