Los organismos de seguridad del Estado pueden hacer uso de estos medios, en el ejercicio de sus funciones y de manera exclusiva en casos relacionados con seguridad pública.
La ley faculta a los partidos para adoptar sanciones disciplinarias internas, que pueden llegar a excluir del movimiento a quien desconoce el régimen de la bancada.
Los comandos militares y de policía deben facilitar la realización de actos de culto y demás actividades religiosas, según las creencias de los uniformados.
ÁMBITO JURÍDICO publica la tercera edición de la revista Ámbito Jurídico. Mercado legal colombiano, que trae como plato fuerte el ranking de las firmas más destacadas de Colombia.
Para los demandantes, la disposición desconoce las circunstancias sociales por las que atraviesa el país en materia de embarazo y maternidad adolescente.
Se tendrán como criterios para el ejercicio del control fiscal los previstos por el legislador en las normas que regulan la materia y aquellas que a futuro se dicten.
Si bien son válidos los propósitos de buscar la inmediatez y publicidad de las decisiones de la Corte, utilizar como medio estos comunicados no es la mejor opción.
A juicio del Ejecutivo, la Corte Constitucional es competente para conocer demandas de inconstitucionalidad contra tratados aprobados y ratificados con anterioridad a 1991.
Esa atribución desconoce el principio de autonomía territorial del que gozan las regiones para desarrollar iniciativas en ciencia, tecnología e innovación.
Eliminar intempestivamente los beneficios fiscales de hasta el 15 % de las inversiones en proyectos hoteleros pudo desconocer la confianza legítima de quienes los iniciaron.
Como dicha actuación está respaldada por el principio de autonomía territorial, el Distrito Capital tenía la capacidad para crear el tributo, explicó el Consejo de Estado.
El régimen especial creado por el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 solo es aplicable a quienes al 18 de mayo de ese año mantenían su condición de legisladores.
Establecer ese requisito frente a medidas legislativas anteriores viola la seguridad jurídica, la legalidad y el principio democrático, advirtió la Corte Constitucional.
El Ejecutivo declaró la existencia de una Zona Contigua Integral, a través de la cual se unen las zonas contiguas de las islas y cayos ubicados en el mar Caribe occidental.
El artículo 1º del Decreto 1921 de 1998 les concede una prima mensual equivalente al 50 % de los intereses causados por la compra del vehículo destinado a su uso particular.
Interpretar la capacidad de control fiscal de la Contraloría de manera ilimitada es tanto como asimilar que la Procuraduría puede juzgar disciplinariamente a todo servidor del Estado.
Las líneas estratégicas del plan fueron aprobadas en diciembre del 2012, pero solo el pasado 8 de abril el Comité de Justicia Transicional aprobó los presupuestos necesarios.
En agosto pasado, la Sala Civil había decidido repartir nuevamente los procesos asignados al despacho del magistrado Jaime Arrubla, quien culminó su periodo hace más de un año.
La única causal que amerita acudir a la tutela en un juicio fiscal es, precisamente, demostrar que una falta de actuación urgente generaría un daño que no se puede remediar.
Las entidades territoriales no pueden celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones.
En el último año, se presentaron 424.400 acciones de tutela, la cifra más alta desde la creación de esa acción, con un crecimiento anual promedio del 4,70 %.
Los promotores buscan que el artículo 11 de la Constitución sea reformado, para que se señale que “el derecho a la vida es inviolable desde su concepción hasta la muerte natural”.
Es posible que el Gobierno haya excedido sus facultades al adicionar el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de tipo directivo de la Contraloría General.
El jefe de la delegación del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, aclaró que la iniciativa no crea el mecanismo de refrendación final de los acuerdos de paz.
La medida no opera de manera general e inmediata, sino frente a los asuntos que se presenten desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1425 del 2010.
El Ministerio de Educación no se puede limitar a expresar consideraciones sobre la validez del título, sin analizar si es posible aplicar el criterio del caso similar o realizar una evaluación.
La medida beneficiaría a sindicados y condenados que hayan sido postulados a la pena alternativa prevista en la Ley 975 o que se hayan desmovilizado tras un proceso de paz.
La difusión de datos personales de los que se derive una intención política de los ciudadanos va en contravía del artículo 6º de la Ley de Hábeas Data.
La prohibición en caso de que el Presidente o Vicepresidente aspiren a reelección solo se aplica a estas dos figuras y no a los demás órganos del Estado.
Entre el 13 y el 31 de julio, la entidad se dedicó a resolver 1.667 requerimientos que no provenían de ninguno de los tres grupos prioritarios identificados.
Los menores son titulares del derecho a fundar una familia, independientemente de cuál sea la forma bajo la cual la quieran desarrollar, señaló el Consejo de Estado.
Aspectos como el principal competidor y la diferencia entre el producto final y los insumos deben tenerse en cuenta al investigar prácticas comerciales restrictivas.
El pronunciamiento del Consejo de Estado aclararía si la actuación del Ejecutivo estaba amparada en la Constitución y si la manera como se archivó la reforma se ajustó a ella.