Proponen reformas para combatir extorsión, microtráfico y obstrucción de vías

Una iniciativa para modificar los códigos Penal y de Procedimiento Penal fue presentada ante la Cámara de Representantes, con el fin de combatir conductas como la extorsión, el microtráfico, el contrabando, la minería ilegal y el bloqueo de vías.

Pero no solo se piden cambios a dichos estatutos. También se reformaría el procedimiento sancionatorio ambiental (Ley 1333 del 2009), el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 del 2002) y el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 del 2006).

En primera instancia, el Gobierno solicita que la extorsión deje de considerarse como un delito económico, para vincularlo a los que atentan contra la autonomía personal. Además, se agravaría, si la conducta tiene como objetivo financiar actividades terroristas. La pena oscilaría entre 192 y 288 meses de prisión.

Por otra parte, se busca incluir tres agravantes relacionados con el microtráfico de estupefacientes: si la conducta se comete simulando adicción o porte de la dosis personal, si se desarrolla en inmediaciones de centros educativos o si se usa como fachada un comercio ambulante.

Otro cambio que se pide es la eliminación del umbral mínimo de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes previsto en el Código Penal para la configuración del delito de contrabando. Así mismo, se ampliaría el tipo penal, con el objeto de castigar la falsedad en la declaración de importación.

Para desincentivar la obstrucción de vías, el Ejecutivo propone suprimir la expresión “por medios ilícitos”, incluida en el tipo penal, pues considera que dificulta la judicialización.

Además, solicita aumentar la pena, para que oscile entre 36 y 60 meses, y crear dos agravantes: cuando se cometa con medios que impidan la plena identificación o utilizando identificación falsa y cuando se utilicen menores de edad, personas en situación de discapacidad o de la tercera edad. De ser aprobado este artículo, se eliminaría la posibilidad de obtener beneficios o subrogados penales.

En materia ambiental, se pide cambiar el objeto material del delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, para que recaiga sobre los minerales, y se aumenta la pena de 55 a 112 meses.

Además, se adicionarían como punibles el transporte, almacenamiento y comercialización de estos productos, que se castigarían con prisión de 48 a 100 meses.

Finalmente, se incluye como fuente del delito de lavado de activos la exploración y explotación ilícita de estos recursos naturales no renovables.

(Cámara, proyecto de ley, autor: Ministerio de Defensa)

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