Días antes de unificar jurisprudencia en torno al valor probatorio que se debe reconocer al aporte de copias simples, la Sección Tercera del Consejo de Estado defendió la tesis contraria, según la cual solo es posible analizar de fondo el material copiado que cuente con la debida autenticación. Indicó que los documentos de esta naturaleza que no se acojan a las exigencias de los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil no son susceptibles de ser examinados. En la misma decisión, advirtió que el examen pericial no constituye tarifa legal, luego el juez debe analizar en sana crítica si ellos se acogen a las realidades del mercado, cuando lo que se pretende es demostrar un sobrecosto (C. P. Carlos Alberto Zambrano).