Legislador causa daño especial, si no crea regímenes de transición que protejan confianza legítima

Cuando el Congreso expide una ley derogatoria, pero no establece un régimen de transición que proteja los derechos y las expectativas legítimamente adquiridas con base en la aplicación de la norma que desaparece del ordenamiento, es viable atribuible responsabilidad por daño especial.

A juicio del Consejo de Estado, en estos casos se fractura el principio de confianza legítima, lo que origina un daño especial que debe ser reparado por la autoridad estatal que causa el impacto negativo, en aplicación del artículo 90 de la Constitución.

Por lo tanto, si se derogan beneficios tributarios con el fin de mantener la sostenibilidad fiscal, pero no se establece un mecanismo que permita mantener incólumes las expectativas de quienes tenían derecho a ellos, el Congreso debe asumir la responsabilidad restaurativa.

En el caso analizado, la Sección Tercera concluyó que eliminar intempestivamente los beneficios fiscales de hasta el 15 % de las inversiones en proyectos hoteleros, previstos en la Ley 223 de 1995, pudo desconocer la confianza legítima de quienes iniciaron proyectos de esta índole esperando esa retribución.

Aunque la corporación admitió que el Congreso podría haber sido declarado responsable por no establecer un régimen de transición, el actor no acreditó suficientemente que, al momento de la derogatoria, hubiera surgido la expectativa legítima de obtener el beneficio.

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 25000233600019981597201 (27228), jul. 29/13, C. P. Stella Conto)

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