Human Rights Watch advierte sobre impunidad en casos contra reclamantes de tierras

“El Presidente Juan Manuel Santos impulsa un esfuerzo serio y sin precedentes para restituir tierras, pero los actos de violencia e intimidación contra familias desplazadas que intentan volver a casa amenazan con sabotear su iniciativa más importante en materia de derechos humanos”.

Así lo señaló el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, al presentar un nuevo informe sobre la situación de los reclamantes de tierras en Colombia.

El texto, de 203 páginas, titulado El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia, documenta asesinatos, amenazas de muerte y nuevos incidentes de desplazamiento forzado cometidos contra desplazados, que estarían vinculados con su esfuerzo por recuperar sus tierras.

“Los abusos contra familias desplazadas que procuran regresar a su hogar casi siempre quedan impunes, al igual que los delitos originales de expulsión y despojo de sus tierras”, agrega el documento.

Según la ONG, el informe contiene investigaciones in situ y entrevistas con más de 250 reclamantes y líderes de restitución de tierras y funcionarios.

Los investigadores documentaron abusos contra víctimas en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima, así como en Bogotá, quienes intentaban recuperar tierras a través de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de restitución.

“Human Rights Watch documentó 17 casos de asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras ocurridos desde 2008, en los cuales perdieron la vida 21 personas, y cuyas circunstancias ofrecen evidencias convincentes de que los ataques se debieron al activismo de las víctimas”, señala la organización.

Desde enero del 2012, más de 500 reclamantes y líderes de restitución de más de 25 departamentos han informado a las autoridades que recibieron amenazas. Estas, por su parte, han determinado que más de 360 reclamantes y líderes amenazados están en una situación de “riesgo extraordinario” debido a sus actividades vinculadas con la restitución de tierras.

Por otro lado, la ONG advirtió que el programa de protección gubernamental para la protección de las víctimas ha otorgado medidas de protección a cientos de reclamantes de tierras y líderes en riesgo, incluidos chalecos antibalas y escoltas. Sin embargo, a su juicio, si bien son muy importantes, se trata en definitiva de medidas paliativas, “que no contribuyen a controlar ni juzgar a los grupos armados, las mafias delictivas ni otros actores que amenazan las vidas de los reclamantes”.

Al respecto, advirtió que si Colombia no adopta medidas adicionales para ponerles freno a los abusos, es probable que el problema se agrave considerablemente.

“Es predecible que el nivel de amenazas y violencia aumente a medida que avancen las miles de solicitudes de restitución en curso, las familias empiecen a retornar a sus hogares y quienes pretenden preservar las tierras que obtuvieron ilegalmente vean afectados sus intereses de manera más directa”, concluyó.